En una maniobra de último minuto, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, cerraron un préstamo tipo Repo por US$ 3.000 millones con un consorcio de seis bancos privados internacionales, entre los que destacan el JP Morgan, Citi y Santander. Este crédito, que tiene un plazo de un año, se presenta oficialmente como un “refuerzo de liquidez“, pero en realidad no es más que un respirador artificial para poder afrontar el primer gran vencimiento de 2026 que cae este viernes 9 de enero.
Nuevamente el gobierno endeuda al país con una tasa inflada del 7,4% anual para pagar compromisos que ya eran producto de reestructuraciones anteriores, alimentando una bola de nieve financiera que el actual esquema económico, incapaz de generar dólares genuinos por medio de la producción o el comercio, no puede detener. El escenario en el que se mueve el equipo económico es de una fragilidad extrema, rascando el fondo de cada caja del Estado para llegar a cubrir los US$ 4.200 millones totales que deben girarse a los bonistas.
Para completar el monto necesario del viernes, ya que los US$ 3.000 millones del Repo no alcanzan, el gobierno ha decidido rematar activos estratégicos de la Nación. Un ejemplo escandaloso de este saqueo es la utilización de los fondos provenientes de las privatizaciones de las represas hidroeléctricas del Comahue, que aportaron unos US$ 706 millones a las cuentas del Tesoro nacional. Se están vendiendo puntos clave de nuestra soberanía energética para alimentar la usura de los acreedores externos, entregando recursos que pertenecen a las futuras generaciones para cumplir con una deuda que es, en su origen, ilegítima y fraudulenta. Esta entrega de patrimonio nacional a cambio de un alivio de apenas unos días expone a un gobierno que no tiene reparos en hipotecar el suelo argentino con tal de mantenerse bajo el ala del capital financiero internacional.
El remate del patrimonio para alimentar la usura
El costo de este nuevo préstamo es una muestra más del fracaso del relato libertario sobre la supuesta confianza de los mercados. Para conseguir estos dólares, el gobierno aceptó pagar una tasa de interés del 7,4% anual, un precio carísimo para un país que dice tener sus cuentas ordenadas.
Para entender este número (7,4%) hay que desarmar la explicación oficial que habla de la tasa SOFR y un spread de 400 puntos. La SOFR es simplemente la tasa de interés base (3,47%) que se usa en todo el mundo para préstamos en dólares, es decir, el precio mínimo del dinero en el mercado internacional. El spread de 400 puntos es un recargo extra que los bancos le cobran a la Argentina por considerarla un país riesgoso; esos 400 puntos equivalen a un 4% adicional que se suma a la tasa base. Pagar ese recargo demuestra que, lejos de confiar, los bancos nos ven como un deudor en problemas y nos cobran un plus por el peligro de que no paguemos.
Para que los bancos aceptaran prestar esos dólares, el Banco Central tuvo que entregar como garantía los bonos Bonar 2035 y 2038. Estos bonos son promesas de pago que el Estado argentino emite en dólares, algo así como pagarés a largo plazo. Es decir que el gobierno deja esos papeles en manos de los bancos extranjeros para asegurar que va a devolver el dinero que le prestan hoy. El problema es que, al poner estos activos como garantía, el gobierno vuelve a esos títulos cada vez más junior. Esto significa que esos bonos pierden prioridad y se vuelven más riesgosos ya que, en caso de que el país no pueda pagar todo lo que debe, los que tengan estos títulos serán los últimos en la fila para cobrar. Esto degrada la calidad de las cuentas del Banco Central y compromete la solvencia del país a mediano plazo porque estamos hipotecando el respaldo de nuestra moneda para pagar un vencimiento de deuda inmediata.
Esta desesperación por evitar el default a cualquier costo se da mientras las reservas netas del Banco Central siguen en terreno negativo y la balanza comercial no arroja los excedentes necesarios para pagar los intereses. Es un esquema donde los únicos que ganan son los seis bancos de primera línea que cobran comisiones e intereses por un riesgo que el pueblo trabajador garantiza con su esfuerzo cotidiano.
Mientras Caputo y Bausili firman acuerdos de recompra a 372 días, el horizonte de 2026 se presenta como un campo minado con vencimientos que suman casi US$ 20.000 millones. Sin una entrada de divisas genuina, cada préstamo que se firma hoy es una devaluación encubierta o un ajuste más profundo que se aplicará mañana sobre los salarios y las jubilaciones para poder pagar los intereses de este nuevo endeudamiento que no para de crecer
Ajuste interno y sumisión geopolítica
La deuda no es solo un problema de números en un Excel, sino una herramienta de dominación política que el gobierno de Milei utiliza para justificar la destrucción de los derechos laborales.
La insistencia en la reforma laboral y la precarización absoluta tiene como fin último abaratar los costos de producción para que las empresas multinacionales puedan extraer excedentes que luego se fugan para pagar esta misma deuda externa. Es un círculo vicioso de dependencia donde el trabajador argentino es el que pone el cuerpo mientras los ministros de la casta libertaria se aumentan los sueldos y brindan con los delegados del JP Morgan. La política exterior de Milei, alineada con el imperialismo yanqui que hoy pisotea Venezuela, busca desesperadamente un salvataje que Trump todavía no ha habilitado del todo, dejando al país en una soledad geopolítica peligrosa donde solo se nos reconoce por nuestra capacidad de pagar intereses y ceder soberanía.
El gobierno de Milei está hipotecando el futuro de millones de trabajadores para sostener un esquema de especulación financiera que solo beneficia a un puñado de bancos amigos del ministro Caputo. No se puede seguir pagando una deuda fraudulenta con el hambre del pueblo y el remate de nuestras represas hidroeléctricas. Es urgente romper con este ciclo de sumisión, declarar el no pago de la deuda usuraria y destinar esos recursos a la reconstrucción del salario y la infraestructura nacional. La soberanía se defiende en las calles y en la recuperación de nuestros recursos, no en los despachos de Wall Street donde este gobierno ha decidido entregar el destino de la Argentina.
