El 20 empieza el juicio oral a Facundo Molares, cuya libertad y no extradición a Colombia le exigimos al gobierno nacional. Como a Facundo lo mantienen detenido en Ezeiza, los abogados de la defensa deben asistirlo dentro del penal, lo que implica una clara desventaja frente a la fiscalía.
Mientras transcurre el juicio, en la puerta se realiza un acto unitario, del que participa nuestra compañera Vilma Ripoll.
Asimismo, siguen detenidos Oscar Santillán, Jaru Rodríguez Carrero y Julián Lazarte por la protesta anti-FMI en Plaza Congreso; la dirigente jujeña Milagro Sala desde hace seis años por liderar un acampe; los delegados camioneros nicoleños Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por un piquete ante una empresa; los obreros petroleros santacruceños Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González condenados a perpetua por la causa Sayago, y hay algunos otros presos más.
Sí, en la Argentina del gobierno «de los derechos humanos» hay presas y presos políticos, presas y presos por luchar.
Cierre de causas a Alejandra y a todos los que luchan
En Catamarca, a nuestra compañera Alejandra Figueroa, referente del MST Teresa Vive, por haber ido días atrás a solidarizarse con familias sin techo que tomaron un terreno público, la fiscalía le imputa tentativa de usurpación. A los tres compas de Congreso, asociación ilícita. A los camioneros, extorsión y coacción. Y todo así: utilizan figuras penales más duras para acallar la protesta social y criminalizar al activismo.
El colmo es el gobernador jujeño Gerardo Morales, que a la justicia federal y provincial le sumó un tercer fuero, digitado por él, para castigar los «delitos contra la administración pública», o sea los reclamos sociales. Además, como pasó con los referentes piqueteros Copello y Chorolque, por el mismo hecho te abren una causa penal y otra contravencional, siendo que el derecho romano ya impedía esto desde el siglo VI…
A esta persecución se le suma el uso creciente e indiscriminado de las videocámaras y sistemas de identificación biométrica para montar causas penales. Si bien un reciente fallo del juez porteño Andrés Gallardo los suspendió, el gobierno de Larreta, el mismo que mandó a su policía a reprimir en el INCAA, pretende avanzar con ese dispositivo represivo.
Como los gobernantes quieren imponer el ajuste del FMI, recortan los derechos democráticos y endurecen la represión y la persecución judicial. Más que nunca es preciso unir fuerzas por la libertad de las presas y presos políticos, y por el desprocesamiento de quienes salen a luchar.