Un incendio de grandes proporciones afectó a la refinería de YPF en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires el jueves 22 de agosto, sacando a la luz preocupaciones sobre la seguridad y la afectación ambiental en medio de una reestructuración de la empresa que promete menos personal, más sobrecarga laboral y, por lo tanto, nuevos peligros para los trabajadores de esta icónica empresa energética y la comunidad.
El último incendio
El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando se rompió una cañería que transporta petróleo crudo a la refinería, provocando un incendio que generó una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.
Más de 40 bomberos fueron movilizados para combatir las llamas, que fueron controladas ese mismo día. Solo después de que se controló completamente el fuego fue posible evaluar los daños a la infraestructura.
Un Comité de Crisis se estableció rápidamente en el lugar para gestionar la situación, manteniendo comunicación constante con las autoridades de seguridad de los municipios y la provincia.
Asimismo, se dispuso el cierre de la avenida 60 de Berisso para evitar accidentes de tránsito por la presencia de humo y de vecinos que se acercaron al lugar para ver lo que ocurría.
Afortunadamente no se reportaron heridos, pero la comunidad local expresó preocupaciones significativas sobre los posibles impactos ambientales, especialmente debido a la proximidad de la refinería con áreas residenciales y al fuerte olor que se extendió por la región.
La ONG “Nuevo Ambiente” brindó una entrevista a un medio local denunciando la falta de un plan de contingencia para los vecinos y alertando sobre la contaminación del aire con metales pesados.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente bonaerense, tras varios días de lo ocurrido, sigue sin hacer declaraciones.
Más humo en el horizonte
El incidente destaca la necesidad urgente de mejorar la seguridad en las instalaciones para prevenir hechos similares en el futuro.
Desde el inicio del gobierno de Milei-Villarruel quedó clara la intención de terminar de privatizar YPF -empresa que hoy funciona bajo la forma de Sociedad Anónima y cotiza en bolsa, con la mayoría de sus acciones en manos del Estado nacional-, sin embargo, los recortes que sufrió la original ley ómnibus hasta llegar a la Ley Bases los obligó a prescindir momentáneamente de una ley para desguazar la empresa; no obstante el objetivo sigue vigente y queda demostrado en la reestructuración en curso:
• Sobre la base de los contratos precarios que dejó el gobierno anterior se impulsa la no renovación, o sea despidos.
• Se impulsa el retiro anticipado del personal que se encuentra a un año de jubilarse.
• Las vacantes por no renovación de contrato, jubilaciones o retiros anticipados no son cubiertas con nuevo personal.
• Se calcula que en el último año la planta de personal sufrió una reducción de 100 puestos de trabajo y la gerencia anticipa que pretende eliminar otros 240 puestos más.
Estas políticas de reducción de personal generan sobrecarga laboral, incrementando el riesgo de fallas operativas, en una refinería que cuenta con tres grandes eventos similares en el última año y medio: abril de 2023, marzo de 2024 y agosto de 2024.
Las venas abiertas
Durante más de un siglo YPF pasó de ser una empresa modelo a sufrir distintos embates privatistas entre la dictadura y el menemismo. Luego el kirchnerismo impulsó la reposición estatal, con una tramposa indemnización a Repsol del 51% de sus acciones.
Lamentablemente, la política energética en nuestro país ha mantenido como único objetivo la inescrupulosa búsqueda de lucro y la subordinación extractivista semicolonial. Esto explica por qué, a pesar de que se incrementaron las reservas de hidrocarburos en nuestro país o se extienden gasoductos, no contamos con soberanía energética y los tarifazos hacen cada vez más difícil calefaccionar los hogares de la clase trabajadora.
También explica por qué la tan defendida desregulación laboral en los ’90, recargada en el kirchnerismo en el marco de los acuerdos con Chevron para la explotación de Vaca Muerta ha sepultado a decenas de trabajadores de esta industria y dejado a miles expuestos a ser despedidos, reemplazados y descartados como si nada.
Por último, esta orientación de YPF explica que el involucramiento de la empresa en la explotación de supuestas energías renovables no conduce a ninguna transición energética; en cambio, sirve a la especulación financiera y alimenta nuevos nichos de destrucción saqueo y destrucción ambiental mediante la industria del litio o el hidrógeno verde.
Una respuesta socialista
Desde el MST Frente de Izquierda Unidad defendemos un plan energético que tenga como pilares:
• Convertir toda la infraestructura energética en propiedad 100% pública: nacionalización de los bienes del subsuelo, de la refinería, distribución, comercialización, los puertos y desarrollar una la flota mercante estatal;
• Todo lo mencionado tiene que ser puesto bajo gestión obrera, con directorios de trabajadores, técnicos y especialistas, libre de lucro y de burocracias;
• Planteamos la necesidad de un plan de desarrollo de energías renovables para una verdadera transición energética, con estabilidad salarial y reconversión laboral de la mano de obra;
• Por una integración técnica-industrial y comercial latinoamericana, desde una perspectiva solidaria entre los pueblos.
Estas medidas suponen no solamente tirar abajo la contrarreforma laboral en curso en el sector, para lo cual necesitamos la mayor unidad en las calles sin ningún sectarismo. También supone construir una alternativa política de las y los trabajadores, sin ninguna atadura con las viejas estructuras políticas de cipayos y empresarios. Hay que construirla con la izquierda y con quienes viniendo del progresismo rompen con esa propuesta de decepción y macartismo.
Marcela Gottschald y Leonel Acosta