El gobierno de Javier Milei ha vuelto a dejar en claro cuáles son sus prioridades y quiénes son los ganadores de su modelo económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de sus redes sociales una nueva baja en las retenciones a las exportaciones del agro. La medida implica una reducción de las alícuotas para los principales cultivos, beneficiando directamente a las grandes productoras y a las cerealeras exportadoras, consolidando una transferencia de ingresos millonaria desde el Estado hacia uno de los sectores más concentrado y rentable de la economía nacional.
El anuncio, establece un nuevo esquema donde:
- La soja baja del 26% al 24%; sus subproductos del 24,5% al 22,5%;
- El trigo y la cebada del 9,5% al 7,5%;
- El maíz y el sorgo del 9,5% al 8,5%;
- El girasol del 5,5% al 4,5%.
Con estas modificaciones, la soja pasa a tributar su nivel más bajo en casi dos décadas, un regalo fiscal que, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dejará unos 600 millones de dólares adicionales en los bolsillos de la cadena agroindustrial. Mientras se les niega un aumento digno a los jubilados y se recortan partidas esenciales en salud y educación bajo la excusa del “no hay plata“, el gobierno encuentra margen fiscal para aliviar la carga impositiva de quienes ya cosechan ganancias extraordinarias en dólares.
Luis Caputo no dudó en celebrar la decisión con un mensaje en su perfil de X: “Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan“. Estas palabras confirman que la hoja de ruta del gobierno es el desmantelamiento total de cualquier mecanismo de captación de renta agraria, dejando al Estado sin recursos para políticas públicas y subordinando la economía nacional a los intereses de un puñado de terratenientes y multinacionales del grano.
Pero, si se retrocede un poco en el tiempo, se puede ver que esta medida no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un ida y vuelta, frecuente, entre el gobierno libertario y el agronegocio. Basta recordar el escandaloso episodio previo a las elecciones legislativas, cuando Milei decidió eliminar las retenciones por apenas un par de días, permitiendo que un grupo selecto de cerealeras liquidara exportaciones masivas y se hicieran de una ganancia extraordinaria de U$S1.500 millones en tiempo récord. Esa maniobra, disfrazada de incentivo, fue una transferencia directa de recursos públicos a las arcas privadas, y este nuevo anuncio ratifica que esa es la norma y no la excepción de la gestión económica actual.
La reducción de los derechos de exportación profundiza el perfil primarizador que Milei quiere imponerle a la Argentina. Lo que se busca es convertir al país en una granja y una cantera para el mundo, donde el eje productivo sea el extractivismo agrícola, hidrocarburífero y minero, con escaso valor agregado y nula generación de empleo de calidad. Este modelo no solo precariza la estructura laboral, sino que fomenta la destrucción ambiental al incentivar la expansión de la frontera agrícola y el uso intensivo de agrotóxicos para maximizar rindes y ganancias. Es la reprimarización de la economía llevada al extremo, atando el destino del país a los precios internacionales de las commodities y a la voracidad de las corporaciones extranjeras.
Mientras Caputo le garantiza rentabilidad a los sojeros, la industria y el comercio atraviesan una crisis profunda, con suspensiones y despidos que se multiplican día a día. Con esta jugada, el gobierno elige desfinanciar al Estado, para favorecer la acumulación de capital de los sectores que especulan con el hambre y retienen la cosecha esperando una posible devaluación.
Incluso, desde la lógica de la necesidad de divisas, la medida es cuestionable. Analistas del propio sector advierten que el impacto en la liquidación de exportaciones será marginal en el corto plazo, ya que gran parte de la cosecha gruesa ya fue comercializada o se liquidó durante la ventana de retenciones cero de septiembre. Lo que queda es el trigo, cuyo precio internacional está deprimido por lo que la baja de alícuotas servirá más para mejorar los márgenes de ganancia de los exportadores que para generar un aluvión de dólares en las reservas del Banco Central.
Frente a este saqueo, es necesario denunciar que los recursos existen, pero se los están regalando a los dueños de la tierra y los puertos. La crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores mientras el agronegocio recibe beneficios impositivos y blanqueos a medida.
La salida pasa por romper con este modelo de entrega y plantear una reforma agraria integral, la nacionalización del comercio exterior y la imposición de retenciones progresivas a las grandes exportaciones, para que esa renta extraordinaria se vuelque al desarrollo industrial planificado democráticamente, la creación de empleo genuino y la atención de las urgencias sociales de las mayorías trabajadoras.
