Foto. Daniella Fernández
La reforma laboral que impulsa Javier Milei incluye, entre sus ataques, un apartado específico para periodistas y trabajadores de prensa. En su articulado, deroga el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, y deja sin efecto el financiamiento a los medios cooperativos establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Este ataque es un golpe certero a la comunicación independiente y a los derechos laborales que garantizan mayor seguridad a quienes informan la realidad sin temor a represalias por parte del poder.
El Estatuto del Periodista es una ley que garantiza una jornada laboral máxima de 36 horas semanales, libertad de acceso a la información, protección frente a despidos por razones políticas y muchos otros derechos que brindan mayor estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores de prensa.
Algunos derechos de los estatutos
Ambos estatutos establecen derechos por encima de lo definido en la Ley de Contrato de Trabajo: jornada de 36 horas semanales con pago de horas extras y compensación por feriados trabajados; búsqueda de estabilidad laboral, limitando las razones para despidos con causa y las suspensiones; carreras profesionales establecidas por ley; y protección explícita de la libertad de participación sindical.
Estos puntos contradicen el espíritu de la ley esclavista impulsada por Milei, que propone bancos de horas, libertad para despedir y jornadas laborales extendidas. A la vez, es un mensaje y un regalo para los medios afines, que tan diligentemente protegen al gobierno de las causas de corrupción que van saliendo a la luz.
El periodismo como trabajo precarizado
La última encuesta realizada por el SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) reflejaba que el 70,45% de los trabajadores de prensa tiene sueldos de pobreza y que el 55,2% tiene dos o más empleos[1].
¿Por qué atacar leyes que defienden un trabajo ya muy mal remunerado? Por la posibilidad de realizar juicios laborales. Las leyes y convenios colectivos logrados por la prensa permiten convertir en dinero algunos derechos no gozados durante el tiempo de trabajo. Los empresarios quieren seguir negando nuestros derechos y no pagar por ellos cuando reclamamos legalmente.
En este sentido, es significativo que la cámara empresaria que agrupa a los principales medios gráficos (AEDBA), representante de Clarín, La Nación, El Cronista, Perfil, Página/12 y Crónica, no haya firmado la última paritaria salarial.
Este dato no sorprende si consideramos que los medios públicos llevan un año sin pagar las paritarias firmadas en el sector por SIPREBA y el SATSAID. El gobierno de Milei lleva adelante una política que después siguen medios aliados y opositores, porque las patronales, aunque se vistan de progresistas, siempre quieren ganar más. Un ejemplo claro es la lucha de los trabajadores del Grupo Octubre durante todo el año pasado[2].
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como papel mojado
La ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner fue polémica, criticada desde nuestro sector por no profundizar en la democratización de las voces, y quedó reducida a uno o dos puntos debido a la judicialización y a la derogación de artículos por parte del macrismo. Entre esos puntos se encontraban el financiamiento y el espacio para señales cooperativas, un logro importante de FARCO y la Red Nacional de Medios Alternativos que, con la derogación de los artículos que establecían su financiación, se vuelve materialmente insostenible.
El ataque no es solo económico
El gobierno tiene, desde sus inicios, una acción directa contra la prensa. El protocolo antipiquetes de Bullrich se manifestó en la realidad como un protocolo anti prensa, reprimiendo, lesionando y deteniendo personas solo por registrar una manifestación.
El ataque constante en redes a periodistas que denuncian las políticas del gobierno —usando campañas sucias e incluso hackeando cuentas—, o las denuncias penales a investigadores y comunicadores, son otros métodos para generar miedo en quienes investigan y denuncian.
Un ejemplo del tipo de periodistas que quiere el gobierno quedó claro en la entrevista de Jonathan Viale al presidente, que fue interrumpida por el asesor Santiago Caputo para corregir una respuesta fallida de Milei.
Los periodistas somos trabajadores y tenemos que defendernos
La reforma laboral es el último paso del gobierno de Milei contra la libertad de expresión, por lo que es fundamental organizarnos para enfrentarla. No podemos esperar a que la CGT, que sigue negociando con el gobierno, se pronuncie. Hay que obligar a nuestros sindicatos a convocar un paro activo y un plan de lucha.
Somos trabajadores. Hoy más que nunca, organicémonos para luchar por nuestros derechos, porque si los perdemos, no importa que venga un supuesto gobierno amigo: no los vamos a recuperar. Actuemos hoy para poder seguir informando sin falsas neutralidades.
[1] https://www.sipreba.org/sindicato/encuesta-sipreba-2025/
[2] https://periodismodeizquierda.com/victor-santa-maria-cuando-un-negrero-se-dice-sindicalista/
