Luego de las protestas ante el Congreso contra la ley ómnibus, en donde Bullrich puso a prueba su protocolo represivo, el juez federal Casanello tomó nuestra acción judicial dirigida a suspenderlo y declararlo inconstitucional. Pero la ministra logró que el juez de cámara Eduardo Farah aparte a Casanello de la causa y la mande a otro juzgado que ya se había declarado incompetente. La batalla sigue. De nuestra parte, rendirse no es opción.
Nuestra acción tuvo y sigue teniendo mil vueltas de calesita en la justicia. El tema tiene eco en los medios. Lo primero es reafirmar que gracias a nuestra lucha colectiva Bullrich se tuvo que sentar a dar explicaciones sobre su protocolo.
En las grandes marchas protagonizadas por la multisectorial independiente, formada por el sindicalismo combativo, asambleas barriales, el movimiento socioambiental, de derechos humanos, el colectivo Unidxs por la Cultura y por supuesto la izquierda, denunciamos esta política represiva. La misma que aplicaron cuando nos manifestamos y terminó con detenidos y heridos por las balas de goma, los palazos y los gases. En ese marco, Casanello asumió nuestra causa -que había sido paseada por ocho juzgados y una cámara- y le reclamó al Ministerio de Seguridad que se adecúe a las normativas nacionales e internacionales de derechos humanos.
Tuvimos la iniciativa junto al CADHU, nuestro Centro de Abogades por los Derechos Humanos, ni bien Bullrich anunció el protocolo. Porque en el país de la lucha vigente por la memoria, la verdad y la justicia no podía pasar una medida que ataca no solo nuestro derecho a la libre expresión, de reunión y de protesta; sino que también plantea otro paso haca un régimen político autoritario y casi un estado de excepción.
Pero todo lo que pasó después, el positivo fallo del juez, las audiencias cara a cara con Bullrich y sus abogados, que a la desesperada presentaron siete escritos a la justicia para suspender todo lo actuado, fue gracias a la lucha colectiva. Es decir, a Bullrich no le alcanzó tener al aparato judicial de su lado porque la movilización, los repudios nacionales e internacionales, el amicus curiae presentado por todos los organismos de derechos humanos y asociaciones de juristas y abogados laboralistas ponen en jaque su protocolo ilegal.
En síntesis, luchar sirve. Por eso, aunque por ahora con presión y maniobras Bullrich avanzó un poco, le seguimos dando pelea. El 28 presentamos un recurso de casación ante la Sala II de la Cámara, ¡pero en menos de una hora Farah lo rechazó! Una actitud escandalosa, funcional al gobierno. Obviamente, iremos en queja directa a Casación. El 13 de marzo haremos una audiencia pública en la Legislatura porteña. Y lo principal: seguimos la lucha en las calles. El 1° de marzo en Congreso cuando Milei abra las sesiones, el 8M con las mujeres y disidencias, y el 24 a desbordar Plaza de Mayo. Con la más amplia unidad, en defensa del derecho humano, democrático y constitucional a la protesta.