“Ka antv, tañi yal ñi pu yal mew, wixapvrapayan” (un día, en los hijos de mis hijos, me levantaré) kajfvkvra.
El martes 4 de octubre se produjo una feroz represión contra la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. Esta represión estatal estuvo a cargo de más de 250 efectivos del comando unificado compuesto por la PSA, la gendarmería, la policía federal y prefectura. La unificación de las fuerzas represivas y la represión contó con un amplio apoyo de los diferentes partidos patronales y mayoritarios de la Argentina. Así lo expresaron Aníbal Fernández y Patricia Burlich, referentes del Frente de todos y Cambiemos respectivamente. El gobierno de Río Negro también salió a respaldar esta represión a través de la gobernadora Arabela Carreras y de uno de sus ministros, Rodrigo Buteler.
Esta represión fue seguida de varias detenciones en la zona. Siete lamgen (hermanas) fueron detenidas, algunas de ellas junto a sus hijas y una a punto de parir. La jueza que interviene nunca informó a las detenidas de qué se las acusaba y de por qué eran detenidas. Acto seguido ordenó los traslados al penal de Ezeiza de algunas de las lamgen.
El antecedente más cercano a esta situación fue en el año 2017. Esta comunidad fue reprimida duramente. La machi de la comunidad fue detenida y obligada a comer tierra por parte de las fuerzas represivas estatales. Dos días después, fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel por el grupo albatros de gendarmería nacional.
Estos hechos no son novedosos en la memoria social del pueblo nación mapuche. El Estado nacional argentino, en los procesos de homogeneizar la sociedad, aplicó políticas genocidas sobre los pueblos originarios. Según Lenton (2010) “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
Uno de los aspectos fundamentales del genocidio es su planificación. Durante el gobierno de Mitre, en 1867, el congreso sancionó la ley 215 que permitía al Estado Nacional correr la línea de frontera hasta las márgenes de los ríos Negro y Neuquén. A esta ley no se le asignó las partidas presupuestarias por lo que no fue de inmediata aplicación. Ya bajo la presidencia de Avellaneda, Estanislao Zeballos escribió un informe a pedido del ministro de guerra, Julio Argentino Roca, y el congreso sancionó la ley 947 que permitía al estado nacional tomar un empréstito especial para financiar las “Campañas al desierto”. El informe de Zeballos fue clave para propagandizar entre las burguesías terratenientes los beneficios de las “campañas”.
Iniciadas las campañas en 1878, se producen los primeros fusilamientos de prisioneros mapuches encerrados en corrales. Esto marca muy bien el exterminio físico que comienza a ejecutarse. No solo se avanza sobre las comunidades “rebeldes”, sino sobre aquellas comunidades que eran consideradas “indios amigos” e, incluso, aquellas que habían sido cristianizadas por la acción de las órdenes religiosas, como por ejemplo los salesianos.
Tomadas prisioneras las familias mapuches, fueron trasladadas a Buenos Aires por las autoridades del ejército. Muchas de esas familias fueron llevadas a la isla Martín García. Otro aspecto importante del genocidio es impedir el nacimiento y la transmisión cultural. Estas características de las políticas genocidas se observan en la separación de las familias que fueron desmembradas. Los niños y las niñas fueron repartidas entre las familias más pudientes de la elite porteña. Las mujeres eran llevadas esas casas para realizar la limpieza. Los varones, en su mayoría, fueron a parar a los ingenios azucareros de Tucumán y Salta tal como había prometido y planificado Julio A. Roca. Esta separación familiar claramente impide nacimientos y la transmisión cultural.
El territorio patagónico fue repartido entre los grandes terratenientes que habían colocado sus capitales para garantizar los recursos suficientes para el ejercito argentino. Estas iniciativas privadas no fueron individuales, sino acuerdos entre la burguesía terrateniente, organizada en la Sociedad rural argentina. Otras tierras fueron repartidas a través de premios militares y luego concentradas por los jefes militares.
Ese territorio apropiado por el Estado argentino es la causa del despojo de las lof mapuche. La concentración de grandes extensiones de tierra le permitió a la burguesía terrateniente consolidar su posición como clase dominante. Los herederos de estos terratenientes, empresarios del turismo y dueños extranjeros de grandes extensiones de tierra son los que reclaman la represión en defensa de las tierras que usurparon en el siglo XIX. Sus intereses privados los intentan hacer pasar como intereses generales del Estado argentino, apelando a la idea de una pérdida de soberanía argentina sobre la Patagonia.
El genocidio deja implantada una estructura de un imaginario de cómo se va a considerar a los pueblos originarios y que tienen vigencia en la actualidad. Tienen vigencia porque hasta el momento estos hechos no fueron juzgados y, por ende, no han finalizados estos procesos. Este imaginario social tiene su correlación con políticas indígenas. Políticas que han sido marcadas por despojo de las tierras de los pueblos originarios y puestas al servicio de los terratenientes. Hacia 1880 al servicio de un modelo agroexportador y en los últimos años el siglo XX al servicio de los modelos neoextractivistas.
Las lof mapuce reclaman la restitución de las tierras usurpadas, que por derecho ancestral le corresponden. Se reclaman estas tierras en un contexto de recuperación de prácticas culturales, políticos, económicos y sociales. La lof lafken winkul mapu reclama el territorio ancestral que le permita desarrollarse como lof, sin el cual es imposible realizar las prácticas culturales, políticas y comunitarias ancestrales.
Diferentes organizaciones sociales kaxipace (de otros orígenes), organizaciones y lof mapuche reclamaron en las calles el cese de la represión, a disolución del comando unificado, la libertad de las detenidas de manera arbitraria, el retorno de la machi Betiana al rewe y la restitución de las tierras comunitarias ancestrales. Solo la lucha podrá frenar la represión estatal apoyada por un gran arco político con opiniones racistas.
Fabián Epulef
Prof. en Historia
Especialista en didáctica de las ciencias sociales
Diplomado en interculturalidad y pensamiento latinoamericano