La ilegalidad del “protocolo antipiquetes” y su impacto en la reducción de los derechos humanos es algo que venimos denunciando desde su implementación a fines del 2023. En los últimos días, tras un exhaustivo informe de Amnistía Internacional (AI) el debate sobre el ”protocolo” volvió a estar en el centro del debate.
Disenso en Riesgo
El 19 de diciembre del 2024, AI público un informe muy elaborado sobre el impacto del llamado “Protocolo antipiquetes”, arrojando números preocupantes.
Para la ONG el accionar de las fuerzas represivas frente a las movilizaciones que se fueron desarrollando “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva”.
1.155 fueron las personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves. Además, 33 personas recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión. Se registraron al menos 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones, y más de 70 manifestantes fueron detenidos, la mayoría de ellos en cárceles de máxima seguridad, y procesados por participar en las protestas.
“Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, al menos 15 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva e ilegítima por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión”.
Para Bullrich AI “no entiende nada”
El llanto del gobierno no se hizo esperar y tras una entrevista radial, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo “En un país que hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le dieran un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza, hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así es porque están del lado de los delincuentes”.
La línea del gobierno en poner el foco buscando criminalizar a los movimientos sociales, es parte de un guion que siguen al pie de la letra estigmatizado a los más pobres y vulnerables.
“Amnistía Internación es pura ideología, una ideología de proteger siempre a los victimarios, y a los 46 millones de argentinos, que son víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Pero, tranquilos, Amnistía, que nosotros los protegemos”, concluyó.
Desde AI respondieron en su cuenta de “X” “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua”.
AI destaca que sus informes siguen una rigurosa metodología científica y se basan en investigaciones de campo, entrevistas a las víctimas, solicitudes de acceso a la información pública, entre otras herramientas.
No es solo uno
En los últimos meses distintos informes de diferentes organizaciones y organismos nacionales e internacionales, llegaron a las mismas conclusiones que AI.
Durante el 2024 CORREPI reflejo el avance represivo del gobierno en distintos informes, ya lo vaticinaba a principios del 2024 cuando alertaban el salto represivo que mostraba el gobierno durante los primeros meses del año pasado.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en un informe de monitoreo sobre la represión a la protesta social, observo la represión sistemática como consecuencias de la implementación del protocolo antipiquetes en la Ciudad de Buenos Aires.
Human Rights Watch difundió este jueves 16 de enero su informe anual, que incluye un capítulo argentino. Juanita Goebertus, directora de HRW para América latina, advirtió “Que el protocolo antipiquetes continúe vigente también es preocupante, dado que en la práctica criminaliza cualquier afectación al tránsito que se derive de una protesta. Si bien el gobierno puede mostrar como un triunfo haber reducido los cortes de calle, la ciudadanía se enfrenta a un grave obstáculo para poder ejercer, ahora o en un futuro, su derecho a la protesta pacífica”.
Cele Fierro, como legisladora de la Ciudad junto al CADHU (centro de abogados de Derechos Humanos) fueron los primeros en señalar que el protocolo antipiquetes era absolutamente inconstitucional ya que atacaba el derecho primero que es el de: protestar. Así argumentaron en el recurso presentado, que aún hoy no tiene solución ni respuesta, y que sigue discutiendo que juzgado corresponde resolver.
Es evidente que el intento de este gobierno no es solo ajustar, sino que para hacerlo en la profundidad que necesita, también requiere un régimen más autoritario y sin derechos. El protocolo es parte de ese engranaje que sin leyes modificadas intenta ese cambio.
El llamado de atención de AI no es casual, porque efectivamente todas las organizaciones que velan por derechos se muestra preocupadas ante esta situación.
Mientras Bullrich y el gobierno intentan desacreditar y regodearse de una 9 de julio sin cortes. Quizá sea una parte de la realidad, mientras se “llena de pobres el recibidor”.