En esta como en tantas otras instancias el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional tiene un carácter regresivo y antiderechos. Pero en este caso el recorte es contra la salud y la vida de miles. Hoy se aprobó en la Legislatura una declaración de Luciana Echevarría (MST en el FIT-U) que rechaza este recorte y llama a los diputados y senadores a pedir una ampliación de las partidas.
En el proyecto de presupuesto 2025 el gobierno Milei propone un recorte de más del 75% en las los recursos para cumplir con la ley de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TB). Esto ha generado preocupación en las personas que habitan los dispositivos y organizaciones que abordan la temática como el Frente Nacional de Organizaciones que dan respuesta al VIH y la Fundación Huésped. Tomando esas demandas, el proyecto aprobado hoy sostiene que la Legislatura declara: “Su preocupación por la reducción de partidas destinadas a programas de asistencia y prevención de las infecciones de transmisión sexual, VIH y tuberculosis que prevé el proyecto de ley de presupuesto nacional”.
A su vez, pide a los diputados y senadores que rechacen la propuesta del ejecutivo y aumenten estas partidas.
Un ajuste brutal
En el último presupuesto aprobado en 2023, la asignación fue de $21.242.070.001 y para 2025 se prevé una asignación de $23.052.000.000. Como señalan desde el Frente es un recorte de más del 75,72% en dólares estadounidenses. Y un 54,31% menos que los $42.451.555.000 que proponía el presupuesto 2024 que finalmente no fue aprobado. Si lo ponemos en términos comparativos respecto a la inflación el presupuesto para este programa subió un 8,51% respecto de 2023 y la inflación interanual acumulada de septiembre de ese año al mismo mes de 2024 fue del 209%. En relación al presupuesto total del Ministerio de Salud, en 2023 el programa era el 4,8%, y para 2025 baja al 0,89% del total de los recursos.
La Fundación Huésped reconocida por su trayectoria en el abordaje de VIH e ITS, señala que el presupuesto proyectado para 2025 alcanzaría para 66.500 tratamientos antirretrovirales (TARV). Y en 2023 se brindaron 66.893 tratamientos para personas con VIH y 8.744 tratamientos de PrEP (siglas en inglés de Profilaxis Pre Exposición) y 4.867 de PEP (Profilaxis Post Exposición). O sea 9.150 tratamientos menos de los que se dieron en 2023, el último año del que hay cifras completas. Sin contar los 5.300 nuevos casos que se proyectan cada año.
Además, con este recorte también se reduce la compra de reactivos para carga viral, test rápidos de VIH y pruebas de sífilis. Y hasta de preservativos ya que se proyecta la compra de 21 millones, es decir una disminución de 34 millones respecto de 2023.
En un contexto de crisis económica y de alta precariedad laboral no se puede dejar de prever que nuevas personas podrían pasar a depender del sistema público de salud.
Discriminación y negligencia
El Ministerio de Salud de la Nación realiza compras para asegurar la provisión gratuita de estos tratamientos de alto precio a personas que se atienden en el sistema público desde hace más de dos décadas. Y desde 2022, gracias a la lucha colectiva y multisectorial de las organizaciones, se plasmó en la ley 27675. La desinversión, en lo que va de 2024, viene causando faltantes de medicamentos, obligando a cambios forzados de tratamientos, también faltan preservativos y de reactivos para estudios de carga viral y células CD4. Estos test son fundamentales para el seguimiento de la efectividad y seguridad de los tratamientos.
Resulta evidente la voluntad gubernamental de no invertir y desfinanciar la compra de medicamentos e insumos para dar respuesta a estas cuestiones ligadas a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva.
Y a la vez, van contra todas las recomendaciones de especialistas en atención primaria de la salud que señalan que fortalecer la prevención es una inversión que previene problemáticas más graves y costosas. Porque viendo las asignaciones presupuestadas para 2025, es evidente que, como venimos señalando, no se podrán adquirir todos los medicamentos e insumos necesarios básicos para la prevención y el tratamiento del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis. Eso como explican los fundamentos del proyecto de Echevarría traerá un aumento de los casos, diagnósticos tardíos, mayor mortalidad, y aún más carga sobre el sistema de salud, lo que además va a exigir mayores insumos y medicamentos. Y como dice la declaración de la Fundación Huésped, esta situación se puede ver agravada por los reclamos judiciales por incumplimiento de la ley. Si realmente quisiera avanzar en un ahorro que además fortalecería el cuidado de la salud pública podría, entre otras medidas inicie los procedimientos previstos en la Ley 27.675 para la producción pública de Tratamientos Antirretrovirales y la investigación científica relacionada a las respuestas a las ITS o reactivar el Plan Nacional de Embarazo No Intencional, entre otros. De esta manera se ahorrarán y optimizarán recursos económicos. Queda demostrado que la supuesta reducción del “gasto público” en el fondo es una excusa, y que en realidad se trata de una medida decididamente discriminatoria.
Por eso en este ámbito, como en todos los terrenos, la lucha y organización de los sectores agraviados por la política de Milei es la forma de defender y profundizar los derechos que supimos conseguir.
Iván Sosa