El lunes 24, a menos de 40 días del ciclo lectivo, Alberto Fernández, junto a su ministro de Educación, Jaime Perczyk y funcionarios de Salud, lanzó la campaña nacional “Nos vacunamos para ir a la escuela”. Lo hizo para pedir “a los chicos y chicas que por favor se vacunen”. Lo mismo le pidió a la docencia y afirmó: “para que todos podamos volver a la presencialidad plena es necesario que todos estén vacunados” (ver video).
De lo dicho compartimos dos cosas: que hace falta una gran campaña, pero real y la afirmación final de esa última frase. Porque para que haya una presencialidad segura, en verdad es necesario garantizar “que todos estén vacunados” como dijo.
El problema es que eso no se logrará pidiendo “por favor” a chicos, chicas y adolescentes que “se vacunen”. Ni con llamados a “la solidaridad” ni apelaciones a la responsabilidad individual de las familias ni al “favor” de docentes y auxiliares que aún no se vacunaron. No es por ahí.
La vacunación debe ser obligatoria y garantizarla el Estado en todo el país
Decir en un acto que todos estén vacunados suena bien. Pero eso será posible si el gobierno nacional y los gobernadores como Kicillof y Larreta en la Ciudad, ponen en marcha una real y urgente campaña de vacunación en todas las escuelas y los distritos del país. Porque es la forma de que se vacune a la totalidad de menores, adolescentes, docentes, auxiliares y familias.
En un plan nacional que debe asegurar también la 3ª dosis o refuerzo, porque se mostró más efectiva ante nuevas cepas como Ómicron. Más aún cuando la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dice incluso que evalúan “la necesidad de avanzar con refuerzos de inmunidad con una cuarta dosis” (Télam, 27/01).
Por eso la vacuna contra el COVID 19 o el SARS-CoV-2, debe ser declarada obligatoria y no optativa como es ahora, bajo el mantra falaz de una supuesta “libertad” individual, que en realidad atenta gravemente contra la salud pública y las mayorías sociales.
Para eso debemos exigir a los gremios docentes, a la CTERA y a las CTA que reclamen al gobierno de Alberto, Cristina, Vizzotti, Perczyk y los gobernadores que saquen una resolución donde la vacuna contra el COVID-19 sea parte del plan obligatorio y gratuito de vacunación y del calendario nacional. El que exige a nuestras infancias recibir todas las dosis de vacunas, en su mayoría archiconocidas como la BCG, la doble y triple viral, Salk (polio), meningococo, la quíntuple (o pentavalente), entre otras.
Vacunas que protegen e inmunizan contra la poliomielitis, el sarampión, rubéola, paperas, varicela, tos convulsa, hepatitis, fiebre amarilla y otras enfermedades que nadie cuestiona, siendo varias erradicadas con vacunas.
Para esto no se precisa una nueva ley, ya que la Ley 27.491 de Control de enfermedades prevenibles por vacunación habilita a Salud a hacerlo con una resolución (Art. 7º). No adoptar esta medida implica insistir en un funesto voluntarismo (por decir poco), que descarga todo en “la responsabilidad individual” para librar al Estado, los gobiernos, laboratorios y farmacéuticas de su responsabilidad. Con lo que siguen generando infectados, internaciones, secuelas y muertes.
Siguen con ese statu porque se ordenan por ajustar como hacen Alberto y Cristina, al reducir por inflación el Presupuesto nacional en Salud. Ya que si lo “aumentan” solo 12,5% con relación al 2021, luego de una inflación del 51%, eso implica un fuerte recorte real para salud, en plena pandemia y pico de contagios. Solo para insistir con que la pandemia es “pasado” y va a una enfermedad leve. Lo mismo ocurre con Educación, donde los recortes también están al servicio de pagar al FMI y los bonistas.
Esa es la razón por la que se niegan a declarar obligatoria la vacuna contra el COVID-19, cuando está comprobado (y así lo dice Fernández en el video) que el 80% de quienes se internan por COVID, son personas que se negaron a vacunarse o solo tienen una dosis.
Por eso rechazamos su planteo de que “vacunarse es una acto de responsabilidad individual…”. La vacuna debe ser obligatoria como única garantía para lograr que “pensemos en enseñar y aprender y no en el riesgo de contagiarnos”. Lo demás es verso.
Un conjunto de medidas que garanticen escuelas en condiciones
Para garantizar una presencialidad segura, hay que exigir también que toda la comunidad reciba la 3ª dosis, docentes, estudiantes y familias. Como parte de un inmediato plan de vacunación que puede hacerse en las escuelas, junto a testeos gratuitos.
Además reiterar la exigencia para que se designen parejas pedagógicas, más cargos y equipos de orientación escolar para la atención y seguimiento de quienes se distancian de la escuela y más personal auxiliar. Junto a un mayor presupuesto para infraestructura, tanto de Nación como las provincias, para lograr que todas las escuelas estén en condiciones, con agua potable en ambos turnos, con baños acondicionados y suficientes, con elementos de higiene y protección.
Con un ordenamiento también de las aulas y espacios que asegure la necesaria distancia social. Con la entrega gratuita y permanente de barbijos, termómetros, purificadores de aire y demás elementos de desinfección y sanitizantes.
Otra cuestión es asegurar un plan de producción real y estatal de computadoras que garantice su entrega gratuita y la conectividad para la totalidad de estudiantes y docentes. Para las actividades que sean necesarias y como herramienta de apoyo educativo. Algo que vienen prometiendo hace más de un año, pero las empresas le niegan la entrega de computadoras al gobierno para venderlas a mejor precio en el mercado, ante una demanda creciente, en su afán de lucro.
El reclamo por paritaria y salario cobra peso también. Esto será motivo de otra nota, pero vale la exigencia a CTERA y los gremios para que haya paritarios electos por la base y con mandato para recuperar al salario perdido.
El debate y necesidad de la vacunación obligatoria
Sobre la obligatoriedad de las vacunas, la vocera presidencial Cerruti, dijo que no es parte de la agenda del gobierno nacional. Mientras Vizzotti insistió con que “todavía no es momento de incorporar la vacuna contra el coronavirus al calendario obligatorio”. Esto es grave, más aún en educación donde se sumarán más de 15 millones de personas -entre estudiantes y docentes-, al transporte y la circulación diaria.
Cerruti: “la obligatoriedad de las vacunas no forma parte de la agenda”
En esto, como en la mayoría de las decisiones en pandemia, el gobierno no difiere de la derecha. Ya que Quirós, el ministro de Salud porteño, también rechaza la vacuna obligatoria diciendo que “todavía no han sido aprobadas de manera definitiva. Se requiere la fase 4, con el análisis de los efectos adversos a largo plazo. Cuando las vacunas se aprueben de manera definitiva es una debate razonable, hoy tenemos que esperar”.
Pero toda la línea aperturista del PRO, a la que el gobierno de Alberto, Cristina y gobernadores como Kicillof le ceden, tiene graves costos al insistir con seguir poniendo a la escuela al servicio de asegurar la productividad y ganancia capitalista.
Según Quirós, “cumpliendo los protocolos, hemos aprendido en hospitales y escuelas, que esta es una enfermedad que contagia muy poco…”. Postura cínica ya que, junto a la ministra de Educación Soledad Acuña, insisten en relajar todos los protocolos escolares, eliminar toda distancia social, las burbujas y cualquier aislamiento. Con el cuento de que “la escuela es el lugar más seguro para los chicos”, como si operara un mantra especial sobre el espacio-escuela.
Esto es gravísimo ante el salto exponencial en la curva de contagios en menores de 0 a 17 años en diciembre y enero. Con un pico inédito de 46.266 casos en la semana epidemiológica 1 y de 36.951 a la siguiente. Lo que da 6.609 menores infectados por día o 275 pibes por hora.
Por eso las infancias están entre los grupos etarios con mayor salto en la variación porcentual, por encima del de la población general (272%). Los casos estallaron un 356% en la franja de 0 a 2 años, un 304% en la de 3 a 5 años y 279% entre los 6 a 12 años. Y de ahí también crecen las internaciones en el Garraham, el Gutiérrez, Elizalde y demás nosocomios.
¿Qué dicen las Sociedades de Pediatría internacional, latinoamericana y argentina?
Con este cuadro y en plena 3ª ola, el alerta se reforzó por el último informe de la SAP, Sociedad Argentina de Pediatría, del 21 de enero (ver aquí) que permite verificar que más de la mitad de niñes de 3 a 11 años (el 53,5%) no tiene el esquema completo de vacunación. Se trata de 3,7 millones de menores con una o ninguna dosis.
Del informe se desprende también que un tercio (el 30,5%) de esa franja no recibió ninguna dosis. Son más de 2,1 millones de pibes, frente a 3 millones con las 2 dosis. Y la SAP agrega que “respecto de los adolescentes entre 12 y 17 años, el 87,5% ha recibido la primera dosis y el 67,5% ya tiene el esquema completo”. Dicho de otra forma, hay 2,7 millones con esquema completo, 1,5 millones de pibes de 12 a 17 años con una dosis y otros 643 mil aún no vacunados.
Esta última franja no vacunada de 12 a 17 años es solo el 12,5%, mostrando los límites de la campaña de los antivacunas, medios corporativos y sectores privatistas que actúan de forma nefasta en su cruzada alejada de la ciencia y ligada a la ganancia capitalista. Lo que muestra también que hay profundas bases y cultura social para la vacunación obligatoria, al ser una pequeña minoría la no vacunada. Igualmente y por eso es más necesaria esa obligatoriedad porque preocupa que haya aún un tercio, 32,5% de esa franja de 12 a 17 años que, o tiene una sola dosis o ninguna (ver gráfico) y más de la mitad de menores de 3 a 11 años.
Pese a contribuir inicialmente a las dudas sobre la vacuna Sinopharm (china), que sufrió un lobby en su contra por los grandes medios y la derecha de Juntos para beneficiar a Pfizer (norteamericana), lo que potenció intereses y frenó en parte su inoculación, en virtud de toda la información, la SAP afirma que las vacunas son un derecho.
Así lo dice su documento del 8 de noviembre, donde la Sociedad de Pediatría sostiene que “las vacunas contra COVID-19 han demostrado ser seguras y eficaces” y detallan “las razones por las cuales deben ser administradas en niñas, niños y adolescentes” (ver aquí).
En cuanto a la necesidad y efectividad de las vacunas para las infancias, también es categórica la Asociación Internacional de Pediatría (IPA por sus siglas en inglés), al decir que “los niños deben recibir todo el beneficio que las vacunas contra el COVID-19 pueden proporcionar”. Igual que la Asociación Latinoamericana de Pediatría que dice sin rodeos que “el mejor regalo para tus familiares y amigos es vacunarte”, en su boletín de diciembre.
La seguridad y eficacia de las vacunas para menores
En Argentina están aprobadas 3 vacunas para pediatría: una a virus inactivado (Sinopharm) y dos de ARN mensajero (Moderna y Pfizer/BionTech). Respecto a lo dicho por la SAP, también coincide el “Informe especial de vigilancia de seguridad en vacunas en niños, niñas y adolescentes” (noviembre de 2021, ver acá) de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), al mostrar que esas vacunas son seguras y efectivas en un 99.98%.
Es que el informe señala que se aplicaron 4.728.885 de dosis a adolescentes y niñes de 3 a 17 años y, de ese total, hubo apenas 637 efectos adversos, solo el 0,0134% (ver cuadro). Y que de las tres vacunas, Sinopharm fue la más efectiva y la que tuvo menos eventos adversos, casi todos leves y temporales, como febrícula, dolor de cabeza y dolor en el sitio de inyección.
Estos efectos se los denomina ESAVI, Evento adverso Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización, por estar temporalmente relacionados con la vacunación, pero no necesariamente son causados por ella.
Pronunciamientos por la obligatoriedad, pliego de reclamos y salida integral
En el país hay muchísimos pronunciamientos para que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria. Desde el ministro de Salud de Jujuy, Buljubasich, quien asegura que en el Consejo Federal de Salud, la mayoría opina eso y que no debería retrasarse la decisión. Al ministro de Salud bonaerense, Kreplak.
La Facultad de Medicina de la UBA ya había recomendado que la vacuna fuese obligatoria para toda la población. Y varias universidades públicas lo están planteando para sus estudiantes y docentes, y al requerir el pase sanitario: La UNLaM de La Matanza, UNLP de La Plata, UNSa de Salta, UNR de Rosario y Regionales de la UTN (tecnológica). Además del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública. Y el pronunciamiento con más 1.500 firmas de decanos, vicedecanos, consejeros, docentes, médicos, biólogos, investigadores, pediatras, intensivistas que lo avalan y demandan.
También diputados del Frente de Todos (del PCR y el PJ) presentaron un proyecto de ley que va en sentido correcto. Solo que ampliando la obligatoriedad ya que, según el proyecto, sería para personas mayores de 18 años (Art. 1°) y niños y niñas de entre 3 y 17 años con comorbilidades y/o enfermedades de riesgo (Art. 2°), cuando es necesaria para todas las infancias.
Ante el aumento en la internación, ocupación de las terapias y muertes; con su salto en las infancias y la baja vacunación entre los 3 y 11 años, en el país se reabrió el debate burgués sobre el tema. Los mismos sectores empresariales, políticos y sus medios afines, que habían alentado las reticencias al poner en dudas la vacunación en menores; ahora y con el regreso a clases, apuntando a que la educación actúe eficientemente como auxiliar de la producción capitalista, se plantean cambiar.
Por eso se suman las reuniones y planes de ministros de Educación junto a sus pares de Salud que plantean propuestas para vacunar en las escuelas, a raíz de la preocupación burguesa por garantizar un año con presencialidad plena.
Por todo esto levantamos este conjunto de medidas de cara al nuevo ciclo lectivo, a plantear desde la docencia como puntos y exigencias a los gremios y la CTERA. Para que se convoque a asambleas, reuniones de delegados y plenarios para analizar el pliego de una presencialidad segura. Y debatir un posible plan de acción que contemple incluso el “no inicio” de clases, en caso que no se resuelva toda la problemática educativa, salarial, presupuestaria, de salud y condiciones de trabajo para este nuevo año.
En definitiva, desde Alternativa Docente (ANCLA – MST en el FIT Unidad) planteamos estas propuestas y reclamos para ponerlas en debate y levantarlas como exigencia junto a los sectores Multicolor y del sindicalismo combativo docente para que los gremios, la CTERA y las CTA las exijan de inmediato al gobierno nacional y los gobernadores. Avancemos en eso entonces.