El Gobierno formalizó la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales de Atucha y Embalse. La medida, amparada en la Ley de Bases, desata fuertes críticas por el riesgo de perder control sobre un sector estratégico para la soberanía tecnológica y energética del país.
Entreguistas de ley
En un nuevo paso hacia su plan de achicar el Estado, el gobierno de Javier Milei inició el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que administra las tres centrales nucleares en funcionamiento del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1751/2025, autoriza la venta de hasta un 44 % del paquete accionario a inversores privados nacionales y extranjeros, reservando un 5 % para los trabajadores y manteniendo el Estado el 51 % restante. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “mejorar la eficiencia y atraer capitales” para el sector energético.
Sin embargo, la resolución encendió alarmas en el ámbito científico, sindical y político. Diversos especialistas advierten que la energía nuclear no es un servicio público más, sino un campo altamente sensible por su impacto en la seguridad nacional, la tecnología estratégica y la soberanía energética.
El proceso se ampara en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobada este año con el apoyo de los bloques entreguistas. Esa norma habilita al Ejecutivo a privatizar o concesionar una lista de empresas públicas consideradas “no estratégicas”, entre ellas NA-SA, aunque su inclusión fue cuestionada por varios legisladores por el carácter estratégico del sector.
En el Congreso ya circulan proyectos para declarar al sistema nuclear argentino como bien público inalienable e inembargable, en un intento por frenar la entrega de activos vinculados a la generación nuclear y la investigación científica.
La medida llega en un contexto de ajuste fiscal profundo y creciente conflictividad social, con despidos en el sector público y paralización de proyectos científicos. Para críticos del modelo libertario, la privatización de NA-SA se inscribe en una política que reduce al Estado a su mínima expresión y entrega áreas clave al capital privado, incluso aquellas vinculadas a la seguridad y la tecnología de punta.
“Privatizar la energía nuclear es resignar soberanía en nombre del mercado”, resumió un especialista del sector, quien advirtió que detrás del discurso de la eficiencia puede esconderse la transferencia de control sobre decisiones estratégicas a intereses privados o extranjeros.
