Finalmente en la tarde de ayer se llevó adelante en la Casa Rosada la reunión impulsada por el gobierno nacional a la cual convocó a todos los gobernadores del país. El ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse estuvieron en nombre del gobierno nacional acompañados por otros funcionarios. Y se hicieron presentes representantes de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Javier Milei no fue de la partida ni tampoco su ministro de Economía Caputo, de viaje a EEUU y siempre poco dispuesto a dar la cara.
Como parte del contexto que se vive en el país, en las mismas horas que esta reunión transcurría, a pocas cuadras de allí un tsunami verde copaba Plaza Congreso en una movilización de mujeres y disidencias que visibilizó el descontento creciente y la fuerza de ese movimiento a quien el gobierno había provocado horas antes a través del vocero Adorni.
La reunión fue pensada por el gobierno como el primer paso hacia su objetivo de firmar un pacto de 10 puntos para su proyecto de país el próximo 25 de mayo y que previamente se le apruebe la Ley Ómnibus o al menos sus trazos gruesos incluyendo la delegación de facultades para poder hacer lo que quiera, a la vez que pide no se le rechace el DNU que está próximo a tratarse en el Congreso en medio de fuertes dudas y posibles rechazos.
La reunión y sus límites
Terminada la reunión Guillermo Francos improvisó una conferencia de prensa para dar su visión acompañado por el gobernador Frigerio de Entre Ríos y Jaldo de Tucumán, buscando de dar una imagen de acuerdo, que por ahora no es tal.
Francos intentó informar que la reunión había sido muy positiva, un avance y que ahora seguirán trabajando en dos comisiones desde la próxima semana para ir profundizando temas económicos y otra para ver como se puede avanzar en acuerdos en el Congreso. Donde buscan volver a debatir una Ley Ómnibus, más chica, de menos de 200 artículos y con ejes claros en delegación de facultades, privatizaciones, reforma laboral, previsional, desregulaciones y ley de inversiones, entre otras prioridades presidenciales.
Pero lo cierto es que la reunión solo tuvo a favor del gobierno dos hechos: la primera que se pudo realizar con todos presentes. La segunda que habilitó el inicio de un nuevo intento de acuerdos en el Congreso y luego hacia el pacto de Mayo, algo que el gobierno necesita sí o sí porque se encuentra en un contexto de debilidad. Por eso las grandes patronales que le dan apoyo y el imperialismo abogan para que este acuerdo se concrete y solidifique al gobierno y al plan de reformas profundas que impulsa. Eso es lo que se busca. Y el sector de gobernadores que se muestra más abierto a lograr un acuerdo es el que más directamente refleja esa presión de los grandes capitalistas.
Pero sucede que la reunión de ayer, a la vez no pudo definir casi ningún acuerdo concreto, porque gran parte de los gobernadores quieren escuchar medidas concretas que le restituyan los millonarios recortes que Nación les viene haciendo y que perjudican la gobernabilidad en sus provincias. Y en su acelere de ajuste y motosierra, el gobierno nacional recorta, pero no ofrece ninguna alternativa seria y ahí se traba todo. Solo propone volver a poner el impuesto al salario, pero esta posibilidad es rechazada por gran parte de los gobernadores, comenzando por todo el bloque patagónico y por muchos diputados y senadores en el Congreso.
Así las cosas, el acuerdo viene lento y no seguro. Además, la reunión transcurrió con gobernadores peronistas, por ejemplo Kicillof, exigiendo que no se corten las obras públicas y yendo a la justicia a reclamar que le devuelvan fondos millonarios cortados unilateralmente por presidencia. De igual manera, otros gobernadores hicieron reclamos similares.
Como venimos diciendo, el trasfondo de estas diferencias es el fuerte descontento social que recorre el país y que los gobernadores perciben, por lo cual si bien tienen la postura de ayudar al gobierno no quieren incinerarse ni quedar envuelto en rebeliones provinciales por falta de fondo y exceso de ajustes.
Seguramente tras la reunión de hoy el gobierno tendrá que pensar cuáles serán sus siguientes pasos en una situación que le es muy difícil sin claridad alguna de si puede o no alcanzar un acuerdo con los gobernadores y con la mayoría de diputados y senadores.
Frenarlo en las calles
Toda esta crisis y diferencias por arriba, aún en el marco de que las grandes patronales y el imperialismo empujan a favor de un acuerdo, reafirman la necesidad de seguir impulsando la lucha en las calles, las movilizaciones, paros y un verdadero plan de lucha contra todo el plan de Milei que no se aguanta más.
Es la CGT la que tiene que dejar de dormir la siesta y convocar a un nuevo paro nacional con masivas movilizaciones en todo el país y como parte de un plan de lucha hasta derrotar todo este proyecto. No hay que darle tiempo al gobierno, porque cada día que pasa es un avance de su brutal ajuste y genocidio social con millones de nuevos pobres y desempleados. Le exigimos a los gobernadores y los diputados y senadores opositores que no avalen el proyecto de Milei ni su pacto contra el pueblo. Pero nuestra confianza está puesta en la lucha en las calles, el único camino que puede garantizar realmente terminar con este plan ultraderechista que ataca todos nuestros derechos sociales y democráticos.