Luego de los videos publicados por Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales el 18 y 19 de julio, se reavivó la discusión sobre la reforma judicial. Su denuncia sobre los privilegios de esa institución se podría entender como respuesta a los últimos movimientos que hubo en las causas en su contra. En especial, el pedido de unificar las causas por corrupción realizado por Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal. Para algunos sectores del oficialismo, representados en las palabras del ex juez Raúl Zaffaroni, esta es una movida para proscribir a CFK en las elecciones de 2023.
Sin embargo, viendo el marco completo, incluido el sobreseimiento a Macri en la causa por espionaje a las familias de las víctimas del submarino ARA San Juan se puede ver un corrimiento de sectores de la justicia previendo una derrota del oficialismo en las próximas elecciones. Pero la reforma que hace falta sigue sin discutirse.
La denuncia
En sus videos, titulados “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”, Cristina hace un racconto del funcionamiento de la justicia desde el 2003 al presente. Enalteciendo el rol de la misma durante los mandatos kirchneristas, luego profundiza sobre lo que entiende como decadencia. Desde que el macrismo llegó al poder hasta hoy, según CFK, transformó a la justicia en adicta, con jueces que recomendó un prófugo: “Pepín” Rodríguez. Además de perseguir a la oposición política a Juntos por el Cambio, también hace que la crisis actual la sufran la mayoría de los argentinos en favor de los sectores concentrados.
Como ocurre siempre que los políticos patronales se refieren al Poder Judicial, CFK no hace crítica alguna sobre la base misma, la estructura de ese poder, el único no elegido democráticamente por el pueblo. Más bien, los proyectos para reformarla mantienen intacta esa base. Y sin dejar de reconocer que la justicia favorece siempre a la clase capitalista y sus maniobras fraudulentas para enriquecerse en medio de la crisis[1], la denuncia de Cristina busca obviar la responsabilidad política del Frente de Todos. Intenta esconder la inacción y, por esa vía, la continuidad de mecanismos que permiten el enriquecimiento del 1% en un país que tiene a más del 40% sumido en la pobreza. Más en concreto, Cristina omite que los senadores del FdT y el PJ aprobaron a Rosenkrantz y Rosatti para integrar la Corte.
Los frentes unidos
A pesar de no ser el comportamiento que prima en la escena política, en este tema las coaliciones del régimen actuaron de manera unificada. Todo el FdT respaldó la denuncia de CFK, a tal punto que el propio Alberto Fernández dijo: “Lo que pasa en la Justicia es un escándalo y alguien tiene que decirlo… Como presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una Justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”.
Sumado a eso, Zaffaroni enarboló otra de las consignas del oficialismo tras los videos: el lawfare. Según él, “el lawfare está funcionando a dos velocidades sincronizadas. Ahora sobresee y protege al expresidente Mauricio Macri, y a su vez se intenta proscribir a la vicepresidenta para las elecciones del año que viene. Sectores judiciales quieren obtener una condena rápida contra ella, con todo un escándalo mediático. Y luego obtener una condena firme para que la Justicia electoral diga que no puede presentarse a ningún cargo”.
En sentido contrario, así como el oficialismo respalda a la ex presidenta, la oposición de derecha salió al cruce ante la denuncia al Poder Judicial. Tras la reunión de JxC, el 19 de julio “halcones” y “palomas” publicaron un comunicado criticando los videos de CFK: “En las últimas horas fuimos testigos de un ejemplo claro. En dos videos de 7 minutos la vicepresidenta realizó un nuevo embate contra la Corte Suprema en otro intento por someter a un poder del Estado para avasallar las instituciones y garantizar su impunidad. Horas más tarde, el propio presidente adhirió al embate elevando el nivel de gravedad institucional. Advertimos con preocupación la posición delictiva y conspirativa de la Señora Vicepresidente, no sólo vacía la figura presidencial, sino que también atenta contra el resto de las instituciones”.
Las posiciones de las coaliciones políticas del régimen reflejan una situación de crisis donde el oficialismo, probablemente, enfrente un escenario que lo deje fuera del gobierno en 2023. En ese marco, el Poder Judicial muestra un reacomodamiento político en el que, como lo muestra la carta de JxC, se apoya en la oposición de derecha a la que ve con chanches de retornar a la Casa Rosada.
Más allá de las declaraciones, esto también se ve en los hechos. La Justicia se está moviendo en favor del macrismo. Por ejemplo Buglia, Llorens y Bertuzzi, camaristas federales, sobreseyeron al ex presidente Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (ex directores de la AFI, la ex SIDE), en la causa que investiga el espionaje ilegal y sistemático a los familiares de los muertos en el ARA San Juan. Y lo mismo en otras causas que apuntaban contra Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y otros personajes de JxC.
Cambiar algo para que nada cambie
De las reformas judiciales planteadas por el FdT, hoy se presume que acelerará el proyecto que presentó en el Senado para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema. Difícil que ocurra, dada la debilidad del bloque oficialista en Diputados. Pero más allá de la rosca, sería cambiar algo para que nada cambie. Pensar que de por sí un par de jueces más va a solucionar los vicios del Poder Judicial no es más que una maniobra para direccionarlo en su propio beneficio político.
El problema es de fondo, estructural. La justicia actual siempre estuvo y está condicionada por el poder político, nada tiene de independiente. Basta repasar ver cómo se eligen los jueces. En otra nota, explicábamos dicho mecanismo: “Lo hace el presidente de la Nación en base a una terna, con acuerdo de dos tercios del Senado. ¿Y quién decide las ternas? El Consejo de la Magistratura, que organiza los concursos para cubrir los cargos. ¿Y quiénes integran ese Consejo? 13 miembros: 3 senadores/as, 3 diputados/as y un/a representante del Ejecutivo, más 3 jueces/juezas, 2 abogados/as y un/a académico/a4. Con 7 sobre 13, la mayoría es del poder político. ¿Y cómo se saca a un juez? Mediante un jurado de enjuiciamiento, con 7 miembros del propio Consejo: 2 senadores/as, 2 diputados/as, 2 jueces/juezas y un/a abogado/a. Con 4 sobre 7, también ahí tiene mayoría el poder político”.[2]
Así queda explicitado el carácter antidemocrático del sistema judicial, más allá del número de integrantes de tal o cual tribunal.
Para cambiar de raíz esa institución, hoy adicta al poder político, privilegiada y clasista, que criminaliza a las luchas y luchadores populares mientras beneficia con prisión domiciliaria a los genocidas condenados, hace falta una verdadera democratización. Como venimos proponiendo desde el MST en el FIT-Unidad, la única reforma judicial real es elegir a todos los jueces, juezas y fiscales por voto popular, en fecha separada de las elecciones políticas, por períodos limitados en vez de vitalicios, que ganen como una directora de escuela y sean revocables en caso de mal desempeño. Junto con eso, implementar los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Si no, no habrá una justicia realmente independiente del poder político, sea cual fuere.
[1] Por ejemplo, con medidas cautelares que le permiten tener derechos de importación y así acceder a los escasos dólares del BCRA.
[2] https://periodismodeizquierda.com/un-fallo-que-falla-de-la-corte-para-abajo-que-cambiar/