La semana pasada, una ola de allanamientos en Jujuy, la Provincia de Buenos Aires y la CABA irrumpió en diferentes locales de organizaciones sociales. La ofensiva de CFK contra las mismas, más los discursos conservadores de Milei y Juntos por el Cambio envalentonaron a la justicia clasista y las fuerzas represivas. Estos embates antidemocráticos de los gobiernos han venido para quedarse, porque el régimen capitalista necesita de la represión para hacer pasar el ajuste pactado con el FMI.
El miércoles 6 de julio alarmaron los operativos policiales montados en Jujuy, provincia gobernada por el señor feudal Gerardo Morales (UCR-Juntos por el Cambio), que allanaron locales y comedores del Movimiento Evita, la Túpac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (CTEP), Nuestramérica, el MTR 12 de Abril y el Frente Popular Darío Santillán (Corriente Plurinacional).
Morales, quien ya años atrás promovió la detención de la dirigente Milagro Sala por encabezar un acampe de protesta en la plaza de la capital jujeña, aún presa política, ahora montó la campaña persecutoria bajo una causa judicial por asociación ilícita y extorsión, dirigida contra dichas agrupaciones. Ya habían utilizado estas figuras penales en la persecución contra militantes que participaron de una protesta en Congreso contra el FMI. Es un accionar repudiable ya que se trata de organizaciones con un largo andar, reconocidas a nivel provincial y nacional por su militancia social.
En paralelo, en la Provincia de Buenos Aires, el mismo miércoles 6 la Corriente Clasista y Combativa (CCC) también sufrió el mismo accionar sobre los domicilios de 12 de sus integrantes y en un comedor popular en el barrio porteño de Saavedra. En un comunicado, la organización denunció «los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence» y agregó que el trasfondo es «una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada por ese juzgado».
El viernes 8 se realizó una conferencia de prensa unitaria en el Congreso para denunciar estos hechos, en la que entre otros referentes participó nuestra compañera Vilma Ripoll.
Tanto en Jujuy como en Provincia de Buenos Aires y Capital, se confirma que estamos ante una verdadera campaña persecutoria y criminalizadora contra las organizaciones sociales. Sin distinción de pertenencia política, la justicia y las fuerzas represivas han arremetido hasta con organizaciones que integran el Frente de Todos. En igual sentido, por ejemplo, el fiscal Guillermo Marijuan denunció a Eduardo «Chiquito» Belliboni y al legislador Gabriel Solano por supuesta «extorsión» por aportes de integrantes del Polo Obrero, con quienes desde nuestro Movimiento Sin Trabajo «Teresa Vive» compartimos el espacio unitario de la Unidad Piquetera.
A caballo del giro conservador que ha dado el gobierno nacional, estas acciones anticipan el comportamiento de todo el régimen capitalista ante el ajuste que el FMI demanda. Lejos de implementar políticas que resuelvan el 40% de pobreza en la población en general y el 50% o más de pobreza infantil, el gobierno y su flamante ministra Batakis le hablan a «los mercados» y apuestan a recortar los planes sociales y aplicar estas acciones represivas para acallar el reclamo de los sectores más postergados.
Un giro conservador
Esta serie de allanamientos en diferentes provincias del país se da en el marco de las declaraciones del gobierno y la oposición de derecha. Comenzando por Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, los liberfachos Javier Milei, José Luis Espert, Ramiro Marra, creador del Movimiento Antipiquetero y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ha compuesto un plantel que cada uno a su estilo, desarrollan una campaña constante contra las organizaciones sociales. En ese marco Juan Zabaleta sigue administrando miseria y aplicando ajuste desde el Ministerio de Desarrollo Social.
En el caso de CFK, planteó terminar con la «tercerización» de la asistencia social y que el control de los planes pase a manos de los punteros del PJ: los intendentes del conurbano y los gobernadores. Esto no es un ataque sólo a las organizaciones sociales, sino que implica una presión a la baja de los salarios y condiciones laborales de los municipales y estatales. Como no podía ser de otro modo, este giro reaccionario de las principales fuerzas políticas burguesas va en total consonancia con los pedidos del gran empresariado y del propio imperialismo.
Así como en sólo tres meses el acuerdo con el FMI se llevó puesto a un ministro de Economía, también puso el pie en el acelerador contra los sectores más postergados que son quienes terminan pagando los planes de austeridad que el organismo imperial de crédito demanda. En este marco, las fuerzas políticas del sistema y la justicia actúan con total liviandad montando campañas y causas penales contra las organizaciones sociales, allanando sus locales que funcionan como comedores populares y persiguiendo a las y los referentes.
Por otra parte, la permanencia en sus puestos de figuras represivas como Sergio Berni, titular de la Policía Bonaerense, también funciona como palanca de esa pinza represiva que este gobierno y régimen aplican para imponer el ajuste contra las legítimas demandas de los trabajadores y sectores sociales más postergados. El recuerdo de la violenta represión policial en Guernica contra familias sin techo sigue presente en la memoria popular.
Unidad para enfrentar el ajuste del FMI
La puesta en marcha de esta campaña criminalizadora contra las organizaciones sociales requiere de la mayor unidad de acción para enfrentarla. Es necesario que desde la izquierda, los trabajadores ocupados y desocupados, y los organismos de derechos humanos, sigamos fortaleciendo la resistencia en defensa de los derechos democráticos.
Parte de esta respuesta es seguir exigiendo la libertad de todas las presas y presos políticos, como el caso de Facundo Molares, que todavía sigue injustamente detenido aunque ya se anuló el pedido de extradición de la justicia colombiana.
Estos ataques contra las organizaciones sociales tienen un carácter aleccionador hacia los sectores más vulnerables que soportan la descarga de la crisis actual. Sin embargo, esta coerción apunta más allá y también pone los ojos en los escenarios de lucha que comienza a abrir la clase trabajadora. La escalada inflacionaria y el reciente planteo del Fondo de contener las subas salariales y licuar las jubilaciones, entre otros ajustes, puede provocar nuevos conflictos que el gobierno no quiere ver en las calles. Todo plan del FMI, como marca la historia de este país y del mundo, requiere de un componente represivo para imponerse.
En Jujuy, desde el MST en el FIT-Unidad estamos participando de las marchas y acciones unitarias contra las persecuciones. También nuestra concejal de Palpalá, Betina Rivero, presentó junto a su par Julio Mamani una declaración en repudio al accionar represivo y estigmatizador implementado por el gobierno de Gerardo Morales. Unir fuerzas contra los embates represivos es también una tarea de primera línea, en el camino de enfrentar y derrotar el ajuste fondomonetarista.