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El silencio como estrategia parece haberse convertido en el denominador común entre los imputados de la causa que investiga la red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Las indagatorias y la figura de Calvete, el operador paraestatal del entramado de corrupción.
Luego de que Miguel Ángel Calvete, señalado como el operador clave y director paralelo del organismo, se negara a declarar frente al fiscal Franco Picardi, el pasado martes, este miércoles le tocó el turno a Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANIDS y abogado personal del presidente Javier Milei. Ambos imputados decidieron no declarar, ni responder a ninguna pregunta, casi que una respuesta en relación a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ellos, además de la contundencia en las pruebas acumuladas, que incluyen chats, audios y seguimientos que delinean un entramado delictivo que terminó desviando miles de millones de pesos destinados a los sectores más vulnerables.
Spagnuolo, quien llegó a Comodoro Py acompañado de su nuevo abogado, Mauricio D’alessandro, escuchó la imputación por fraude al Estado y luego se limitó a negar los delitos atribuidos, rechazando responder cualquier pregunta. La acusación lo señala como el máximo responsable de un circuito de direccionamiento de compras y sobreprecios que operó de manera sistemática desde que asumió el gobierno libertario.
Según la fiscalía, bajo su conducción, la ANDIS funcionó como una organización delictiva que manipulaba las licitaciones para beneficiar a un puñado de droguerías y laboratorios cercanos, estableciendo sobreprecios que iban del 10% a casos extremos del 1900%, como se detectó en el medicamento Burosumab.
El operador paraestatal: Miguel Ángel Calvete, una carrera en las sombras
Detrás de la fachada institucional de la ANDIS, la figura de Miguel Ángel Calvete se posiciona como el eje central de esta trama. Sin tener un cargo formal, actuó como un verdadero jefe paraestatal, un operador que movía los hilos con una impunidad extraordinaria.
Su historial personal es un recorrido por los sótanos de la política y los negocios turbios. Su historia, variopinta, abarca episodios como ser un ex concejal de Cambiemos en La Matanza, hasta estar ligado a la causa AMIA, específicamente en el capítulo que investigaba la pista de los carapintadas.
Pero a medida que se escarba en su historial la cuestión se oscurece un poco más. Calvete fue presidente de la Federación de Supermercados Chinos, cargo en donde tejió una red de contacto y operaciones financieras opacas. Sin embargo, uno de los episodios más escandalosos de su historia es su condena firme a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica de la prostitución ajena. Junto a su hermano y otro imputado, fue hallado culpable de dirigir una organización que facilitaba la prostitución de mujeres mediante contratos leoninos en departamentos de la Ciudad de Buenos Aires. Este delincuente, en lugar de ser marginado, encontró en la gestión libertaria el ecosistema perfecto para reciclarse y trepar a una escala delictiva impensada.
Volviendo a su vínculo con la causa ANDIS, Calvete fue un articulador total. Los chats intervenidos lo muestran dando órdenes a funcionarios, organizando entregas de dinero en efectivo y refiriéndose con desprecio a sus socios, como cuando llamó “el boludo del pelado” a Spagnuolo mientras gestionaba un pago de cinco millones de pesos para su viaje a Israel. Su domicilio, compartido con su hija Ornella, funcionaba como una central de operaciones, Fue en ese lugar donde, en un allanamiento, se secuestraron U$S 700.000, una suma que estaría relacionada a ser una fracción del botín obtenido del vaciamiento del organismo.
La aparición de su hija, Ornella Calvete, agrega otra capa de escándalo a este entamado de corrupción. Hasta hace unos días, la joven ocupaba un cargo de confianza en el ministerio de Economía, bajo la órbita de Luis Caputo, como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Al momento donde el escándalo estalló, presentó su renuncia. Los chats con su padre, no dejan mucho para la imaginación. En ellos, Ornella no solo está al tanto de las operaciones de su padre, sino que participaba activamente, consultándole cómo manejar los conflictos con proveedores y garantizando acuerdos. En una conversación, su padre, le asegura que un problema se resolvería “con el 3% a KM”, una abreviatura que la fiscalía interpreta como una referencia directa a las coimas destinadas a Karina Milei, el jefe, la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.
El despliegue de este entramado consistía en amañar el sistema de compras mediante “compulsas reducidas“, invitando solo a tres o cuatro droguerías previamente seleccionadas, lo que anulaba toda competencia real y permitía fijar precios arbitrarios. Empresas como Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. se turnaban en un juego de roles para simular competencia mientras se repartían un botín que supera los $43.000 millones. Los fondos, obtenidos de manera adulterada, luego eran blanqueados a través de una compleja red que incluía a Sergio Mastropietro, ex socio de Federico “Fred” Machado, el extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y socio del ex candidato a diputado José Luís Espert.
Lejos del objetivo anunciado de destruir la casta, el gobierno de Milei, parece haber encontrado en sus operadores más oscuros los socios ideales para saquear el Estado. La corrupción estructural que este escándalo revela no es un hecho aislado, sino la expresión de un modus operandi para ejecutar el vaciamiento sistemático en perjuicio de los más débiles. Los fondos para medicamentos de alto costo y discapacidad eran desviados impunemente mientras el gobierno recorta pensiones, aumenta tarifas y aplica un ajuste feroz sobre las mayorías populares.
Frente a esta realidad, confiar en que la justicia ordinaria, con sus ritmos lentos y sus pactos con el poder, pondrá fin a este tipo de entramados, resulta un pensamiento medianamente ingenuo. El ocultamiento que están teniendo los nombres de Karina Milei y Lule Menem en los escritos formales de la justicia, a pesar de que las escuchas los mencionan explícitamente, es una señal clara de los límites que la investigación enfrentará.
La pelea contra estos casos de corrupción, que al mismo tiempo es de las caras más brutales del ajuste, en la justicia solo puede tener avances parciales si no existe un proceso de movilización que presione a los actores de este poder. Por eso es que se necesita una intervención radical, con la conformación de una comisión investigadora independiente: integrada por personalidades intachables, con facultades plenas para revisar todas las contrataciones del Estado y determinar las responsabilidades de todos los implicados, hasta las más altas esferas del poder. Una especie CONADEP de la corrupción
Solo la presión desde abajo, la organización y la lucha en las calles, puede garantizar que los culpables paguen y que los fondos de los trabajadores dejen de ser el botín de una banda organizada que hoy tiene a sus principales cabecillas en la Casa Rosada.
