Un sargento de la Policía Bonaerense fue detenido acusado del secuestro y abuso sexual de una joven de City Bell en el Parque Pereyra Iraola. El hecho, que conmocionó a la ciudad de La Plata, ocurrió el jueves pasado por la tarde: la joven mujer de 25 años salía de su trabajo cuando fue interceptada en su auto por quien habría sido su agresor, el policía Jonathan Andrés Peralta. ¿Qué significado adquiere este aberrante hecho?, ¿Cómo respondemos desde el feminismo socialista?
Lamentablemente, este no es un hecho aislado. A días de conmemorarse un nuevo 25N, el caso viene a engrosar las ya abultadas cifras de violencia machista en nuestro país. Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en Argentina ocurre un femicidio cada 36 horas y en el 15% de los hechos existía una denuncia previa.
Este caso constituye una de las expresiones más aberrantes de la violencia de género y, a la vez, expone crudamente la trama de violencia institucional e impunidad policial. Estudios realizados por el CELS y la CPM alertaron sobre el crecimiento, durante 2024, de situaciones de violencia machista perpetradas por integrantes de las fuerzas de seguridad, que se han convertido en una de las causas más frecuentes de sumarios internos. Al momento de ser detenido, Peralta manejaba un auto robado, armado y con patente adulterada. Esto confirma lo que describen los organismos de derechos humanos: el arma reglamentaria y la posición de poder institucional aparecen de manera recurrente en casos de violencia de género cometidos por policías.
Las fuerzas de seguridad son instituciones profundamente machistas, jerárquicas, verticalistas y violentas, donde se naturalizan prácticas de abuso, encubrimiento y complicidad. Que un policía armado utilice su cargo para someter a una mujer revela una violencia extrema que, en muchísimos casos, ni siquiera se denuncia, porque las víctimas enfrentan un doble miedo: al agresor y a la institución que lo protege.
Sin embargo, la violencia machista no es patrimonio exclusivo de la Bonaerense. Hablamos de un sistema que necesita del patriarcado para su propia producción y reproducción. Y, consecuentemente, de un Estado que niega o relativiza la violencia machista y patriarcal. El gobierno de Javier Milei no solo elimina y desfinancia programas de prevención, asistencia y acompañamiento, sino que promueve discursos negacionistas, misóginos y de odio que retroalimentan la impunidad de quienes violan, abusan y violentan. La reciente eliminación de áreas enteras del ex Ministerio de Mujeres y la anulación de dispositivos de asistencia son parte de este retroceso deliberado.
El Estado siempre es responsable: ayer con gestos progresistas insuficientes que nunca abordaron las raíces materiales de la violencia, y hoy con un gobierno que directamente desmantela políticas conquistadas con la lucha del movimiento de mujeres y disidencias.
En este contexto, la tarea fundamental es derrotar al gobierno de Milei, que avanza contra el pueblo trabajador, las mujeres y las disidencias. Pero esa pelea no puede implicar volver a las salidas del pasado, incapaces de enfrentar de fondo al patriarcado y sus complicidades estatales. Es urgente fortalecer y unificar todas las luchas que surgen desde abajo —las mismas que las centrales sindicales y las conducciones burocráticas se niegan a acompañar— y que el movimiento feminista y disidente vuelva a hacerse marea:
- para exigir justicia por este y todos los casos de violencia de género
- reclamar presupuesto y políticas integrales de combate a la violencia machista
- la disolución de la Bonaerense y su reemplazo por un sistema preventivo basado en la participación vecinal
- impulsar la mayor unidad en las calles para frenar a Milei y transformar de raíz este sistema que nos violenta.
Débora Bertone
