El tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados ha comenzado marcado por un retroceso significativo para las pretensiones más extremas del gobierno de Milei. Más allá de este repliegue, hoy más que nunca es necesario luchar contra la reforma en su conjunto hasta derrotarla totalmente, ya que se trata de una ley completamente anti-obrera.
En las últimas horas y ante el incontenible rechazo que despertó el conocimiento masivo de su contenido, el oficialismo libertario se vio obligado a dar marcha atrás con el polémico artículo 44 del proyecto de ley. Esta decisión no responde a una repentina sensibilidad social de la Casa Rosada, sino a la pérdida de apoyo de sus aliados parlamentarios más cercanos, como el PRO y la UCR, junto con diversos bloques provinciales que, de manera oportunista, decidieron soltarle la mano al Ejecutivo para evitar quedar pegados a un ataque de una crueldad inédita.
El artículo en cuestión pretendía que, ante una licencia por enfermedad, los trabajadores perdieran automáticamente el derecho a percibir el ciento por ciento de su salario, reduciendo dicho ingreso a una cifra que oscilaría entre el 50 y el 75 por ciento según el arbitrio patronal. De prosperar el trámite legislativo en la Cámara Baja con esta eliminación, el proyecto deberá retornar al Senado para que se ratifiquen las modificaciones, lo que representa un traspié en el cronograma que el gobierno intentaba imponer antes del inicio de las sesiones ordinarias.
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Para comprender la magnitud de lo que se intentó legislar, es necesario comparar esta propuesta con la legislación vigente. Actualmente, el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que cualquier trabajador que sufra un accidente o enfermedad ajena al trabajo perciba la totalidad de su remuneración habitual. Este derecho se extiende por tres o seis meses según la antigüedad, plazos que se duplican si el trabajador tiene cargas de familia. En contraposición, el artículo 44 del proyecto libertario buscaba demoler este pilar histórico introduciendo un esquema de castigo económico en el momento de mayor vulnerabilidad del empleado. A esto se suma lo que pretende establecer el paquete de reformas, que apunta a una reconfiguración general de las indemnizaciones y los fondos de cese, configurando un escenario donde enfermarse o ser despedido se vuelve un negocio para las empresas y una tragedia para las familias trabajadoras. La introducción de la figura de la actividad voluntaria y consciente de riesgo permitía que, si un trabajador se lesionaba realizando cualquier actividad cotidiana fuera de su horario laboral, su salario pudiera ser recortado a la mitad bajo la lógica de que la empresa no debe pagar por las decisiones privadas de sus empleados.
Este ataque se intentó justificar mediante un discurso oficial cargado de falsedades y estigmatización. Tanto la ministra Patricia Bullrich como Federico Sturzenegger han insistido en la existencia de una supuesta mafia de certificados truchos y niveles de ausentismo escandalosos que, según sus relatos, asfixian la productividad nacional. Sin embargo, los propios datos de la Secretaría de Trabajo desmienten estas afirmaciones de manera contundente. Las estadísticas oficiales registran un ausentismo anual del 11,8%, del cual menos de la mitad corresponde a razones de salud, y un ausentismo diario que apenas roza el 2,8% sobre el total de las jornadas laborables. Está claro que el gobierno construye un enemigo imaginario para ocultar su verdadero objetivo, que es la transferencia violenta de recursos desde los bolsillos de los asalariados hacia las grandes patronales mediante el abaratamiento de los costos laborales y la reducción directa de los salarios.
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La Rosca por el quórum
El escenario que se espera para la jornada de mañana en la Cámara de Diputados es de una incertidumbre extrema y rodeado por la rosca y las negociaciones en los despachos del Congreso. El oficialismo necesita reunir el quórum de 129 diputados para dar inicio a la sesión, una tarea que se le presenta dificultosa debido a las fisuras que el artículo 44 abrió en el bloque de aliados.
La Libertad Avanza cuenta con apenas 33 legisladores propios y depende enteramente de la voluntad del PRO, de una UCR dividida y de los bloques provinciales que responden a gobernadores como Gustavo Sáenz o Gisela Scaglia (presidenta de la bancada de Provincias Unidas). Estos sectores, aunque coinciden en la necesidad de una reforma que favorezca al capital, han planteado reparos no solo en el régimen de licencias, sino también en la creación del Fondo de Asistencia Laboral que desfinanciaría a la ANSES y en la desregulación de estatutos profesionales. La estrategia del gobierno es lograr una sanción rápida para que el Senado pueda convertirla en ley el viernes 27 de febrero, permitiendo que Milei asista a la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo con el trofeo de haber derrotado las conquistas históricas del movimiento obrero en tiempo récord.
Mientras el peronismo en Diputados promete dictámenes de rechazo y futuras presentaciones judiciales por inconstitucionalidad, los hechos ocurridos en el Senado demuestran que, sin una presión real en la calle, los votos de los bloques provinciales terminan siendo funcionales a la gobernabilidad de Milei a cambio de partidas presupuestarias para sus distritos. La jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, ya ha adelantado que incluso con la marcha atrás en las licencias, el objetivo sigue siendo perseguir a lo que ella denomina los vivos del sistema, manteniendo la lógica de sospecha sobre cada trabajador que deba ausentarse por razones de salud. Por lo tanto, la eliminación de un artículo no altera la naturaleza esclavista de un proyecto que busca liquidar la ultraactividad de los convenios y generalizar la precariedad bajo el nombre de modernización.
Es fundamental entender que las maniobras legislativas que hoy vemos en el recinto son apenas el reflejo de la correlación de fuerzas que se construye fuera del Congreso. El gobierno ha demostrado que solo retrocede cuando el costo político de avanzar se vuelve insostenible debido al repudio generalizado. No obstante, la caída de un punto específico no debe ser leída como una victoria definitiva mientras el resto del paquete reaccionario siga en pie, incluyendo el cercenamiento del derecho a huelga y la facilitación de los despidos sin indemnización. El oficialismo sigue apostando a un esquema de fragmentación social donde cada trabajador deba negociar individualmente sus condiciones frente a una patronal envalentonada por el discurso oficial.
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Paro activo y movilización: solo las calles frenan la ofensiva patronal
La única forma de terminar definitivamente con esta reforma y con el conjunto del plan de ajuste es mediante una respuesta contundente de la clase trabajadora organizada. En el caso de que mañana se realice la sesión, estaremos frente a una jornada de prueba donde se medirá la capacidad de resistencia frente a la ofensiva oficial. Es necesario denunciar la medida a medias adoptada por la cúpula de la CGT, que finalmente convocó a un paro nacional, pero lo hizo de manera tardía, sin movilización oficial y con un carácter meramente testimonial para descomprimir la bronca de las bases. Esta medida no solo carece de movilización, sino que no está enmarcada en ningún plan de lucha real para derrotar semejante avanzada anti-obrera del gobierno. Mientras las centrales sindicales se limitan a un cese de actividades pasivo, desde el sindicalismo combativo y el MST en el FIT Unidad impulsamos un paro activo que se haga sentir en cada lugar de trabajo y que se vuelque masivamente a las calles para rodear el Congreso.
La urgencia de una respuesta de este tipo queda demostrada por casos testigos como el de la fábrica Fate, donde incluso antes de que la reforma sea ley, los trabajadores ya se encuentran resistiendo el cierre de la fábrica: Allí hay que exigir que el Estado provincial se haga cargo y garantice los puestos de trabajo, bajo control de sus trabajadores.
Si este proyecto de reforma laboral se aprueba, situaciones como la de Fate dejarán de ser excepciones para convertirse en la moneda corriente amparada por una legalidad que favorece el descarte de personal a discreción patronal. No podemos depositar ninguna confianza en las especulaciones de una parte de la oposición que saca cuentas sobre cuántos diputados necesita convencer en los pasillos. La experiencia del Senado dejó en claro que los parlamentarios que responden a los gobernadores son perfectamente capaces de votar contra los intereses populares si la negociación económica les resulta conveniente.
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Para derrotar la contrarreforma esclavista hace falta que seamos millones en las calles de todo el país, quebrando el protocolo represivo y exigiendo a las centrales obreras un plan de lucha con continuidad que desemboque en la huelga general. La caída del artículo 44 demuestra que el gobierno es débil cuando la sociedad se organiza y el rechazo se vuelve masivo. Es el momento de profundizar esa brecha, de unir las luchas de los trabajadores del Garrahan contra los despidos con la resistencia contra la reforma laboral y la defensa de los bienes comunes. Solo la movilización popular e independiente de todas las variantes patronales podrá ponerle un freno a este saqueo y asegurar que los derechos conquistados con décadas de lucha no sean eliminados.
