Esta nota, escrita por Sofía Martínez de la LIS en Perú, fue publicada originalmente en el sitio de la Liga Internacional Socialista (LIS), el 10 de enero de 2023.
No se detiene la movilización popular en el país. Mientras en el último fin de semana, las protestas a lo largo y ancho del país provocaron más de 100 heridos y 400 detenidos; el lunes 9 de enero el centro de las protestas y la represión se dio en la ciudad de Juliaca – Puno, en medio del paro indefinido que se mantiene con fuerza en el sur del país contra el gobierno golpista de Dina Boluarte.
Al final del día, los datos oficiales confirman 14 muertos (incluido un médico que estaba auxiliando y un menor de edad); más de 40 heridos producto de la represión de las fuerzas militares.
El Hospital y los Centros de Salud de Juliaca colapsaron ante la falta de equipo y personal médico para atender a los heridos, la morgue ya no tenía capacidad para recibir más cadáveres. El Director del Hospital informó a la prensa que todos los heridos y fallecidos han sido por balas disparadas directo al cuerpo.
Paradójicamente, en Lima, esta misma tarde se realizaba una reunión por “el Acuerdo Nacional” convocada por el ejecutivo, la iglesia, el empresariado, los gobernadores regionales, la CGTP entre otros.
Las noticias llegadas desde el sur, y los primeros informes sobre la represión, hicieron que el intento de ese acuerdo no alcanzara a durar media hora, y se multiplicaran las voces exigiendo la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.
El gobierno golpista de Dina Boluarte ratifica que, frente a los reclamos, su única respuesta es la represión, apoyándose en las fuerzas armadas y policiales, pero sectores del propio empresariado empiezan a desconfiar de la capacidad del gobierno para “estabilizar la situación”. Por eso comienzan a debatir acerca de qué recambio puede ser más eficaz.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento público denunciando la flagrante y continua violación a los derechos humanos, denunciando a Boluarte y su consejo de ministros, como responsables directos de la masacre en Juliaca.
Frente a esto, en este mismo momento se convocan cacerolazos en Lima contra los asesinatos en Puno, varios gobernadores regionales exigen la renuncia de Boluarte, así se expresa el descontento y la deslegitimación del gobierno. Son estas razones las que hacen que sea casi imposible alcanzar “acuerdos de paz” duraderos puesto que todo indica que las protestas van a continuar y extenderse.
De allí que sea cada vez más decisivo coordinar hasta conformar una Gran Coordinara Nacional de las organizaciones en lucha para derrotar al gobierno derechista, cerrar el congreso e imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita sacarnos de encima el funesto régimen del ‘93 heredado por el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y avanzar así hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo, que comience a andar el camino de las verdaderas soluciones para nuestro pueblo, un gobierno anticapitalista y socialista.
