Hoy comenzó la medida de fuerza que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió que se realizará en el interior -con la interrupción del miércoles por el censo- hasta el viernes 20 de mayo. A pesar de que la mayoría de los sindicatos está funcionando como sostén de la bronca que emanan los trabajadores debido a la degradación salarial, la conducción de UTA no pudo contener el malestar del conjunto de los choferes.
Todos los intentos llevados a cabo por parte del Estado, la dirección burocrática de Roberto Fernández y los empresarios del transporte fracasaron sin excepción. Hoy, la negativa con la que se encuentran los trabajadores del transporte urbano en el interior del país es la de igualar su paritaria con lo alcanzado por sus pares del AMBA. Los mismos lograron un aumento, en varias cuotas, del 50% a agosto.
Por su parte, los empresarios niegan los aumentos porque afrentan constantes “déficits” en sus libros contables. La forma que reclaman para poder continuar con el servicio es adquirir más subsidios millonarios o establecer tarifazos. Como ejemplo de esta postura se pueden repasar los dichos de Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El mismo declaró: “recién el lunes participaron de la reunión ambas entidades, el CoFeTra y el Ministerio de Transporte y los dos se mantuvieron en lo mismo en cuanto a subsidios”. Un comentario que alude a que los subsidios otorgados contemplan el 50% del pago de los salarios de las plantas de choferes. Algo que demuestra que lo único que buscan son partidas que garanticen tener trabajadores pagos por el Estado, funcionando los subsidios como garantía de ganancias puras sin ni siquiera tener la responsabilidad de pagar los salarios. En el medio de esta rosca, también se entrecruzan los roles de los gobiernos provinciales y los aparatos sindicales que sólo se animan a denunciar la disparidad de subsidios existentes entre el AMBA y el resto del país.
Con el FMI poniendo la lupa de forma permanente sobre las cuentas locales, la erogación de nuevos fondos puede que no sea una opción viable. La trabazón principal, cómo cualquiera que sea usuario del sistema de transporte urbano sabe, son las empresas. Su pedido contrasta con la rutina diaria de servicios deficientes, sin inversión alguna en la flota de colectivos, además de caro, a sabiendas de los subsidios recibidos.
Las bases, los choferes, tomarán este paro como una primera medida que vuelve a elevar el volumen de un conflicto recurrente. Experiencias de autoconvocados, conjuntamente con las renovaciones de delegados que se están dando en algunos lugares son el reflejo de la composición que necesita una nueva dirección de la UTA. Que la lucha cuente con un horizonte que promueva la estatización del servicio, contemplando al mismo como un derecho y no un nicho de negocios, con control social por parte de usuarios y trabajadores, es un punto fundamental para la victoria de los trabajadores en esta nueva edición de un viejo conflicto.