La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó ayer el salvataje de IMPSA (ex Industria Pescarmona) por 5 millones de dólares. La Nación hará otro tanto y pondrá 20 millones de dólares. Mientras no hay plata para aumentar los salarios de los trabajadores de la salud en medio de la pandemia, la grieta entre peronistas y macristas-radicales se cerró para salvar las ganancias de grandes empresas.
Con el voto de peronistas y radicales, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción al proyecto para dar un salvataje a IMPSA y se espera que hoy pase lo mismo en Senadores. En igual sentido actuará el gobierno de Alberto Fernández. La suma que tendrá que aportar Mendoza para comprar el 21% de las acciones es de alrededor de 5 millones de dólares, mientras que el Estado Nacional aportará 20 millones de dólares para comprar un 65% de del paquete accionario; demostrando una vez más que, cuando se trata de salvar a los ricos y poderosos, ambos partidos se ponen rápida y contundentemente de acuerdo, aunque para lograr comprar las acciones tengan que endeudarse con el Tesoro Nacional porque la provincia está fundida.
El 9,5% restante será para los acreedores y la familia Pescarmona se quedará solo con el 0,5%, según lo declarado por el proyecto de ley. Por lo que el Estado de conjunto pasaría a manejar más del 85% de las acciones; sin embargo, la conducción efectiva, como sucede siempre en estos salvatajes, queda en manos de los privados, pese a quese diga que tanto la nación como la provincia tendrán participación activa en las decisiones y derecho a veto.
Desde el gobierno se argumenta que están todos de acuerdo con rescatar a la empresa porque da trabajo a los mendocinos en forma directa a través de sus empleados e indirecta por las tercerizaciones a la industria metalmecánica provincial. Mientras, el CEO actual especula diciendo que hoy aportan cerca de 500 mil dólares anuales en impuestos a la provincia y que en condiciones denormal volumen de trabajo la cifraascendería a 2-3 millones anuales, con lo que según ellos sería un negocio redondo poner 25 millones de dólares en una empresa que anualmente solo en impuestos aportaría 3 millones. Pero esta no es ni toda ni la verdadera historia de IMPSA.
De los capitanes de la industria hasta la convocatoria de acreedores
La historia de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima) se remonta a principios del siglo XX, pero fue a fines de los ’70 cuando creció sustancialmente y a principios de los ’80 -bajo la dictadura militar- es que pegaron el gran salto, siendo uno de los principales componentes de los denominados capitanes de la industria junto a Techint y otros que se hicieron multimillonarios a través de contrataciones de obras por parte del Estado, donde cobraban enormes sobreprecios en las licitaciones. Bajo el amparo de la dictadura también se enriquecieron transfiriendo sus deudas a Nación mediante la estatización de la deuda que les regalaron Martínez de Hoz y Cavallo, transformando sus enormes deudas particulares en dólares en deuda del Estado en devaluados pesos.
Mientras la empresa acumulaba enormes fortunas, su dueño Enrique Pescarmona, un siniestro personaje que decía que las “las chicas de 14 años se embarazaban para cobrar un plan”, se enriquecía hasta ser uno de los más ricos del país. La empresa se internacionalizó y adquirió tecnología de punta, siendo una de las primeras a nivel mundial en la producción de turbinas para la generación de energía. Eso sí, las ganancias las llevaba al exterior y las lavaba a través de su sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo.
Pero ya en 2014 entró en una crisis profunda con una deuda impaga de más de 1.100 millones de dólares, derivada de malos negocios sobre todo en Venezuela. Entonces Pescarmona hizo lo que mejor sabía hacer: recurrir al Estado nacional para que lo salvara, y fue así que Cristina lo auxilió y durante un tiempo le otorgó subsidios para pagarle los sueldos a los más de 1.000 empleados con que contaba en esa época. Pero no bastó, la crisis siguió y el gobierno de Macri salió a auxiliarlo con más de $ 10 mil millones en 2015.
De nada valieron los subsidios y rescates aportados por kirchneristas o macristas, Pescarmona se declaró en quiebra en 2018, aludiendo que la crisis del país lo había fundido. La argumentación en cada crisis y pedido de auxilio estatal era la misma: que ellos eran una empresa importante, que daba trabajo, mano de obra calificada. Fue entonces que Enrique Pescarmona perdió su empresa, la cual pasó a manos de bancos y accionistas internacionales y nacionales que reestructuraron su deuda multimillonaria, aunque conservaba el 35% de las acciones.
En 2019 volvió a verse beneficiado con el pago del 75% del salario de sus trabajadores mediante el Programa de Asistencia a Empresas del gobierno de Macri, con lo cual pensaba salir a flote. Sin embargo en 2020 volvieron a echarle la culpa a la situación económica del país y la crisis internacional por la pandemia, y de allí deriva su convocatoria de quiebra y la actual situación, en donde para rescatarla otra vez seremos todos los mendocinos y argentinos los que tendremos que pagar las pérdidas de un millonario.
Uno podría pensar que la empresa fundida se acompasaría con la quiebra de su dueño Enrique Pescarmona, pero nada más lejos de la realidad. En el año 2012 se presentaba como la tercer fortuna del país con más de 2.200 millones de dólares de fortuna personal (exactamente el doble de lo que dos años más tarde lo llevaría al primer default de la empresa, qué notable coincidencia) y ya en medio de la crisis, habiendo perdido el control de la empresa, aún declaraba más de 350 millones de dólares de patrimonio, que probablemente sea lo que no podía ocultar.
Estatización y expropiación sin pago
Desde el MST en el FIT-Unidad decimos que no debemos utilizar un solo dólar del Estado, sea provincial o nacional para rescatar a esta empresa privada, hoy en manos de banqueros y bonistas de todo tipo. Mucho menos en medio de la pandemia que nos azota.Estos empresarios se llenaron por años los bolsillos con fabulosas ganancias que hacían a costa de beneficios del propio Estado, que como vimos hasta les pagaba el sueldo a sus empleados.
Nuestra posición es clara: todos los dólares disponibles en el país hay que dedicarlos prioritariamente a la salud, hoy amenazada por la Covid-19 y el resto de las necesidades del pueblo. Y toda empresa que quiebre o se declare en crisis debe ser expropiada sin pago alguno y estatizada bajo control de sus trabajadores; máxime si, como IMPSA, es una empresa estratégica con tecnología de punta que podría traer reales beneficios para la provincia y el país. No podemos dejar que siempre a través de distintos salvatajes se beneficie a los ricos y hoy nada menos que banqueros, en detrimento de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.