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En las últimas semanas la Administración de Parques Nacionales ha estado en la tapa de varios diarios, no por buenas noticias; sino por la profundización de un modelo de gestión que solo busca como orientación primaria la autosustentabilidad económica, profundizando la mercantilización de la naturaleza y precarizando aún más a los trabajadores.
Precarización, vale decir, que en muchos compañeros ya lleva más de 20 años, con contratos que tienen en el mejor de los casos renovación anual, cuando la realidad es que esos miles de trabajadores merecen desde hace ya mucho tiempo su estabilidad laboral. El 50% de los trabajadores de las áreas protegidas tienen contratos precarios, dando un colectivo del orden de 1.000 trabajadores y trabajadoras en Parques Nacionales en esta situación de mayor vulnerabilidad.
A lo largo del 2024 hemos sufrido más de un centenar de despidos en las distintas áreas protegidas del país, se han congelado los salarios y cualquier opinión contra la gestión puede ser motivo de despido. La veta oscurantista y negacionista se torna más severa cuando más objetiva es la realidad, a modo de ejemplo rige la prohibición de mencionar el término “cambio climático”, existe la intención de eliminar el agrupamiento de Ciencia y técnica del organismo, está prohibido el saludo al año nuevo mapuche, y tan solo la opinión política en redes sociales constituye una falta grave. Estas líneas de presión tienen sus propios fiscalizadores y ejecutores: la política se desarrolla de manera capilar, por medio de los directores regionales e intendentes de los propios parques que terminan por imponer la línea de la gestión digitando los nombres.
Pan y circo
El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Cristian Larsen, a la voz de “la única bandera que flameará en los parques nacionales es la Argentina”, comenzó su propia cruzada antioriginaria, incitando la estigmatización y criminalización de la recuperación territorial de la comunidad Lof Pailako en el Parque Nacional Los Alerces. Impulsando junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, su desalojo con declaraciones infundadas en medio del incendio del año anterior en la misma área protegida. Esto en consonancia con la línea nacional, que implicó la derogación de la ley de emergencia territorial indígena y el desmantelamiento del INAI.
Los mismos que despiden trabajadores, desfinancian programas y desalojan comunidades originarias, aprueban el Régimen de Incentivo a Las Grandes Inversiones para el saqueo de nuestros bienes comunes.
Hace pocos días, la Justicia Federal dictaminó la orden de desalojo de la comunidad Pailako para este próximo jueves 9 de enero, donde se harán presentes para avalar la acción política el gobernador de la provincia de Chubut y Larsen, el presidente de APN.
Todo, no es suficiente
Una vez más, la finalización del año coincidió con el fin del plazo de los contratos que tienen, en general, los miles de trabajadores del Estado; y en particular los 410 combatientes de incendios forestales que realizan sus tareas en la APN. Estos combatientes junto a otros 160 brigadistas del servicio nacional de manejo del fuego forman las cuadrillas que dependen del Estado nacional, que con el apoyo de áreas logísticas, técnicas y administrativas de las áreas protegidas combaten los grandes incendios, como los que hoy se encuentran activos en el Parque Nacional Nahuel Huapi o el Parque Nacional Lanin.
Sin firmar contratos y con la palabra de que los que vendrán serán de solo 3 meses, el combate a los incendios activos se lleva adelante en el marco de una situación delicada donde se manifiesta más incertidumbre y angustia entre los brigadistas, que motivaciones por arriesgar la vida en una actividad donde el gobierno no desarrolla políticas estratégicas. Estos contratos representan un retroceso de 15 años para un colectivo de trabajadores que viene peleando por el reconocimiento profesional y salarial de una actividad que requiere un compromiso y una entrega que ningún funcionario está dispuesto a realizar.
La única certeza que hubo en el área de emergencias de Parques Nacionales es que hay despidos. Al día de hoy en la APN se contabilizan cerca de 10 despidos a brigadistas de distintos parques nacionales, profundizando la limitación e insuficiencia del propio sistema de incendios y emergencia de las áreas protegidas. Ya se han perdido en el transcurso del año cuarenta combatientes, que por los bajos salarios y una falta de perspectiva prefirieron renunciar. En la zona centro del país, que no se cobra los suplementos por zona desfavorable, el salario de un brigadista inicial ronda los 470 mil pesos neto, haciendo que la única forma de complementar el sueldo es con otra changa, fomentando que el pluriempleo se extienda, y siendo esto peligroso para un trabajo donde el tiempo de descanso es más que importante. Si comparamos los números, hay brigadistas que cobran de sueldo, lo que el presidente de Parques gasta en un par de almuerzos corporativos.
Los pronósticos meteorológicos que brindan los técnicos desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego marcan mayores probabilidades de una temporada con temperaturas más altas y menos precipitaciones que las normales, haciendo que los bosques estén más predispuestos a los incendios. Para enfrentar esa situación predecible, cuantificable, solicitaron el refuerzo de 110 brigadistas aproximadamente, pero la gestión solo habilitó un tercio de estos. Es lógico pensar que siempre vamos a estar en déficit con despidos, renuncias y poco refuerzos. También es lógico que ante eventos de gran escala, o ante la simultaneidad de incendios, la gestión se defienda diciendo que están todos los recursos desplegados. Sepamos entonces, que todo no es suficiente.
Estos elementos, entre otros, marcan el vaciamiento de los organismos que deberían desarrollar políticas para el cuidado del ambiente, los bienes comunes, culturales, o el desarrollo de la ciencia; en beneficio de las mayorías de la población, y no en la mera mercantilización de la naturaleza para el beneficio económico y disfrute de una minoría privilegiada.
Resulta necesario continuar dando la pelea por la reincorporación de los compañeros despedidos injusta y arbitrariamente y exigir la estabilidad laboral negada gobierno tras gobierno, de la mano con sueldo digno. Sin trabajadores no hay conservación, y en los parques nacionales no sobra nadie, faltan trabajadores.
Hernan Mondino, brigadista y delegado del Parque Nacional Los Alerces