Un entrenador del fútbol femenino de la Republica Checa, elegido como mejor DT de la disciplina en el país, fue condenado tras descubrirse que durante años filmó en secreto a sus jugadoras en las duchas y vestuarios mediante cámaras ocultas. El caso, protagonizado por Petr Vlachovsky y revelado por el testimonio de la futbolista Jana Zufankova, expone no solo un delito aberrante, sino las fallas estructurales de un sistema deportivo atravesado por relaciones de poder patriarcales, castigos irrisorios y silencios institucionales. A días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la historia vuelve a interpelar al deporte como espacio de disputa política y de derechos.
El hecho: cámaras ocultas y abuso de autoridad
Durante al menos cuatro años, Vlachovsky —entonces entrenador del equipo femenino del FC Slovacko y con paso por seleccionados juveniles— escondió cámaras en bolsos y rincones del vestuario para grabar a las jugadoras mientras se bañaban y se cambiaban. Las filmaciones, realizadas sin consentimiento, involucraron a futbolistas jóvenes, algunas de ellas menores de edad al momento de los hechos.
El escándalo no salió a la luz por una denuncia interna ni por mecanismos de control del club o de la federación. Fue una investigación policial sobre intercambio de material ilegal en internet la que permitió detectar los archivos. En la computadora y discos externos del entrenador se hallaron decenas de videos grabados clandestinamente.
“La ducha dejó de ser un lugar seguro”
Cuatro años después, las secuelas siguen presentes. Zufankova, la jugadora del Slavia Praga, relató que revisa duchas, rincones y grietas antes de bañarse. Otras futbolistas contaron episodios de náuseas, miedo persistente y una ruptura profunda con la percepción de su propio cuerpo. El vestuario, ese espacio colectivo donde se construye equipo, pasó a ser un lugar de desconfianza.
Algunas de las víctimas explicaron que, al ser convocadas por la policía, debieron identificarse en los videos sin haber sabido nunca que estaban siendo filmadas. La violencia no terminó con el último entrenamiento: se trasladó a la vida cotidiana.
Justicia exprés y castigo light
La condena judicial profundizó la indignación. Vlachovsky recibió una pena de prisión en suspenso, cinco años de prohibición para entrenar y una indemnización económica mínima por víctima. El proceso se resolvió mediante un mecanismo que evitó el juicio oral, bajo el argumento de proteger a las futbolistas de una nueva exposición.
Sin embargo, esa decisión también les negó la posibilidad de declarar públicamente o apelar la sentencia. Para varias de ellas, el mensaje fue claro: el sistema priorizó la rapidez administrativa y la protección del acusado por sobre una justicia real.
El silencio del club y la lógica del encubrimiento
El club involucrado evitó pronunciamientos contundentes y no ofreció disculpas públicas en el momento en que el caso se conoció. Durante años, el entrenador había sido una figura reconocida del fútbol femenino local e incluso había recibido premios por su desempeño.
Ese contraste —reconocimiento institucional por un lado, abuso sistemático por el otro— revela una lógica estructural: mientras haya resultados deportivos, las condiciones de trabajo, la seguridad y la dignidad de las jugadoras quedan relegadas.
Deporte, patriarcado y relaciones de poder
Lo ocurrido no es un hecho aislado ni una “desviación individual”. Es la expresión de un sistema deportivo históricamente organizado desde jerarquías masculinas, donde entrenadores y dirigentes concentran poder y las futbolistas quedan en una posición de vulnerabilidad laboral y simbólica.
La falta de protocolos efectivos, la dependencia económica, el miedo a represalias y la ausencia de organismos independientes para denunciar convierten al deporte en un terreno fértil para el abuso. Cuando la justicia acompaña con penas leves y las instituciones callan, el mensaje es de impunidad.
En la antesala del 8 de marzo, este caso interpela al fútbol y al deporte en general. No alcanza con visibilizar: hace falta transformar las condiciones estructurales. Protocolos obligatorios, controles externos, acompañamiento psicológico y legal para las víctimas, sanciones ejemplares y organización colectiva de las futbolistas como trabajadoras son demandas urgentes.
El fútbol femenino no necesita tutelajes ni silencios cómplices. Necesita derechos, condiciones dignas y un sistema que deje de proteger a los violentos y abusadores.
La calle como respuesta
Las cámaras ocultas ya no están, pero el daño persiste. La pregunta no es solo qué hizo un entrenador, sino qué permitió que lo hiciera durante años. Mientras esa respuesta sigue sin abordarse, el vestuario seguirá siendo un espacio en disputa.
Este 8 de marzo no es una fecha conmemorativa: es una jornada de lucha. Casos como el de las futbolistas checas no son excepciones ni “escándalos aislados”, sino expresiones de un sistema que reproduce violencias allí donde hay desigualdad de poder, precarización laboral y cuerpos feminizados subordinados. Por eso, la respuesta no puede quedar encerrada en un expediente judicial ni en una sanción administrativa.
Salir a las calles en todos los países del mundo es también una forma de disputar el sentido del deporte, de exigir que los vestuarios sean espacios seguros, que las jugadoras sean reconocidas como trabajadoras con derechos y que el silencio institucional deje de ser norma. En cada marcha, en cada consigna, se pone en juego algo más profundo: la decisión colectiva de no aceptar nunca más que el poder se ejerza impunemente sobre nuestros cuerpos.
