El equipo económico del gobierno de Milei, encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anunció un giro en su política cambiaria, el cual promete destruir aún más la economía de los trabajadores del país.
A partir del 1º de enero del 2026, el esquema de bandas de flotación, que hasta ahora contenía el valor del dólar oficial, dejará de ajustarse al ritmo del 1% mensual para pasar a moverse al ritmo de la inflación informada por el Indec. Este cambio, comunicado tras el cierre de los mercados y como respuesta a las presiones del FMI y el capital financiero, implica una aceleración de la devaluación del peso, ya que el tipo de cambio seguirá mes a mes la evolución de los precios, garantizando que el dólar nunca se quede atrasado respecto a la inflación, pero condenando a los salarios a una carrera que siempre pierden.
La medida, presentada con tecnicismos habituales para ocultar sus consecuencias en los ingresos de los hogares, significa que el ancla cambiaria que el gobierno utilizaba para intentar mostrar una desaceleración de los precios se levanta parcialmente. Al atar la suba del dólar al IPC, se genera un mecanismo de indexación que retroalimenta la inflación: si los precios suben, el dólar sube; y si el dólar sube, los precios de los alimentos, los combustibles y los servicios vuelven a aumentar, impactando de lleno en el costo de vida.
Para los trabajadores, cuyos ingresos se encuentran congelados o sujetos a paritarias a la baja del 1% mensual, esto representa una erosión sistemática y planificada de su poder adquisitivo. Cada punto que sube la divisa es un punto que pierde el salario real, transfiriendo recursos de manera directa desde los bolsillos populares hacia los sectores exportadores y formadores de precios, que ven garantizada su rentabilidad en moneda dura.
Este escenario de mayor inflación y devaluación se vuelve aún más dramático si se lo analiza en conjunto con la reforma laboral que el gobierno busca aprobar en el Congreso. Con la eliminación de la negociación colectiva, los trabajadores quedarán en una situación de indefensión absoluta para pelear por una recomposición salarial frente a esta nueva escalada de precios. El plan es; por un lado, licuar los ingresos vía inflación y dólar; por el otro, se disciplina a la mano de obra quitándole derechos, herramientas de lucha y organización. Un escenario perfecto para maximizar la tasa de ganancia empresarial a costa del empobrecimiento masivo de la población.
Junto con la liberación del cepo a la cotización, el Banco Central anunció un ambicioso programa de acumulación de reservas internacionales, comprometiéndose a comprar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares durante el próximo año. Esta meta, exigida con insistencia por el Fondo Monetario Internacional y celebrada por los mercados financieros, que hicieron subir el precio de sus bonos y acciones, solo es posible si se garantiza un tipo de cambio competitivo para los exportadores. Es decir, una devaluación encubierta que implica el nuevo esquema de bandas es el incentivo necesario para que, por ejemplo, el agronegocio y las cerealeras liquiden sus divisas. Una vez más, la política económica se diseña a medida de las necesidades de un puñado de grandes grupos económicos y de los acreedores externos, mientras se le pide esfuerzo y paciencia a los trabajadores que no llegan a fin de mes.
La reacción inmediata de los mercados paralelos, con subas en el dólar blue y los financieros tras conocerse la noticia, es un anticipo de la volatilidad que se viene. El gobierno, que hasta hace días juraba que no tocaría el esquema cambiario, vuelve a demostrar que su programa se mueve de acuerdo con las necesidades del mercado y las órdenes de Washington.
La promesa de estabilidad desaparece ante la necesidad de juntar dólares para pagar la deuda, mientras que la variable de ajuste, como siempre, es el salario. No hay modernización ni libertad en estas medidas; hay una transferencia brutal de ingresos y una subordinación colonial a los designios del capital financiero internacional.
Frente a este plan de guerra que combina devaluación, tarifazos y la reforma laboral esclavista, la respuesta no puede ser la resignación ni la confianza en una dirigencia sindical que negocia migajas.
El plan de Caputo y Milei es el de un dólar alto para los exportadores, salarios de hambre para los trabajadores y represión para los que protesten. Por eso, la movilización de este 18 de diciembre a Plaza de Mayo cobra una importancia vital. Hay que exigirle a la CGT y las CTA que rompan la tregua y convoquen a un paro nacional activo y un plan de lucha real hasta derrotar todo el paquete de leyes de Milei. Además, hay que rechazar todos estos anuncios cambiarios, exigiendo un aumento general de salarios y jubilaciones indexado a la inflación real. Al mismo tiempo, hay que plantear una salida de fondo que rompa con el FMI y ponga los recursos del país al servicio de las mayorías. Es hora de frenar el saqueo, y pelear por una salida de fondo donde la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino los sectores concentrados de la economía que generan estos escenarios.
