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El salario real volvió a caer en enero y la jubilación mínima acumula meses de pérdida frente a la inflación. Mientras el Gobierno celebra el ajuste fiscal, trabajadores y jubilados siguen pagando el costo de la crisis.
Una situación cada vez más urgente
La aceleración inflacionaria volvió a golpear el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados argentinos: el salario real del sector privado registró una nueva caída en enero y la jubilación mínima acumuló su séptimo retroceso consecutivo, con una pérdida de casi 5 % en siete meses, en medio de una persistente crisis de empleo formal y precarización laboral.
Los datos de la consultora C-P reflejan una retracción del 1,3 % en el salario real de trabajadores del sector privado durante enero, resultado del fuerte ritmo inflacionario que supera los aumentos salariales concertados en paritarias y acuerdos colectivos. La aceleración de los precios —con la inflación de enero en 2,9 %, la más alta en diez meses— continúa erosionando los ingresos en términos reales, aun cuando existen paritarias con ajustes nominales.
A su vez, las jubilaciones y pensiones sufrieron una merma sostenida, con la jubilación mínima perdiendo 4,8 % de su poder de compra desde mediados de 2025, dejando a una parte significativa de los adultos mayores sin capacidad real de cubrir necesidades básicas.
Desempleo y crisis en el mercado laboral
La caída de los ingresos se suma a la crisis de empleo formal, donde sectores tradicionalmente intensivos en mano de obra —como la industria manufacturera y la construcción— han registrado pérdidas significativas de puestos de trabajo, mientras que sectores “ganadores” como el agro o la intermediación financiera no generan derrame suficiente de empleo.
Además del deterioro salarial y del empleo, el gasto social general también retrocedió: variables como la Asignación Universal por Hijo (AUH) —uno de los pocos mecanismos de apoyo disponible— experimentaron una caída importante en términos reales, reduciendo la protección social para los sectores más vulnerables.
Un modelo que no repara el daño social
La caída sistemática del ingreso real y la pérdida de poder adquisitivo no son fenómenos aislados. Distintos análisis económicos han señalado que desde fines de 2023 la tendencia descendente en salarios y jubilaciones es persistente y se ubica en niveles que recuerdan a crisis económicas recientes donde la inflación superó largamente las recomposiciones salariales.
En este escenario, aunque el Gobierno oficializa aumentos nominales del Salario Mínimo Vital y Móvil, estos ajustes quedan desfasados frente al ritmo inflacionario y a la caída prolongada de los ingresos, provocando que muchos hogares no logren sostener un nivel de vida digno.
Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), una familia necesita $2.201.157 para no ser pobre. Es decir, más de 6 veces el salario mínimo, que en marzo se encontraba en los $352.400.
La combinación de ingresos reales en retroceso, despidos en sectores clave y políticas de ajuste concentradas en fracciones de la economía plantea un cuadro preocupante para las mayorías populares. La persistente pérdida de empleo formal, junto con la caída de las jubilaciones y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, pone en evidencia que la “recuperación económica” no se traduce en mejoras reales para la mayoría de la población, y que la crisis social continúa profundizándose a pesar de los discursos oficiales.
Debemos organizarnos y unir las luchas no solo para enfrentar la aplicación de la reforma laboral recientemente sancionada, sino también para exigir de forma urgente un aumento integral de salarios y jubilaciones.
