La Argentina se divide en dos. Por un lado, están los millones de trabajadores que madrugan para enfrentar una jornada donde se sobrevive haciendo malabares económicos. Por el otro, está el gobierno de Javier Milei, que premia a su propia tropa con un aumento de sueldos.
En los despachos oficiales se firmó un decreto que garantiza la vida de casta que tanto juraron combatir. Una investigación reciente revela que los ministros y la plana mayor del Ejecutivo nacional recibieron una recomposición salarial del 123% en los primeros meses de 2026. Esta decisión se tomó en las sombras y se conoce cuando la crisis golpea con más fuerza a los sectores populares que ya no encuentran forma de estirar el bolsillo.
El decreto 931/2025 publicado el 2 de enero de 2026 marcó el fin de la supuesta política de salarios congelados para el Gabinete nacional. Esta norma que lleva la firma del propio presidente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, habilitó una escalada salarial que no tiene ningún punto de contacto con el mundo real de quienes producen la riqueza del país.
Los números son contundentes y muestran una evolución obscena de los ingresos oficiales. Un ministro que en diciembre cobraba $3.584.006 pasó a percibir $7.129.501 de pesos en enero y $7.272.091 en febrero. La proyección oficial indica que el sueldo de abril, el cual percibirán en los primeros días de mayo, el ingreso les llegará a los $7.902.331 y finalmente en mayo alcanzará los $8.020.866. Este incremento acumulado del 123% demuestra que la frase “no hay plata” es una herramienta de marketing político aplicada únicamente a los sectores vulnerables.
La situación se repite en toda la línea jerárquica del Estado libertario sin ningún tipo de vergüenza. Los secretarios que percibían $3.282.709 en diciembre pasaron a cobrar $6.530.145 en enero y llegarán a los $7.346.575 en junio por el sueldo de mayo. En la misma dirección los subsecretarios que ganaban $2.981.513 en el último mes del año pasado recibieron $5.930.989 por enero y alcanzarán los $6.672.510 en mayo. Este desfile de millones se da en un contexto donde el salario promedio de los trabajadores con suerte se acerca al millón de pesos. La brecha entre quienes toman las decisiones de ajuste y quienes lo padecen se volvió un abismo moral que el gobierno intenta tapar con discursos sobre el superávit fiscal.
Sueldos de millonarios para los dueños del ajuste
Que el gobierno justifique estos aumentos bajo la excusa de tener funcionarios profesionalizados y competitivos, es un insulto para cualquier trabajador. Mientras el ministro de Economía Luis Caputo declara con total liviandad que vivir endeudado es algo común para los ciudadanos comunes, él mismo se asegura un ingreso que supera los $8.000.000 mensuales. Esta doble vara es el motor de una bronca que crece en todos lados y se vuelve algo grotesco cuando se mira el ataque realizado a los sectores más vulnerables, donde se recortó el programa Volver al Trabajo. Ese programa, que otorgaba unos míseros $78.000, los cuales representaban el único ingreso mensual fijo para muchísimas familias hoy quedan desamparadas por la supuesta falta de fondos públicos. El dinero que se le quita a los más necesitados termina engrosando la billetera de los mismos autores que ejecutan el recorte presupuestario en áreas sensibles como la salud y la educación.
El contraste con la realidad de los jubilados y los trabajadores registrados es total y absoluto. Por ejemplo, mientras un trabajador estable bajo relación de dependencia percibe un promedio de $1.646.344[i] según los últimos datos oficiales, un funcionario de tercera línea del gobierno de Milei cobra casi cuatro veces más. Este esquema de privilegios se financia con el sufrimiento de una población a la que se le exige un sacrificio heroico para pagar la deuda con el FMI y otros organismos crediticios.
El gobierno gasta fortunas en agrandar el patrimonio de sus ministros al mismo tiempo que intenta recortar el presupuesto para las universidades públicas y quitar la asistencia básica a las personas con discapacidad. No existe una crisis de recursos económicos generalizada. Existe una decisión política de resolver la crisis por medio de explotar al máximo a los trabajadores y en paralelo, la cima de la pirámide oficialista, se anota unos ingresos extraordinarios.
Esta recomposición salarial de la casta libertaria se da en silencio y a espaldas de una sociedad que ve cómo sus derechos laborales se rifan para beneficiar la ganancia patronal. La idea de que el ajuste recaería sobre la política fue una de las grandes estafas electorales que permitió la llegada de este programa económico de hambre. Hoy los hechos demuestran que el sacrificio es exclusivo de las mayorías trabajadoras. La supuesta lucha contra la casta terminó siendo la construcción de una nueva elite gobernante que vive de fiesta con el dinero público mientras el resto del país debe elegir entre pagar los servicios o llenar la heladera.
Corrupción y privilegios en medio de un ajuste criminal
La aparición de estos aumentos millonarios no se da en el vacío. Surge en medio de una trama de corrupción que salpica a las figuras más visibles del gabinete. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien hoy disfruta de un sueldo de ministro se encuentra bajo la lupa de la justicia por una causa de enriquecimiento ilícito. Las investigaciones sobre sus viajes lujosos a Punta del Este y Aruba junto con la adquisición de propiedades que no puede justificar con sus ingresos declarados exponen la verdadera naturaleza de este gobierno.
El aumento del 123% parece ser una herramienta más para intentar blanquear un nivel de vida que el funcionario ostentaba incluso antes de que se descongelaran las paritarias oficiales. Es el milagro de la ciencia libertaria donde el patrimonio crece sin control mientras los salarios nominales estaban supuestamente quietos.
A este escenario se suma la reaparición del escándalo de la criptoestafa $LIBRA que involucra directamente al presidente y a su hermana Karina Milei. Este clima de descomposición se completa con la entrega de créditos hipotecarios VIP en el Banco Nación para funcionarios y legisladores oficialistas. Mientras cualquier ciudadano trabajador es rechazado por el sistema bancario o debe pagar tasas usurarias, los amigos del poder acceden a préstamos de privilegio para comprar mansiones.
Es insoportable que un gobierno que ataca todo lo público y entrega la soberanía nacional, gaste todo el ajuste fiscal en subir los sueldos de quienes redactan los decretos de necesidad y urgencia contra el pueblo. Mientras el país se desangra y se entregan bienes comunes a precio de remate los ministros se garantizan un bienestar que los separa definitivamente del destino de las mayorías. La lucha contra este modelo de hambre y corrupción debe ser la prioridad para todos aquellos que no están dispuestos a aceptar que la fiesta de unos pocos se pague con la miseria de millones.
[i] https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte
