En un nuevo capítulo del escándalo que vincula a La Libertad Avanza con el narcotráfico, el gobierno de Milei continúa su desesperada campaña para eliminar todo rastro de Espert de las boletas electorales, aun a costa de derrochar miles de millones de pesos que niegan a la salud y la educación.
La pulseada judicial ahora se traslada a la Cámara Nacional Electoral, que deberá definir si autoriza la reimpresión de las boletas, luego de que tanto la Junta Electoral bonaerense como el fiscal Ramiro González consideraran “fácticamente imposible” realizar este proceso sin poner en riesgo la realización misma de los comicios del 26 de octubre.
Los fundamentos técnicos resultan contundentes: según los informes del Correo Argentino y la Dirección Nacional Electoral, ya no existe margen temporal para cumplir con el complejo proceso de impresión, control y distribución de los casi 40.000 talonarios necesarios para la provincia de Buenos Aires. A esto se suma el reciente pedido oficialista de reimprimir incluso los afiches de las cabinas de votación, demostrando desesperación por el maquillaje político que contrasta con su desprecio por las necesidades populares.
Esta insistencia en el lavado de imagen cuenta con el aval explícito de sectores del Poder Judicial, que ya han mostrado su parcialidad a través del reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral habilitando el cambio de posiciones para que Diego Santilli encabece la lista bonaerense. Lejos de tratarse de una casualidad, este pronunciamiento forma parte de un patrón donde ciertos jueces actúan con sorprendente celeridad para beneficiar al oficialismo, mientras demoran interminablemente los casos que afectan a los sectores populares.
La cifra que el ministro Lisandro Catalán admitió como costo de la reimpresión –$12.169 millones– resulta particularmente escandalosa cuando se contrasta con el permanente discurso de “no hay plata” que utiliza para justificar el ajuste sobre trabajadores y jubilados. Esta contradicción no hace más que develar las verdaderas prioridades de un gobierno que recorta brutalmente en salud y educación, pero no duda en derrochar fortunas para ocultar sus vínculos con el crimen organizado.
El mismo monto que se destinaría a esta operación de encubrimiento político alcanzaría para financiar programas de emergencia alimentaria, recomponer el presupuesto de hospitales públicos o asegurar el funcionamiento de escuelas que hoy carecen de recursos básicos. La elección del gobierno no podría ser más clara: prefiere tapar la cara de un narco antes que garantizar el derecho a la alimentación, la salud y la educación del pueblo trabajador.
Mientras esperan el fallo de la Cámara Nacional Electoral, los funcionarios oficialistas exhiben el mismo cinismo que han mostrado desde el inicio de esta crisis: prometieron transparencia, pero practican el encubrimiento, hablaron de austeridad, pero derrochan millones en su propia imagen, se presentaron como antisistema, pero usan todas las herramientas del Estado para protegerse.
A pesar de las boletas que reimpriman y por más fallos judiciales que obtengan, ya no se podrá borrar la idea de que, este es un gobierno de corruptos y narcofinanciados, el cual debe ser expulsado del poder.
