Perú. ¡Que se vayan todos!

En una decisión relámpago, el Congreso de la República del Perú destituyó este jueves por la noche a la presidenta Dina Boluarte, tras declararla en “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo, en medio de la creciente ola de inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado que golpea al país.

El Pleno del Congreso aprobó las cuatro mociones de vacancia con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 necesarios para hacer efectiva la destitución. La mandataria no se presentó a la sesión para ejercer su defensa, lo que reforzó la percepción de aislamiento político que ya la rodeaba.

La resolución legislativa declara “la permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia del cargo”, disponiendo además la “aplicación del régimen de sucesión” establecido en la Constitución. Al no existir vicepresidentes en funciones, la jefatura del Estado recae en el presidente del Congreso, José Jerídirigente del partido de derecha Somos Perú, quien asumió de inmediato la presidencia interina del país.

Entre los principales cargos que se le imputan a Boluarte figuran la responsabilidad política por la muerte de más de 50 personas durante la represión de las protestas sociales de 2022 y 2023, así como las investigaciones por presunta recepción de regalos de lujo, entre ellos relojes Rolex no declarados. También se le cuestiona haber ocultado su impedimento físico temporal para ejercer el cargo mientras se sometía a cirugías estéticas, lo que habría constituido una falta grave a la transparencia en el ejercicio del poder.

De esta manera, el Congreso peruano consuma la salida de Dina Boluarte y abre una nueva etapa de inestabilidad política, con un gobierno encabezado por José Jerí, cuya legitimidad ya es objeto de debate en amplios sectores sociales y políticos.

El fin del apoyo político a Dina Boluarte en Perú

El respaldo político que sostenía a Dina Boluarte se derrumbó finalmente cuando incluso los sectores que la habían defendido comenzaron a asumir el alto costo de su impopularidad. En los últimos meses, el país se vio envuelto en una espiral de violencia, inseguridad y crisis institucional. Los secuestros, extorsiones y asesinatos aumentaron de manera alarmante, mientras los peruanos enfrentaban el desempleo, la inflación y el deterioro creciente de sus condiciones de vida.

El miércoles, un hecho marcó el punto de inflexión: una banda armada atacó a un grupo de cumbia en un local del Ejército Peruano, un suceso que desató la indignación nacional y expuso de manera brutal la pérdida de control del Estado frente al crimen organizado.

En paralelo, jóvenes de la llamada Generación Z salieron nuevamente a las calles de Lima —como se detalló en un artículo anterior— para exigir la renuncia de Boluarte, en medio de enfrentamientos con la policía y denuncias de represión desmedida. Esa movilización juvenil, fresca y desafiante, terminó de sellar el aislamiento político de la mandataria.

Boluarte: la caída de una presidenta sin base social ni política

Desde su llegada al poder, Dina Boluarte quedó atrapada entre la represión y la desconfianza popular. Su gobierno se caracterizó por la mano dura, la falta de diálogo y el autoritarismo creciente. A ello se sumaron escándalos familiares y personales, como la detención de su hermano por corrupción y la investigación en su contra por el uso indebido de bienes de lujo, entre ellos los polémicos relojes Rolex.

En sus últimos meses, ni el Congreso ni el Tribunal Constitucional pudieron sostenerla. La votación del jueves por la noche, que declaró su vacancia por incapacidad moral, fue la confirmación de un ciclo político agotado y el desenlace previsible de un gobierno que nunca logró construir legitimidad ni responder a las demandas urgentes del país.

La convocatoria al Paro Nacional para este miércoles 15 de octubre se fortalece y surge como una respuesta directa al clima de indignación y hartazgo que atraviesa el país tras la destitución de Dina Boluarte y la asunción del cuestionado José Jerí a la presidencia. Impulsada inicialmente por los jóvenes de la llamada Generación Z, la convocatoria fue rápidamente respaldada por estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, gremios de transportistas, organizaciones campesinas, colectivos y frentes regionales. Bajo el lema “¡Que se vayan todos!”, las movilizaciones buscan denunciar la crisis política, la corrupción estructural y la creciente inseguridad que azota a la población.

En Lima, se prevén concentraciones en la Plaza San Martín y los exteriores del Congreso, mientras en las regiones se anuncian bloqueos, marchas y asambleas populares. Más allá de una protesta coyuntural, el Paro Nacional expresa el despertar de una nueva generación que combina la rebeldía digital con la acción callejera, articulando la frustración acumulada de un pueblo que ya no confía en las instituciones y exige una transformación profunda del modelo político y social vigente.

Celebraciones y protestas en las calles

Tras la destitución, manifestantes celebraron frente al Congreso y la embajada de Ecuador, donde se rumoreaba que Boluarte podría solicitar asilo político. En las calles, los cánticos se mezclaron con la incertidumbre. Algunos exigían elecciones anticipadas, mientras otros pedían una refundación institucional que frene la crisis permanente del país.

Manifestantes celebraron frente al Congreso la destitución de Dina Boluarte. (Foto: Reuters)

Una historia de presidentes fugaces

Con la asunción de José Jeri, Perú acumula siete presidentes en siete años: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora Jeri.

Esa sucesión frenética refleja una crisis estructural y terminal de la clásica institucionalidad burguesa, que no se resuelve con los cambios de mando. Tres expresidentes -Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo- están presos por causas de corrupción o abuso de poder.

Lo que viene, nada previsible

El nuevo presidente asumió para proponer las viejas recetas de los politicos de derecha: recomponer la confianza interna, estabilizar la economía y convocar a un proceso electoral en abril de 2026.

Jeri prometió mantener el calendario electoral y enfocar su gestión en la lucha contra la inseguridad y la corrupción. Sin embargo, la legitimidad de su gobierno está claramente cuestionada por el desprestigio generalizado y será sometido a un test permanente enfrentado paros y marchas convocados detrás de las consignas de “que se vayan todos” que hacemos nuestra en Alternativa Socialista.

Mientras tanto, la figura de Boluarte queda como símbolo del desgaste institucional capítalista de un país que no logra encontrar rumbo. Su caída marca otro capítulo en la interminable saga de crisis presidenciales que desde hace años sacude al Perú y que una vez mas nos plantea la obligación de hacer un llamado a la unidad de todos los sectores que se reclaman anticapitalistas para debatir una salida a esta crisis permanente. Desde Alternativa Socialista continuaremos bregando por el llamado a Una Asamblea Constituyente dónde los sectores populares debatan democraticamente todas las alternativas en las perspectivas de que de una vez por todas gobernemos lo que nunca gobernamos , los trabajadores y el pueblo.

¡Que se vayan todos!

¡Fuera Jeri , corrupto y violador!

¡Por una Asamblea Constituyente libre y soberana debatida desde abajo por trabajadores, estudiantes, campesinos y el pueblo todo!

Por Alternativa Socialista

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