El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto bautizado “Inocencia Fiscal”, cuya lógica principal es darle un giro al régimen penal tributario: quienes hayan vivido con “dólares debajo del colchón” o activos no declarados podrían regularizar su situación sin ser perseguidos penalmente. Obviamente en sintonía con la fiebre de búsqueda de dólares para reserva que tiene el gobierno.
¿Qué propone la ley?
Los principales puntos del proyecto:
- El piso para que la evasión se convierta en delito sube de AR$ 1,5 millones a AR$ 100 millones
- Para la evasión agravada, el mínimo pasa de AR$ 15 millones a AR$ 1.000 millones.
- Se reduce el plazo de prescripción de deudas tributarias de 5 a 3 años.
- Se implementa un régimen simplificado del impuesto a las ganancias, con requisitos más laxos y sin necesidad de justificar patrimonios o consumos, lo que facilita que fortunas ocultas entren al circuito formal sin controles serios.
Según los impulsores, la ley busca “recuperar confianza”, “atraer inversiones” y permitir que “quienes ahorraron en dólares” los ingresen al sistema formal.
¿Por qué beneficia principalmente a evasores y grandes patrimonios?
Este paquete legislativo actúa como un verdadero blindaje fiscal para quienes evadieron impuestos o atesoraron divisas sin declarar:
- Los nuevos umbrales dejan fuera del alcance penal a una enorme cantidad de evasores —incluso si los montos ocultos superan por mucho el promedio de ingresos declarados.
- La reducción del plazo de prescripción favorece maniobras complejas de ocultamiento: hace más probable que las deudas queden impunes antes de que sean investigadas.
- El régimen simplificado de Ganancias permite justificar consumos y patrimonios elevados sin dar explicaciones, una puerta abierta al lavado de activos o la legitimación de fondos opacos.
- En la práctica, la norma ofrece un salvoconducto: “regularizá lo que no declaraste, pagá lo mínimo, y no te preocupes por la Justicia”.
Esta desregulación masiva no solo beneficia a evasores comunes, sino que podría abrir las puertas al lavado de dinero, capitales ilícitos y corrupción de élites.
Recorte social, ajuste generalizado y reforma estructural
Este proyecto no aparece solo. Forma parte de un paquete más amplio —reforma impositiva, laboral y previsional— con el objetivo declarado de “reducir la presión fiscal” y “atraer capitales”.
Mientras tanto los salarios reales siguen cayendo, aumenta la precariedad laboral, se debilita la recaudación progresiva, los servicios públicos y las protecciones sociales están bajo ajuste.
En ese marco, la “Inocencia Fiscal” se convierte en una maniobra de trasvasamiento de recursos: del bolsillo popular hacia los fondos de quienes evitaron pagar impuestos, mientras el Estado se debilita.
Impunidad fiscal
Este proyecto redefine quién paga la crisis y quién presiona para salir de ella. En los hechos, significa:
- Mínimas consecuencias para evasores: legalización de capitales, impunidad, desaparición de causas penales.
- Más carga sobre quienes tributan legalmente (asalariados, pymes, consumo popular).
- Menos fondos públicos: caída de la recaudación real, debilitamiento de salud, educación, infraestructura.
- Aumento de las desigualdades: favorece a los de arriba, agrava la situación del resto.
La “Inocencia Fiscal” no es una medida técnica ni un simple incentivo para regularizar activos. Es una amnistía a evasores, un blindaje para las fortunas ocultas y un paso más hacia un modelo de sociedad donde la impunidad fiscal es parte del sistema.
En un país golpeado por la crisis, el ajuste, la precarización y el recorte de servicios, esta ley señala claramente hacia dónde va el gobierno: dar privilegios a quienes concentran riqueza y castigar al pueblo trabajador. Lejos de eso una verdadera política para resolver la economía real seria un impuesto a las grandes fortunas que son los que enriquecidos pueden pagar y no seguir hambreando a las y los trabajadores.
