La propuesta del Partido Obrero de elevar las regalías mineras al 15% en Santa Cruz no es un detalle técnico ni una discusión fiscal aislada. Es una definición política en un momento crítico. Mientras el gobierno de Milei avanza en el vaciamiento de la Ley de Glaciares, blinda a las corporaciones con el RIGI y profundiza una ofensiva extractivista sin precedentes, una parte de la izquierda decide correr el eje del debate: del qué producir al cuánto cobrar.
Ese desplazamiento no es inocente. Discutir regalías implica aceptar, como punto de partida, la continuidad del modelo minero. Es discutir cómo administrar el saqueo, no cómo desarmarlo.
¿Justo ahora? El contexto del proyecto del PO
La iniciativa del PO no aparece en el vacío. Se inscribe en un escenario marcado por una avanzada extractivista nacional, impulsada por Milei y acompañada por los gobernadores, que busca re-primarizar la economía y consolidar a la Argentina como proveedor de materias primas.
Al mismo tiempo, en Mendoza se desarrolla una enorme movilización contra el proyecto minero San Jorge, con miles de personas en las calles en defensa del agua. En Chubut, la justicia ratificó condenas contra seis activistas del Chubutazo de 2021, dos de los cuales continúan detenidos. Y en el Congreso avanza la modificación de la Ley de Glaciares para habilitar decenas de proyectos megamineros en zonas periglaciares.
Desde la Red Ecosocialista y el MST somos parte de la campaña La Ley de Glaciares No Se Toca, impulsada por la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, justamente para enfrentar esta ofensiva.
Nada de esto es casual ni exclusivamente local. La avanzada extractivista se inscribe en una disputa geopolítica global: Estados Unidos busca asegurar el control de minerales estratégicos en su disputa con China. No por azar la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, definió a América Latina como una “reserva de recursos críticos”.
Esta ofensiva impacta con especial violencia sobre los pueblos originarios, principales guardianes históricos de los bienes comunes y del agua. La persecución a referentes como Moira Millán y la criminalización de comunidades mapuche muestran que el extractivismo no es solo un modelo económico, sino también un dispositivo de disciplinamiento territorial y colonial.
No es casual la resistencia a la megaminería: se trata de una actividad que no es neutral, que no depende de quién la controle y que es contaminante en sí misma, más aún en esta etapa de decadencia del capitalismo, donde se despliegan fuerzas abiertamente destructivas al servicio de la ganancia de una minoría.
El falso dilema fiscal
Se nos dice que aumentar las regalías permitiría resolver el déficit provincial, sostener el empleo y atender la emergencia social. El argumento es conocido y seductor. Pero es profundamente engañoso.
Primero, porque la renta minera se calcula sobre precios declarados por las propias empresas, mediante mecanismos opacos que reducen al mínimo la base imponible. Segundo, porque la megaminería metalífera genera daños irreversibles sobre glaciares, cuencas y territorios: puede pagar más y destruir más al mismo tiempo. Tercero, porque no es un motor real de empleo sostenible: concentra capital, expulsa trabajo y deja enormes pasivos ambientales.
No existe una regalía “justa” sobre una actividad estructuralmente injusta.
Trabajo sí, chantaje no
El recurso al empleo como argumento de cierre —“o aceptás la minería o no hay trabajo”— no es una salida de izquierda: es el chantaje clásico del capital.
El trabajo no puede depender de actividades que destruyen las condiciones materiales de la vida. Eso no es socialismo: es administrar la crisis.
Frente a la emergencia social, la alternativa no es entre megaminería y desocupación. La alternativa es una transición productiva y laboral planificada, con continuidad salarial y trabajo garantizado en sectores intensivos en mano de obra y socialmente necesarios: obra pública (viviendas, escuelas, hospitales), infraestructura hídrica, remediación ambiental, energía renovable bajo control público, ciencia y técnica al servicio de las mayorías.
Un marco ecosocialista claro
Nuestra posición no surge de una reacción coyuntural. Forma parte de un marco internacional, aprobado y elaborado colectivamente en el último congreso en Estambul, con activistas de todos los continentes que nos agrupamos en la Liga Internacional Socialista (LIS).
Partimos de una idea simple: la crisis ambiental no es un exceso del capitalismo, sino una consecuencia directa de su lógica de acumulación. Por eso no alcanza con regular mejor, cobrar más impuestos o estatizar sin cambiar el modelo.
Desde esta perspectiva, sostenemos que hay actividades —como la megaminería metalífera, el agronegocio o el fracking— que son estructuralmente destructivas y no pueden ser parte de un proyecto emancipador, incluso bajo control estatal.
La salida no es administrarlas, sino eliminarlas de manera planificada, garantizando una reconversión productiva y laboral para que ningún trabajador pague la transición.
Al mismo tiempo, defendemos el derecho de las comunidades a decidir, con mecanismos democráticos y vinculantes, sobre actividades que afectan el agua, los territorios y las condiciones de vida. No hay justicia social sin justicia ambiental, ni socialismo posible sobre territorios devastados.
Lo que el proyecto no dice también define
El proyecto del PO no menciona el agua ni los glaciares, pese a que Santa Cruz concentra la mayor superficie glaciar del país. Tampoco aborda el pasivo ambiental que deja esta actividad ni sus consecuencias directas sobre la población.
Además, se plantea como una medida excepcional para el ejercicio 2026. En el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana. No propone la recuperación de los bienes comunes ni cuestiona su control por parte de corporaciones extranjeras.
En un contexto de calentamiento global comprobado y de sequía prolongada en el oeste argentino, profundizar el extractivismo es agravar el estrés hídrico y la falta de agua en calidad y cantidad para la población. En ese marco, la ausencia de estos límites no es un olvido: es una definición política.
No es un proyecto aislado, es una política
Lejos de ser un caso excepcional, esta orientación del PO tiene antecedentes en la provincia. En los últimos años se pronunciaron a favor de las represas Kirchner–Cepernic sobre el río Santa Cruz —el último que corre libre desde la cordillera al mar—, cuestionándolas únicamente por ser ejecutadas por empresas chinas, y defendieron de forma demagógica, la usina de carbón en Río Turbio, sin plantear alternativas de reconversión productiva incluyendo a los obreros del carbón, como podría ser producir energía en base a otro vector no contaminante tal como la eólica o la solar, para las cuales esa provincia tiene sobradisimo potencial.
Su mirada productivista termina siendo funcional al capitalismo realmente existente y está muy lejos de plantear una transición hacia otro modelo de sociedad. De hecho, en el propio proyecto señalan que una de las causas del desempleo es que “siguen paralizadas las represas”. Es decir, la salida vuelve a ser más extractivismo.
En este punto, su posición no difiere sustancialmente de planteos como los de Grabois o Patria Grande: propuestas que prometen administrar mejor el modelo vigente, pero no plantean una transición productiva real.
¿Gestión estatal o límite político?
Frente a estas críticas suele aparecer un argumento recurrente: que toda actividad humana impacta y que, bajo gestión estatal, la minería podría convertirse en una herramienta de independencia económica.
El problema es que este razonamiento reduce el debate a quién gestiona, eludiendo preguntas decisivas: dónde, cómo y para qué se produce.
No toda actividad es equivalente. Existen prácticas que, aun bajo gestión estatal —incluso bajo gestión obrera— generan daños irreversibles en territorios estratégicos para la vida, como las cuencas hídricas y los glaciares. Estatizar una actividad destructiva no la vuelve automáticamente emancipadora.
La megaminería metalífera no es una tecnología neutral. Cada desarrollo técnico expresa relaciones sociales concretas. En el capitalismo, la tecnología se diseña para maximizar la productividad y la extracción de valor, no para cuidar la naturaleza ni garantizar la reproducción de la vida. La megaminería es una expresión extrema de esa lógica.
Por eso no alcanza con regular o mitigar. Plantear su prohibición no es moralismo: es una definición política fundada en límites materiales concretos.
Una izquierda a la altura del momento (y los límites del PTS)
En esta polémica, el PTS intervino con un artículo extenso contra el Partido Obrero por su adaptación al consenso extractivista. En ese señalamiento existe un acuerdo. Sin embargo, su texto no viene a clarificar el debate, sino a empantanarlo.
A lo largo de páginas enteras despliega una retórica clasista y revolucionaria que funciona como una larga voltereta para evitar una definición clave: la prohibición de la megaminería metalífera.
Más aún, el PTS se permite calificar al MST y a la Red Ecosocialista como portadores de una supuesta “debilidad política y estratégica”. La acusación resulta liviana y soberbia. Proviene de una corriente recién llegada a la lucha socioambiental, que no ha sido parte de los principales procesos de resistencia y que no integra la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
La diferencia central no está en cómo se distribuye la renta minera, sino en si la megaminería metalífera es o no aceptable para la izquierda. El PO la acepta explícitamente, el PTS la critica, pero se niega a levantar su prohibición.
El propio artículo del PTS reconoce que la actividad es saqueadora, destructiva y generadora de zonas de sacrificio. Sin embargo, cuando llega el momento de extraer una conclusión política, retrocede.
Esto se vuelve aún más claro en la práctica concreta: IS / Ambiente en Lucha, participante de Basta de Falsas Soluciones, terminó apoyando el proyecto del PO en Santa Cruz. Mientras se escribe contra el extractivismo en abstracto, en la realidad se avala una iniciativa que lo consolida.
No es romanticismo: es política
Plantear la prohibición de la megaminería metalífera no es romanticismo ni voluntarismo. Es reconocer que, en un contexto de crisis climática e hídrica, hay actividades que no admiten una “mejor gestión” sin destruir las condiciones materiales de la vida. El debate es simple: poner límites hoy o seguir administrando un modelo agotado.
Una izquierda a la altura del momento histórico no puede refugiarse en ambigüedades estratégicas ni en frases rimbombantes para evitar definiciones incómodas. Las transiciones no empiezan después de la revolución: empiezan cuando se trazan horizontes claros y se adoptan medidas que no refuercen el modelo que se dice combatir.
Por eso sostenemos una posición nítida: prohibición de la megaminería metalífera, defensa integral de glaciares y cuencas, y una transición productiva que garantice trabajo y salarios sin destruir el futuro.
Si saquea y contamina, no es progreso
Santa Cruz necesita respuestas urgentes. Pero esas respuestas no pueden limitarse a parches fiscales ni a administrar el modelo vigente.
El primer paso es claro: fuera las mineras. Los bienes comunes no pueden seguir en manos de corporaciones transnacionales. Humedales, bosques, selvas, cordillera y ecosistemas estratégicos deben ser declarados patrimonio social inalienable.
Para generar trabajo genuino hace falta un plan de inversión en obra pública y remediación ambiental, que genera muchos más empleos y mejora directamente la calidad de vida. Esa remediación debe ser financiada por las empresas que contaminaron durante décadas.
Santa Cruz tiene enormes condiciones para una reconversión energética basada en eólica, mareomotriz y renovables, bajo control estatal y social. A esto se suma una diversificación productiva orientada a la vida y no a la renta, en ruptura con el FMI.
Para profundizar estos debates estratégicos es clave que el Frente de Izquierda Unidad avance en mecanismos colectivos y democráticos que permitan procesar diferencias y construir posiciones comunes. Miles de activistas del movimiento socioambiental, de las asambleas, de los organismos de derechos humanos, de los colectivos de mujeres y disidencias y del activismo antiburocrático podrían sumarse a una alternativa anticapitalista si se habilitan instancias reales de debate, elaboración colectiva y toma democrática de decisiones.
Una izquierda a la altura del momento histórico no administra el saqueo: lo enfrenta.
- Fuera las mineras de Santa Cruz y de la Argentina.
- La Ley de Glaciares no se toca.
- Libertad a Damián y Naum.
Te puede interesar: Documento socioambiental de la LIS
Jessi Gentile y Nico Mc Namara
