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El gobierno nacional relanzó la licitación de la Hidrovía Paraná‑Paraguay, clave para el 80 % de las exportaciones argentinas, supervisada por la ONU para evitar irregularidades y con un tope a las tarifas que no puede superar el costo actual.
El negocio avanza
Entre otras cosas se mantiene el veto a empresas estatales extranjeras (como las chinas), clausurando la competencia y concentrando beneficios en grandes dragadoras privadas. Por otro lado, aunque se promete que el Estado tendrá un rol de “control”, la concesión sigue siendo 100 % privada –dragado, peaje y supervisión– con sólo mesas escritas, sin decisión real de la comunidad.
El pliego reduce el plazo de concesión de 30 a 20 años y obliga a las firmas a competir por debajo de las tarifas actuales, pero esto no garantiza una rebaja real para el pueblo trabajador: la prioridad sigue siendo la rentabilidad del agronegocio y del complejo exportador. Además, una auditoría respaldada por la ONU no elimina las presiones geopolíticas ni asegura una redistribución justa de los beneficios.
Mientras tanto, la deuda de 78 millones de dólares con Jan de Nul, que quedará a cargo del concesionario, sigue siendo un grave interrogante. La propuesta oficial promete que no será ventaja ni barrera para ningún oferente, pero no impide que se convierta en una deuda que cargará el pueblo argentino
La nueva licitación de la Hidrovía, lejos de representar una solución democrática o transparente, consolida un modelo al servicio del poder económico. La exclusividad del proceso para empresas privadas fortalece el monopolio de los grandes capitales, en especial de las firmas dragadoras transnacionales que han lucrado durante décadas con el control del río. En lugar de democratizar la gestión, se refuerza una estructura que concentra las ganancias en manos de unos pocos.
Bajo el argumento de “competitividad”, el gobierno impone un tope tarifario que no beneficia al conjunto social, sino que funciona como incentivo directo para el agronegocio exportador. Esta política sostiene la lógica de un país que produce para unos pocos, mientras se desfinancia el Estado y se posterga cualquier discusión sobre la redistribución de la riqueza. La Hidrovía sigue operando como un canal al servicio de los grandes exportadores, sin impacto real en la vida del pueblo trabajador.
Además, la supuesta transparencia del proceso —con auditorías de la ONU y mesas de participación— es apenas una fachada. El diseño sigue siendo cerrado, elitista y centralizado en Buenos Aires, excluyendo sistemáticamente a los actores sociales, ambientales y comunitarios que habitan y trabajan a lo largo del río. Los pueblos ribereños, los gremios portuarios y las cooperativas siguen sin voz ni voto en una discusión que afecta directamente sus territorios y formas de vida.
Frente a esta ofensiva privatizadora, la salida no puede venir desde arriba. Es necesario suspender el proceso actual y abrir una verdadera instancia democrática con participación de trabajadores, comunidades y provincias. Hay que avanzar hacia una gestión pública, cooperativa o mixta que priorice el interés colectivo sobre la renta privada. A su vez, es urgente coordinar una campaña nacional que denuncie esta entrega encubierta y exija que las ganancias de la Hidrovía se inviertan en salud, educación, infraestructura y soberanía. No hay soberanía sin control popular del río.