Una ola récord de calor, miles de vecinos varios días sin luz sin ninguna respuesta de la empresa, Larreta reprimiendo a los que protestaban y el gobierno nacional sin solucionar nada, aplicando una módica multa a la distribuidora de energía. Un desastre recurrente.
Pese al alivio de unos días frescos que este loco y desequilibrado clima nos regaló, además del récord en la térmica que sufrimos en medio de febrero se batieron otros récords, esta vez de abuso y de bronca.
El del abuso de una empresa privatizada, a la que le importa poco que toneladas de comida y medicinas se hayan arruinado en las heladeras sin luz de los barrios populares, que miles de enfermos y ancianos, sin aire ni ventilador, no hayan podido bajar de sus departamentos en pisos altos, ni que no hubiera agua suficiente para beber y asearse. Y mientras los vecinos reclamaban, en el medio del corte, se da un nuevo aumento de tarifas. Edesur, junto a la otra distribuidora Edenor vienen reclamando aumentos del 260% para sus servicios.
El accionar de la policía de Larreta y de su licenciado ministro, amigote de los jueces de Lago Escondido, Marcelo D’ Alessandro, fue reprimir, golpear, perseguir con motos y meter presos a los vecinos, cuyo delito era protestar por tener, en medio de una fuerte ola de calor, el servicio eléctrico interrumpido, sin respuestas claras o solución del problema por parte de la empresa.
Finalmente, los máximos responsables del desastre, los funcionarios y dirigentes del gobierno del Frente de Todos, protestaron contra la empresa cuya concesión sostienen hace años a pesar de un largo historial de incumplimientos, cortes y falta de inversiones. también protestaron contra la represión de Larreta. Protestaron… como si no tuvieran nada que ver.
Eso sí, después amenazaron con expropiarla, con comprarla a valor del mercado, con intervenirla, con terminar el abuso de la privatización menemista… para después retroceder en chancletas. Porque si desplazas a la empresa “te podés comer un juicio en el CIADI 1 ” y te sale más caro, “porque si la intervenís tenés que hacerte cargo de la conducción operativa y no conviene”. En definitiva, de todas las “posibilidades abiertas” como anunciaba en tono adusto y amenazante la vocera presidencial Gabriela Cerrutti, se terminó en una módica multa de $ 1.000 millones y la devolución del importe de la última factura para los vecinos afectados, un mecanismo de reclamo y un monitoreo técnico a la empresa.
Esta fue la última decisión del superministro y presidenciable Sergio Massa, la Secr. de Energía Flavia Royón y el titular del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), el massista Walter Martello. Muy cara para los usuarios, muy barata para una empresa que no invierte, exige aumentos de tarifas y miente supuestas pérdidas mientras el gobierno le acaba de condonar $ 66.613 millones, el 58% de la deuda que tenía con la transportadora mayorista Cammesa, de un total de $ 113.838 millones.
Además, la empresa controlante de Edesur, la multinacional italiana de la energía Enel, acaba de vender otras compañías de generación eléctrica que posee en el país: el paquete accionario del 75,7% de la empresa de generación térmica Enel Central Costanera y el 41,2% de las acciones de la empresa de generación térmica Central Dock Sud, por un total de U$S 102 millones. Como parte de venta de sus activos en el país, a raíz de una reconfiguración de los negocios mundiales de la empresa transnacional, incluye la venta de Edesur, las líneas de transmisión CTM y TESA, la transportadora de energía de Yacyretá (Yacylec) y la cesión de su concesión de la hidroeléctrica El Chocón, cuyo contrato se vence en 2024, cuando debería regresar a la órbita estatal.
Edesur reabre el debate: qué hacer con las privatizadas
Desde la derecha liberal, de JxC o Milei, la solución es muy clara. No sólo hay que mantener las privatizaciones actuales, sino que hay que reprivatizar las concesiones ferroviarias, Aysa, el Correo Argentino o Aerolíneas Argentinas y cerrar directamente todas las empresas públicas deficitarias. Hay que lanzar fuertes aumentos de tarifas, al estilo de los mega tarifazos de los primeros años de Macri, eliminar todo tipo de subsidios estatales, y en todo caso subsidiar una demanda acotada, de sectores muy pobres o discapacitados, que expresamente lo soliciten. En resumidas cuentas, no van a hacer falta cortes de energía, Ud. mismo va a bajar la palanca de la luz porque no la va a poder pagar.
Dentro de tanto cinismo empresarial, durante el último corte en CABA. Larreta criticó al gobierno nacional por no controlar las inversiones que debía realizar Edesur. Un discurso electoralero, teniendo en cuenta la bronca de los vecinos, ocultando que el gobierno de Macri nunca controló nada, puso de ministro a Aranguren, un CEO de Shell, lo que es como poner al lobo a cuidar las gallinas, y, de paso, le dió una manito a su amigo empresario, el macrista Nicolás Caputo, quien es nombrado como uno de los posibles oferentes para hacerse cargo de la empresa.
Los responsables de Enel argumentan falta de regulaciones, tarifas retrasadas y cuantiosas pérdidas para justificar su decisión de no invertir e irse del país. Los analistas independientes señalan, en cambio, que los negocios regulados con el Estado nunca le dan pérdidas a las privatizadas. Las concesiones de Menem fueron por 90 años, restan 60 de concesión. Según un estudio de la UNA2 las tarifas de electricidad entre 2015 y 2019 crecieron 7 veces en relación a los precios minoristas, sólo “entre 2015 y 2017 las tarifas de estas distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur) crecieron al menos más de 5 veces en dólares”. El retraso tarifario con respecto a la inflación del actual gobierno, fue a su vez, compensado con fuertes subsidios.
Un ejemplo del negocio que representa la distribución eléctrica en el AMBA se expresó con claridad con la compra de Edenor por parte de un grupo empresario amigo de Massa. Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, compraron la distribuidora eléctrica del norte de la Ciudad y el conurbano por apenas U$S 100 millones a inicios de 2021, hoy la acción ya vale dos veces y media el valor que tenía a la venta en esa fecha.
Tarifazos para cumplir con el FMI
Del lado del Frente de Todos existió cierto tironeo entre los sectores cristinistas, sin cambiar el esquema de privatizaciones menemistas que, salvo algunas excepciones, mantuvieron durante sus tres gobiernos. Preferían una política de sostener con subsidios –que pagamos todos con nuestros impuestos- a empresarios amigos o con los que se pudieran armar buenos negocios. Tenían discusiones con el ex ministro Guzmán, que, atento a los pedidos del Fondo, pretendía ajustes tarifarios para cumplir con las metas del FMI. Las diferencias fueron liquidadas en el acuerdo con Massa, que ya largó aumentos de tarifas, superiores incluso a las que el ex ministro reclamaba.
Así que ahora, en la meta de reducir subsidios para achicar y llegar a la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI, que para este año exige el acuerdo con el Fondo Monetario, las tarifas van a seguir subiendo. Se calcula que, en el 2022 con el enorme incremento de la energía por la crisis internacional y la guerra, estos aumentos produjeron que los subsidios energéticos sólo se incrementaran en un 8% y que el total de las subvenciones estatales bajaran un 0,4%. Si tenemos en cuenta que durante el periodo final del último gobierno de Cristina lo invertido en estos subsidios estribaba en un 4% del PBI, podemos ver la magnitud de los recortes y aumentos tarifarios en curso3.
Esta reducción del déficit fiscal se ha convertido en la receta mágica para ordenar nuestra economía y pagar la deuda. Según Milei y los liberales de JxC el déficit es el responsable de la inflación, de que los empresarios no inviertan, de todos los males. Para Massa también. Rubinstein habla incluso de lograr superávit primario como en las épocas de Néstor Kirchner. O sea, más achique de las prestaciones sociales, partidas para jubilaciones, asignaciones, planes sociales, sueldos estatales, salud y educación públicas, obras de infraestructura o viviendas populares, como exige el Fondo. Máximo, en medio de la campaña electoral, cuestiona algunos recortes, pero no deja de sostener a Massa que los aplica.
Si para muestra basta un botón, son muy interesantes las declaraciones de un economista top del imperio yanqui como es Jeffrey Sachs, quien, a pesar de exculpar las políticas del FMI de las crisis que atraviesan nuestros países y echarle la culpa a las agencias internacionales calificadoras de riesgo, afirma: “creo que la paradoja de Argentina es que si tomás las estadísticas fiscales de Argentina y las comparas con las estadísticas fiscales de los Estados Unidos o de un país europeo típico, no dirías que Argentina tiene algo inusual en el déficit presupuestario, en la deuda, en el nivel de recaudación de impuestos sobre el PBI o en la tasa del gasto público. Argentina se vería completamente normal. Pero luego ves que la Argentina tiene una inflación del 100% mientras que con los mismos datos fiscales estos otros países tienen una inflación del 5%”. 4
Más allá de nuestras diferencias con este defensor de la economía capitalista, sus afirmaciones en torno a la magnitud del déficit fiscal de nuestro país enfrentan todas las argumentaciones de los economistas de la derecha liberal, desde los liberales como Milei o Melcomían, hasta Massa o Rubinstein. La crisis que atraviesa la economía y sus empresas públicas son responsabilidad de los que manejan las finanzas internacionales y han endeudado espuriamente al país, el FMI, los fondos buitres y también, como parte del sistema, las calificadoras de riesgo a las que Sachs le echa unilateralmente la culpa.
Un modelo totalmente distinto. Nacionalizar sin pago y con control social Edesur y todas las privatizadas
La crisis energética que atraviesa nuestro país, con un territorio riquísimo en recursos naturales y fuentes de energía, es una paradoja similar a que tenemos un país lleno de comida y millones que comen mal y muchos chicos desnutridos. Esa paradoja se llama capitalismo. Un capitalismo que no tiene nada de “eficiente”, como le gustaría a Cristina y sí mucho de salvaje como es su verdadera naturaleza, en la búsqueda de maximizar sus ganancias a cualquier costo.
Un capitalismo que exige, por ejemplo, sostener una matriz extractiva, con poco agregado de valor industrial, para someter al país como en épocas de la colonia Por eso junto al avance de una economía orientada a la exportación de soja y otros cultivos con poco valor agregado, ahora el modelo de desarrollo es reforzar esa matriz con la exportación de energía, sea utilizando los recursos de Vaca Muerta, como aprovechando la enorme reserva de litio que posee el país.
La privatización de las empresas públicas: servicios malos y caros
Con un fuerte impulso en la dictadura militar y luego en la década menemista, se fue cambiando por exigencias del imperialismo a una matriz semi cerrada de nuestra economía, en la cual existía un desarrollo industrial de sustitución de importaciones, por otra al servicio de la penetración del capital imperialista con todo tipo de desregulaciones comerciales y financieras.
En ese marco, las viejas empresas públicas que, como YPF, habían contribuido al desarrollo del país, se convirtieron en un botín de guerra. Con la excusa de la desinversión, de la que eran objeto en muchos casos, y los malos servicios, producto de una corruptela constante entre los funcionarios a cargo y los empresarios que negociaban con el Estado. Así se produjo un desguace completo de un patrimonio que llevo décadas construir y que fue producto del esfuerzo de varias generaciones.
Vendidas por papelitos devaluados de la fraudulenta deuda externa argentina, perdimos el control de la petrolera estatal YPF, de los Ferrocarriles, de Aerolíneas, de la Flota Naval y astilleros, de la empresa de Telecomunicaciones, del resto de las generadoras y distribuidoras de Energía, del Correo, etc.
Las empresas que intervinieron en las privatizaciones hicieron grandes negocios, cerraron las ramas que no les producían fuertes ganancias y despidieron personal. Se impuso una nueva matriz en el manejo de las empresas públicas que se mantiene hasta el día de hoy.
Las consecuencias de este modelo privatista fueron que los capitales multinacionales exprimieran a las empresas como un limón y, cuando les extrajeron todo el jugo posible, las malvendieron o el Estado volvió a recuperar el control de algunas de ellas. Muchas veces ante la falta total de inversiones mínimas necesarias para su mantenimiento. Luego, en varios casos, se pagaron indemnizaciones leoninas a las privatizadas para que abandonen su negocio, cuando en realidad debían de ser expropiadas sin pago e incluso incautar todos sus bienes posibles, por los grandes incumplimientos que incurrieron.
La resistencia de los trabajadores y el pueblo logró en algunos casos frenar la voracidad privatista, como fue la lucha de los trabajadores el Astillero Rio Santiago o de los trabajadores ferroviarios y los familiares de las víctimas de la Masacre de Once, contra Cinigliaro y los funcionarios kirchneristas.
La reestatización trucha de YPF
Un ejemplo claro de la política del PJ, que De la Rúa continuó y el kirchnerismo después, fue el caso de la “renacionalización” de YPF. La privatización menemista provocó el desguace de una empresa que controlaba el 90% de la producción de crudo y gas en el país. Oscar Parrilli fue el miembro informante de la bancada del PJ, un acto que hasta el día de hoy reivindica el kirchnerismo con la excusa del traspaso a las provincias de las regalías petroleras.
La española Repsol agotó la mayoría de la capacidad de los pozos que YPF había explorado durante años e invirtió poca cosa. El país perdió además su autoabastecimiento energético. Cristina en el 2012 compró el 51% de sus acciones, manteniendo su estructura como Sociedad Anónima, con mayoría accionaria estatal. Tendría que haberla expropiado sin pagar un peso, ya que Repsol incumplió todas sus obligaciones. El gobierno pagó U$S 6.000 millones a la empresa española y queda un juicio pendiente ante los tribunales de Nueva York por otros U$S 3.000 millones.
Como la operación se realizó con títulos públicos valuados por debajo de su valor nominal, la Argentina debió entregar a Repsol más documentos públicos para cubrir los montos acordados con los que la operación subió hasta U$S 10.000 millones. Pero, además, dos accionistas minoritarios, Eton y el grupo Petersen de la Argentina, disconformes con la operación, vendieron sus acciones al fondo buitre Burdford Capital y ahora el país afronta una demanda por otros U$S 8.500 millones. Esto sin hablar del desguace ferroviario, en un país en que el transporte de carga se hace en camiones con un gasto mucho mayor.
Cambiar el modelo
En este marco, las diferencias entre el modelo aplicado por el kirchnerismo y el PJ y el sostenido por la derecha liberal, son de matices. Los primeros sostienen un modelo privatista esgrimiendo un discurso nac&pop que se da de patas contra el verdadero negocio.
Desde el MST en el FITU reclamamos la inmediata apertura de los libros contables de todas las empresas privatizadas para demostrar que donde lo aducen perdidas en realidad existen fuertes ganancias y negociados. Como salida de fondo plantemos la nacionalización sin pago de todas las empresas de energía y todas las privatizadas y la incautación de todos los activos que posean en el país para cubrir lo que se robaron, y además el desconocimiento del CIADI como tribunal arbitral.
Esta reestatización debe hacerse con control social, con el control de sus trabajadores y usuarios, para de esta manera evitar que funcionarios corruptos vuelvan a vaciarlas en complicidad con empresas amigas, como hicieron en el pasado. Negamos por completo el discurso que sostiene que no tenemos conocimientos técnicos para sostenerlas y desarrollarlas. En el país sobran trabajadores, técnicos, ingenieros y desarrolladores con los conocimientos necesarios.
Por último, este modelo de empresas públicas debe realizarse en el marco de un modelo económico distinto que, privilegiando las necesidades de la población y de un desarrollo productivo soberano anticapitalista, rompa con el FMI y los buitres internacionales y genere una matriz productiva distinta, que cuide el desarrollo ambiental y el bienestar de la población y no las necesidades de ganancias fáciles de las multinacionales.
1. CIADI. Tribunal internacional para dirimir diferencias en los contratos entre los Estados y las empresas privadas, que opera como un brazo de las multinacionales a las que favorece con sus fallos.
2. Fuente: “Es necesario estatizar los servicios públicos”, escrito por Germán Pinazo, web de FeTERA, 19/04/2021.
3. Fuente: “Una Edesur bajo gestión estatal: ¿sueño o pesadilla política para el kirchnerismo?”, IProfesional, 20/02/2023.
4. Programa Brotes Verdes, conducido por Alejandro Bercovich, 14/02/2023.