Se realizó esta tarde la reunión entre el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse , con los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Clara Muzzio (vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de Jorge Macri), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy).
La reunión que duró algo más de una hora, tenía el objetivo de avanzar con los acuerdos de cara a la nueva Ley Ómnibus que el gobierno quiere votar en el Parlamento y que la misma sea la base para luego avanzar hacia la firma del Pacto de Mayo. Consultado sobre esto, diferentes gobernadores de Juntos por el Cambio se mostraron abiertos a acompañar una nueva ley, como le gusta decir a los políticos tradicionales y ajustadores, “porque es un gobierno que recién empieza y hay que ayudarlo”.
Lo que no dicen es que votarle esa ley al ultraderechista Javier Milei es ayudarlo a enviar a la pobreza a millones de familias trabajadoras, seguir quitando derechos laborales, sociales y democráticos, mientras se le permite que entregue el país a un pequeño grupo de grandes corporaciones a las cuales le van a dar la posibilidad de que hagan y deshagan todo lo que quieran en términos económicos.
La reunión de hoy igualmente no pudo avanzar más que en declaraciones generales, aunque a que el ministro del Interior declaró al salir que “Hemos llegado a un acuerdo con los gobernadores presentes que se comprometieron a apoyar ambos proyectos”. Sucede que si bien ese compromiso general es verdad, y no sorprende viniendo de gobernadores ajustadores, en realidad no hay todavía una propuesta definitiva del gobierno nacional para que todos los gobernadores, diputados y senadores vean y den su opinión a fondo. Se vienen realizando reuniones sobre algunos ejes orales y además se producen en el medio de algunos desacuerdos que no fueron zanjados en la reunión de hoy. Dos de los cuales son sobre el tema jubilaciones y los fondos de las cajas provinciales que el gobierno retiene y sobre la restitución del cobro de ganancias a una parte de los trabajadores, algo en lo cual tienen diferencias una parte de gobernadores, sobre todo del sur del país.
Sobre esta base de desacuerdos además se desarrollan otros dos problemas evidentes. Uno es que mientras el gobierno pide apoyo sigue recortando partidas a las provincias haciendo insostenible la situación. Tal es así que hasta estos gobernadores ajustadores se quejan de que es demasiado y de que sin recursos no pueden seguir, preocupados en el fondo por perder apoyo social y electoral. Y junto con esto encima Milei cada varios días dinamita las negociaciones con nuevas declaraciones hostiles, que generan un mayor manto de dudas y desconfianza, incluso de aliados del PRO en diferentes gobernaciones.
Más allá de esto también es evidente que todo el círculo rojo pide que haya acuerdo y empuja a la oposición hacia ese intento. Dentro del cual el gobierno además quiere colocar la reforma laborar que fue frenada en la justicia y que todos los sectores patronales, grandes, medianos y chicos quieren tener, como forma de generarse más ganancias a costa del deterioro de las condiciones laborales de millones. Y a esto se le suma la necesidad de incluir un acuerdo fiscal. Como puede verse, falta mucho todavía, aunque el gobierno pretende que el proyecto se trate a mediados de abril en comisiones, para tratarlo en el recinto los últimos días de este mes.
Mientras se dan estas reuniones y negociaciones salta a la vista la necesidad de movilizar con toda fuerza contra el ajuste en curso, contra el DNU de Milei y conta este nuevo intento de Ley Ómnibus, aunque la misma contenga varios cientos de artículos menos que la versión anterior. Y muestra que la CGT que dice estar “analizando” la situación, tiene que dejar de dormir la siesta y convocar urgente a un nuevo paro nacional que sea parte de un verdadero plan de lucha con medidas escalonadas. Una de la cuales tiene que ser parar y movilizar masivamente al Congreso cuando se trate esta nueva ley antipopular, para expresar un fuerte rechazo en la calle que debilite adentro del Parlamento a quienes quieran apoyarla.