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Recientemente tuvo media sanción en la cámara de Diputados la ley de baja de la edad de punibilidad que viene siendo impulsada por la derecha reaccionaria del gobierno y aliados como la salida por excelencia ante el delito “creciente” en la juventud, cosa que no se verifica en estadísticas. Es una medida que lejos de resolver los problemas sociales estructurales, responsabiliza a las infancias y adolescencias, que representan hoy en cambio las mayores estadísticas en pobreza e indigencia. Más que aumentar penas, se necesita aumentar presupuesto para trabajo con derechos, urbanización, vivienda, educación, salud y recreación.
Las reformas, la reacción y la democracia
Entre quienes habitamos los espacios de lucha contra la violencia institucional, necesitamos hacer un análisis crítico del rol y la utilización del parlamento, siendo que este, no pone énfasis en garantizar los derechos sociales. En este caso, casi sin debate y de manera expres, responden a un posicionamiento electoralista, y en esto la ultraderecha mileista no ha estado sola, sino que contó con los radicales, el PRO, la Coalición Cívica, armados provinciales de Tucumán, Misiones y Salta y hasta los diputados con perfil “progresista” de Provincias Unidas como Lousteau y Paulón.
El gobierno de Milei, desde su comienzo, plantea un régimen más autoritario y con menos derechos frente a un escenario social y económico que ya resultaba complejo para las mayorías. Durante el 2025, vetó todas las leyes urgentes impulsadas por las luchas de los trabajadores y los sectores populares, como la ley de emergencia pediátrica, la ley de financiamiento universitario y la ley de discapacidad. Todas fueron conquistadas con la movilización y violentadas institucionalmente por el gobierno impidiendo su aplicación en reiteradas oportunidades.
La realidad es particularmente dura para las infancias y adolescencias: mientras se discuten mayores niveles de criminalización, se desfinanciaron los fondos para programas socioeducativos, se ataca el acceso a la salud como se expone en el conflicto del Hospital pediátrico Garrahan, el derecho a la vivienda está masivamente cuestionado para las mayorías para quienes es ya de por sí difícil alquilar, la informalidad laboral, la precarización y la desocupación es creciente, han destruido los ya de por sí pocos dispositivos interdisciplinarios descentralizados del SEDRONAR, para poder abordar el consumo problemático en los barrios y hasta se niegan a entregar asistencia alimentaria a comedores populares. Sus armas correlativas en el plano de la batalla cultural de toda esta marginación de las infancias y adolescencias son la meritocracia y el “sálvense quien pueda”.
Si observamos las estadísticas, la Corte Suprema de Justicia en su informe “Niños, niñas y adolescentes en la Justicia Penal de Menores” anuncia para el primer semestre de 2025 945 casos ingresados por Juzgado. En total se registraron 872 causas, un 5,2% menos que en el primer semestre de 2024. El 81% son delitos contra la propiedad, a diferencia de los adultos que son el 40%. Es decir, con una gran campaña mediatica y efectista desde el Congreso, el gobierno y parte de los medios masivos de comunicación, se plantea como un problema generalizado que no se comp´rueba en las estadísticas. Al margen de ellos, las pocas medidas complementarias y contemplativas de un régimen especial para franja etaria resultan papel mojado, ya que no se asigna presupuesto para infraestructura ni programas específicos. Es decir, los menos de 14 quedan a merced de la estructura carcelaria colapsada y denunciada por condiciones inhumanas de adultos así como también quedan expuestos a las detenciones en comisarias y destacamentos.
En el país de los 30.000, a 50 años del golpe, con la resistencia al punitivismo en nuestros movimientos de derechos humanos, contra la represión y también en la comunidad LGBTI y el movimiento de mujeres, sabemos que la deuda de la democracia es estructural con los trabajadores.
Y aquí a lxs socialistas revolucionarios nos gustaría detenernos, porque apoyar esta ley, parte del paquete estructural de medidas de Milei para imponer un cambio de régimen, le da la espalda a las luchas democráticas y sociales que en el marco de la unidad de acción se libran en las calles. dos peleas que la sociedad viene planteando durante todo este período. De manera hipócrita y con una orientación clasista se discute como urgente el hurto solo cuando este está en manos de infancias pobres pero no se cuestiona la cultura de la expropiación legalizada que implica, por ejemplo, la especulación financiera, la cripto estafa que cumple un año, la deuda externa o el reciente blanqueo de capitales. Esta ley se combina con un fuerte ajuste a toda la clase trabajadora, que representa también un traspaso de recursos de jubiladxs y trabajadores activos a manos de la economía concentrada.
Violencia institucional provincial y la famosa “responsabilidad juvenil”
Por todo lo anterior, la juventud tiene cuestionada la posibilidad de un futuro digno, es el chivo expiatorio del cambio a un régimen represivo que la necesita amordazada y violentada. En este marco, el Partido Socialista junto a sus diputados definieron acompañar el proyecto de Milei y la Libertad Avanza para criminalizar la juventud. Uno de ellos fue Esteban Paulon integrante de la COMO e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT. Bajo estas representaciones recibió el reconocimiento en la última marcha del orgullo por ser “Un militante que, al llegar a esos espacios de poder, no dejó atrás su activismo, ni su orgullo, ni su compromiso con cada derecho ganado. Una voz que nos representa y nos llena de orgullo, que se levanta con fuerza en el Congreso, poniendo límites a los discursos de odio y sosteniendo con convicción nuestras banderas.” Este reconocimiento se dió en la marcha que hace años lleva en sus consignas: “No a la ley de reiterancia que vulnera el principio de inocencia. No a la baja de edad de imputabilidad. No a los proyectos del gobierno de reforma del Código Penal”. Debatamos algunos de sus argumentos.
En una publicación del 2 de febrero, cuando comenzaba el debate, el Partido Socialista proponía discutir que “no solo es la edad, sino qué Estado, qué presente y futuro para los jóvenes y qué Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil queremos”. Sostienen que “la principal deuda del Estado es social antes que penal” y señala “que cuando el 50% de las infancias crece en lugares pobres el problema central no es la falta de castigo, sino la falta de presencial estatal, oportunamente y sostenida” para terminar denunciando que este gobierno “Sólo puede ofrecer mano dura”. Después de señalar todas las parcialidades del punitivismo se dedican a señalar porque impulsan un régimen especializado juvenil pero finalmente le proponen a la sociedad un camino caro para el estado e ineficaz para construir futuro el de Milei y la derecha.
El razonamiento del que parten es la lógica posibilista de mejorar lo que propone el proyecto de Milei y el de Massa: una lógica de resignación. Y a su vez pone todo el peso sobre el parlamentarismo, que termina siendo un veneno para la movilización social. Por otro lado, se busca establecer garantías estatales para los adolescentes en conflicto con la ley penal, porque se parte de aceptar como inmutable las condiciones sociales de vida, que esas deberían ser las garantías estructurales por las que hay que luchar primero.
Por eso, resulta vergonzoso los votos de los sectores ajenos a Milei, los aliados de Pullaro y los armados provinciales, que sumaron la posibilidad de la media sanción. En Santa Fe los aliados del PS, sostienen la estructura del narcotráfico, la complicidad de la policía y jueces corruptos que se dedican a cazar infancias en lugar de desmantelar el negocio desde la cúpula. Asi como también expropian bienes comunes y usan de la represión policial contra los luchadores. Es en ese contexto provincial que pretenden responsabilizar a las infancias y adolescencias de la cuestión social que el capitalismo con sus gobiernos agravan.
Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir
El gobierno planea robarse cualquier ilusión de estabilidad en nuestras vidas. Desde impedirnos educarnos en condiciones dignas, tener trabajos para vivir y no para que se nos consuma la vida, impedirnos la ESI cuando el segundo delito de la juventud es la integridad sexual ejercida por varones. Lo que especialmente preocupa es que quienes se enbanderan de los derechos humanos empoderen a las fuerzas represivas, a esa maldita policía que se llevó a Luciano Arruga, a Sofi Fernández y a muchos más para no devolverlos. Porque no quieren corregir ningún mal social, no odian, sabe que desde está clase desposeída surgirá la organización que no los dejará continuar con su plan de destrucción y por eso toman la ofensiva.
Se impone la necesidad de luchar contra y polemizar con estas contradicciones estructurales. Tenemos el desafío de poner en pie un plan de lucha para priorizar las necesidades reales de infancias y adolescencias: un shock de inclusión social, reducción de la jornada laboral, inversión escolar, en deporte y cultura, salud, justicia y seguridad.
Dar voz a estos reclamos es crucial, terminar “mejorando” la ley sin que esta resuelva, sino por el contrario, persiga a quienes son expulsados por el propio sistema, es definitivamente ser cómplice, y es ubicarse en la vereda de enfrente.
