El proyecto de ley que presentó Alberto propone extender, entre otras, las licencias laborales de personas gestantes y no gestantes, y crea algunas licencias nuevas. Un avance largamente reclamado por el movimiento feminista, pero insuficiente para una verdadera política pública integral de cuidados.
El lunes 2, junto a su ministra Elizabeth Gómez Alcorta, Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear el “Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (SINCA)”.
- Se dispone que las licencias para personas gestantes se extiendan de 90 a 126 días. Para la persona cónyuge o conviviente del/la gestante, la antigua licencia por paternidad se ampliará de modo gradual: de 2 a 15 días al aprobarse la ley, a 30 días a los dos años de vigencia, a 45 días a los cuatro años, a 60 días a los seis años y a 90 días a los ocho años.
- Se crea la licencia para adoptantes, que será de 90 días, y otra de 2 a 12 días para las visitas previas a la adopción. En el caso de quienes usan técnicas de reproducción asistida, la licencia del cónyuge/conviviente se extenderá de 3 a 10 días.
- En caso de nacimiento o adopción múltiple, la licencia será de 30 días por cada hijo a partir del segundo. Lo mismo si es nacimiento prematuro. En caso de nacimiento o adopción con discapacidad o enfermedad crónica, será de 180 días.
- La licencia por defunción del cónyuge/conviviente o hije, pasará de 3 a 5 días. Por muerte de hermane, de 1 a 3. Por cuidado por enfermedad de persona a cargo, de 2 a un máximo de 20. Y la licencia por violencia de género será de hasta 20 días al año, como ya se había comprometido la Argentina cuando firmó el Convenio 190 de la OIT.
Un avance, pero insuficiente
El proyecto reconoce el reclamo de muchos años del movimiento feminista de ampliar las licencias para facilitar los cuidados. A su vez, ampliar la licencia del cónyuge/conviviente, en su mayoría padres, ayuda a que compartan esas tareas con la mujer u otra persona gestante. La ley incluye a quienes trabajan en relación de dependencia, personal agrario y de casas particulares, estatales nacionales, monotributistas y autónomos. O sea, es un avance en cuanto a lo que rige hoy. Aun así, vemos importantes problemas e insuficiencias:
- Las licencias las cubrirá la seguridad social y no los empresarios. Pero si ya la ANSES viene con déficit y los jubilados de la mínima ganan apenas $ 29.000, ¿cómo sumar un nuevo egreso, sin que sea guerra de pobres contra pobres? Para aumentar realmente la recaudación habría que restablecer ya mismo los aportes patronales y combatir la no registración y precarización del empleo, que llega casi al 40% de la fuerza laboral. Pero esto el gobierno de Alberto y Cristina no lo hace.
- Además, quedan por fuera de la ley las y los desocupados y trabajadores informales, que en nuestro país son millones de personas. Para las y los beneficiarios de planes de ayuda social, por fuera de la AUH, esta nueva ley no incorpora ni un solo beneficio, lo que de hecho es profundizar la desigualdad. Esta inclusión social el gobierno de Alberto y Cristina no la hace: al revés, amenaza con cerrar las latas de planes y hasta con quitarlo a quien protesta. Y también queda por fuera de la nueva ley el personal estatal de las provincias, que deberían igualar sus licencias.
- Lo principal: la ley se llama “sistema integral de cuidados”… Pero como siempre con este gobierno, mucho título para poco anuncio. No es ningún sistema integral, sino sólo ampliar licencias. Un verdadero sistema integral debería socializar el conjunto de tareas domésticas, en su mayoría en manos de mujeres, por décadas y no remuneradas, que son imprescindibles para el funcionamiento social. Esos cuidados gratuitos que garantizan la mano de obra actual (cónyuge) y futura (hijes) benefician a los capitalistas, cuyos bolsillos es lo que siempre cuida este gobierno de Alberto y Cristina.
Sólo poniendo en pie una red de miles de guarderías y jardines de infancia, con doble jornada en todas las escuelas, comedores y lavaderos comunitarios, establecimientos geriátricos y para personas con discapacidad, públicos, con personal especializado y en todos los barrios, se podría hablar de un auténtico sistema integral donde el Estado asuma buena parte de las tareas de cuidado. La única experiencia similar en ese rumbo fue en los primeros años de la Revolución Rusa, con el gobierno de Lenin y Trotsky. A eso apuntamos, para que sea digno de tal nombre.
Iara Saldungaray y Pablo Vasco