El Gobierno nacional vuelve a poner en el centro la política de seguridad para enfrentar el conflicto social. Ante la marcha convocada contra la reforma laboral, anunció que aplicará el protocolo antipiquetes y desplegará fuerzas federales alrededor del Congreso.
Respuesta represiva
En la antesala de una nueva jornada de protesta frente al Congreso, el Gobierno nacional confirmó que activará el llamado “protocolo antipiquetes” para impedir cortes de calle durante la movilización convocada en rechazo a la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Senado.
La administración de Javier Milei vuelve a optar por la respuesta represiva y la intimidación preventiva, anunciando un fuerte operativo de fuerzas federales en las inmediaciones del Parlamento. Desde el oficialismo advirtieron que “no se tolerarán cortes”, reforzando una política que prioriza la circulación vehicular por sobre el derecho constitucional a la protesta.
La reforma laboral que impulsa el Gobierno —presentada como una herramienta para “modernizar” el mercado de trabajo— implica una mayor flexibilización, debilitamiento de derechos y avance sobre convenios colectivos. Para el movimiento obrero, el proyecto consolida un esquema de precarización que favorece a grandes empresas y consolida la pérdida de poder adquisitivo que ya sufren millones de trabajadores.
El llamado protocolo antipiquetes, implementado desde el inicio de la gestión libertaria, ha sido denunciado por organismos de derechos humanos por su carácter restrictivo y criminalizador de la protesta social. Su aplicación sistemática en cada movilización configura un escenario de creciente tensión política, donde la respuesta estatal frente al conflicto social es el despliegue policial antes que la negociación.
Mientras el oficialismo acusa a la dirigencia sindical de “defender privilegios”, lo que está en discusión es el modelo de país: uno basado en la desregulación laboral y la transferencia de recursos hacia el capital concentrado, frente a otro que defiende derechos históricos conquistados por la clase trabajadora.
La movilización de este miércoles será importante y podría haber mucho mas masiva si la CGT hubiera hecho lo que tenia que hacer, convocando el paro y empezando a delinear un plan de lucha. En un contexto de ajuste, despidos y caída del salario real, el Gobierno elige blindar el Congreso en lugar de escuchar el reclamo de quienes verán afectados sus derechos laborales.
La jornada será, una vez más, una prueba de fuerzas entre un Ejecutivo decidido a avanzar con su agenda de reformas estructurales y un movimiento obrero que busca frenar un nuevo capítulo en la ofensiva contra las conquistas sociales pese a las trabas de la burocracia sindical.
A las 11hs, mismo horaria que se convoca al inicio de la agenda legislativa en el Senado, también comenzará la concentración convocada por el Cabildo Abierto que tuvo sede en el Hospital Garrahan para movilizar desde allí al Congreso, reclamando no solo contra la reforma sino también contra la amenaza de despidos y suspensiones del gobierno hacia los trabajadores que defienden la excelencia y dignidad del hospital.
