Ya salió el nuevo número mensual impreso de Alternativa Socialista. En la nueva edición vas a encontrar el panorama político nacional por Cele Fierro; el panorama económico por Gerardo Uceda; una nota acerca de las causas de la ofensiva represiva del gobierno por Andrea Lanzette; el debate en torno al peronismo por Guillermo Pacagnini; la campaña en solidaridad con Alejandro Bodart ante el juicio promovido por la DAIA junto a la actualidad del conflicto bélico en Medio Oriente; una entrevista al periodista y escritor Gustavo Veiga. Y un artículo histórico sobre Federico Engels por César Latorre. Pedí este nuevo número a nuestros militantes del MST en el FIT Unidad, o acércate a cualquiera de nuestros locales. Compartimos, a continuación como adelanto esta nota de Cele Fierro, diputada porteña (MST en el FITU).
Con la Ley Bases aprobada y el Pacto de Mayo firmado en julio por 18 de los 24 gobernadores, el gobierno de Javier Milei logra seguir el rumbo propuesto desde que asumió. Esto no oculta tensiones con los propios y con los sectores del poder económico que, aunque lo consideran “lo posible”, dudan por las consecuencias de la caída sostenida de la producción y el consumo, reflejo del brutal ajuste que aplica Milei.
El gobierno consiguió la foto que necesitaba para mostrarse fuerte ante los sectores económicos concentrados. Luego de medio año de gobierno sin lograr el paquete de leyes para avanzar con la desregulación y su plan de reforma integral del país, lo alcanzó con compra de votos y represión. Este triunfo ajustado en el Senado le permitió avanzar también con su pacto, que en vez de mayo se firmó el 9 de julio en Tucumán con 18 gobernadores, dos ex presidentes y miembros de la oposición dialoguista. No estuvo la vicepresidenta Villarruel, sorpresivamente “resfriada”.
Fue la antesala de los avances en diferentes provincias con legislaciones acordes al plan del gobierno, como la adhesión al entreguista RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que van a marcar el rumbo del país de cara a los próximos años.
El Pacto de Mayo se compone de 10 puntos:
1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.
5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias.
7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
Todos los puntos apuntan a poner a la propiedad privada por encima del resto de los derechos, como por ejemplo al derecho a la salud, o bien a la educación, que se agregó a último momento. Seguir ajustando el gasto público, lo que implica menos políticas públicas para hacer frente a la desigualdad social creciente. La entrega completa de los territorios y bienes comunes para el extractivismo capitalista sin límites. Y el golpe brutal a la clase trabajadora con la reforma laboral y previsional, tal como exigen las patronales para garantizar su rentabilidad.
A pesar de esta demostración de apoyo político, las medidas logradas por el gobierno siguen generando muchas dudas en el establishment. Que comparte el rumbo, pero no tiene certeza de hasta dónde puede llegar y teme una crisis social en el horizonte si no hay medidas para capearla, medidas que por supuesto el programa del gobierno no contempla.
Hasta el FMI en su octava revisión, y en la última reunión que tuvo Giorgeva con Caputo, además de remarcar lo positivo de los “sólidos avances” alertó que “se requiere mejorar la calidad del ajuste fiscal, iniciar pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria, e implementar la agenda estructural”. E insistió en que es necesario “proseguir los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables”. Así muestra también su preocupación por los problemas sociales, no por la malaria que vive más de media población, sino por la posible crisis social que generen el ajuste y el deterioro de la imagen de la actual gestión. Una imagen que sigue cayendo, por ejemplo, cuando Caputo saca reservas en oro al exterior o cuando sus diputados visitan a genocidas y luego dan excusas ridículas.
El gobierno en números
Según los datos de los últimos sondeos, hay una lenta pero sostenida caída en la imagen del gobierno d Milei y, sobre todo, un rechazo a las políticas que implementa.
La obsesión del gobierno de lograr una tasa de inflación mensual del 0% al 2% lleva a prolongar la recesión. Algunos analistas hablan de “hiperrecesión”, con pronóstico de ir a una depresión económica y, como se vio en las últimas semanas, a reventar las ya escasas reservas disponibles en el Banco Central, vendiendo dólares para contenerlo y sacando lingotes de oro afuera.
Las encuestas marcan una desaprobación del 50.4 al 53.6%. El dato llamativo es que en ese 50% que opina que el plan económico del gobierno está fracasando hay casi un 17% de votantes de Milei.
Son sondeos que pueden variar, pero el descontento y la desaprobación del gobierno de a poco van creciendo. Esto se relaciona con otro dato: aparte de que en el sector público y privado aumentan los despidos, los salarios, las jubilaciones y la ayuda social están lejos de ganarle a la “baja inflación”. El salario mínimo, vital y móvil en julio fue de 254.232 pesos, apenas el 62% de la canasta alimentaria básica familiar.
Según el gobierno, todo va mejor. Pero la vida cotidiana del pueblo trabajador está a años luz de ese relato mentiroso. Más del 70% señala que su situación económica está peor desde que asumió Milei y el 64.2% de los recortes fueron en alimentos. El único dato a favor de él es que un sector aún espera que las cosas mejoren a futuro: un 16.8% de la gente le da un año más de crédito. Es un respiro para un gobierno que mide minuto a minuto cómo ganar tiempo y conseguir los preciados 10 mil millones dólares y que todo no le salte por los aires…
Lo que viene
El RIGI fue uno de los capítulos más controvertidos de la Ley Bases. Es la entrega completa y por 30 años a las corporaciones extractivistas de la poca soberanía nacional que queda sobre los territorios y bienes comunes, con beneficios fiscales enormes y la garantía de poder liquidar todos los activos en el exterior: un regalo con moño. Esto agrava por más de tres décadas el contexto previo, ya denunciado y resistido por las comunidades y organizaciones, ya que el extractivismo no tiene diferencias en cuanto a color político de gobierno.
El RIGI fija como objetivos: “a) incentivar las ‘Grandes Inversiones” nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país; b) promover el desarrollo económico; c) desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos; d) incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI; e) favorecer la creación de empleo; f) generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse; g) crear para las ‘Grandes Inversiones’ que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI; h) fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales; y i) fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.
Los proyectos a los que será aplicable este régimen son de los sectores de foresto-industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Tendrán “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos”. Es más: Patricia Bullrich les garantiza el despliegue de fuerzas de seguridad por si hay conflicto con comunidades originarias, asambleas vecinales o ambientalistas.
Las provincias avanzan en adherir al RIGI y con reformas de leyes para darles seguridad a las corporaciones. Hasta ahora sólo adhirió Río Negro, mientras que se preparan en Chaco, Catamarca, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Salta, Jujuy, Entre Ríos y CABA. Además, en Entre Ríos, el gobernador Frigerio (JxC) presentó el RINI: un régimen colonial especial. En la Provincia de Buenos Aires, Kicillof anunció que presentará un “RIGI bonaerense” que incluirá beneficios en los impuestos Automotor, Inmobiliario, de Sellos e Ingresos Brutos. Habrá requisitos como contratar un mínimo de mano de obra local y comprar suministros en empresas locales. Aclaró que será complementario al nacional y que la Provincia adherirá al RIGI de Milei. Este anuncio se dio en medio de una pulseada por la instalación de la planta de GNL de YPF-Petronas. El gobernador rionegrino Weretilneck ganó y la planta se construirá en Punta Colorada.
Pero más allá de la puja burguesa por quién hacía mejor los deberes para quedarse con el megaproyecto de 50 mil millones de dólares, las condiciones de coloniaje son descaradas. A los tres años de iniciado el RIGI, no tendrán que pagar retenciones a las exportaciones ni obligación de ingresar al país el total de las divisas, entre otros beneficios. Como vemos, durante todo agosto los gobernadores apurarán los trámites para adherir al RIGI y que comience a regir. Por eso en todo el país las asambleas se han declarado en estado de alerta y movilización, en un movimiento que se reactiva.
Represión y autoritarismo como sello de gestión
Desde el inicio, el gobierno niega el genocidio y difunde su discurso del “orden”. Tenemos el protocolo de Bullrich, las reformas de los códigos procesales -como la reiterancia en CABA- y los proyectos en el Congreso para subir penas, bajar la edad de imputabilidad, meter el ciberpatrullaje y la ley “antimafias”. Diputados de LLA visitan en la cárcel a represores condenados que torturaron, secuestraron, asesinaron y robaron bebés. El único objetivo de todo eso es perseguir las luchas populares, cuestionar derechos básicos como la protesta social, la libertad de expresión, la huelga y barrer de las calles todo reclamo. Para colmo, con la excusa del “terrorismo”, acaban de presentar otro escandaloso proyecto para poder usar a las FF.AA. en la represión interna. El gobierno ha logrado dar avances antidemocráticos y represivos, marcando un cambio del régimen político que impera en nuestro desde hace 41 años.
La persecución, la represión y las detenciones tienen relación directa con el plan de ajuste y entrega. Quieren impedir que los trabajadores y otros sectores populares salgan a luchar, se movilicen, usen su legítimo derecho a huelga, para imponer los despidos, los cierres de fábricas y la precarización laboral.
- Es contra las organizaciones sociales, cuando salen a reclamar por alimentos, mientras se vence la comida que Pettovello tenía bajo llave el Ministerio de Capital (In) Humano.
- Es contra las y los valientes jubilados y jubiladas, que siguen con sus acciones semanales de protesta ante el Congreso pese a los intentos represivos.
- Es contra las comunidades que enfrentan el avance megaminero en los territorios, preparando despliegue represivo para cuidarles los negocios a esos pulpos.
Por eso un compañero y una compañera siguen presos luego de la represión cuando la Ley Bases, como forma de amedrentar a quienes salen a luchar. Sólo con una política represiva y de recorte de las libertades y derechos democráticos el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich puede hacer pasar su nefasto plan. Pero en el país somos miles y miles de trabajadores, trabajadores, jóvenes y sectores medios, y serán miles más, quienes no nos resignamos, los resistimos y enfrentamos sus medidas. Tenemos que estar alertas y organizar en unidad la resistencia, las luchas y también la autodefensa contra los ataques de este gobierno ultraderechista y sus socios. Cada vez que el pueblo salió masiva y unitariamente a las calles, no hubo protocolo que lo pudiera detener.
Propios, ajenos, cómplices opositores
El gobierno tiene una gran debilidad estructural. Solo se entienden sus avances gracias al sustento y apoyo de aliados, la oposición “dialoguista” y la que dice enfrentarlo pero no mueve un dedo para pararlo. Ya muchos editoriales de distintos analistas señalan, con otras palabras, que en el rol cómplice de la oposición tradicional está la mayor fortaleza de Milei.
Las tensiones con Villarruel, los vaivenes con Macri; que se acaba de relanzar como jefe del PRO con críticas a Milei; la fidelidad de Bullrich, los cambios en el gabinete y demás funcionarios, los desplantes a la oposición “amiga”, son las muestras de esa debilidad relativa y los intentos de estructurar un armado político nacional con miras al 2025.
Durante estos largos ocho meses de gestión los partidos políticos capitalistas han contribuido por acción u omisión a que el gobierno dé pasos en su plan. Los votos, el quórum, la negativa a movilizar, componen un balance sobre las limitaciones de esos sectores, conclusiones necesarias para lo que se viene. Vale también el ejemplo de la dirección de la UCR, que aportó a la marcha por la universidad pública pero luego votó la Ley Bases y en el Congreso se negó a tratar la emergencia presupuestaria educativa.
Otros posan de distintos como Pichetto y su bloque, que ahora impulsan que no se apruebe el DNU para el financiamiento secreto de la SIDE. Nada hay que esperar de estos sectores que por un vuelto o un cargo terminan apoyando estas políticas nefastas. Si algo va quedando claro es que la “oposición” política es cómplice del plan que Milei encabeza. Esto reafirma la necesidad de construir otra alternativa política.
Es ahora, en unidad y en la calle
El panorama se presenta complejo, con un gobierno que avanza con sus socios y opositores cómplices y un peronismo en sus diferentes variantes que se dicen opositoras pero no se juegan realmente para frenar al gobierno. Estos meses también demostraron que hay fuerza para enfrentar todo el plan de Milei. Cada vez que se convocó de forma unitaria el pueblo salió en forma masiva, como el paro nacional del 24 de enero, también el 24 de Marzo y la histórica marcha educativa. También fue potente la unidad contra la represión y las detenciones, que unió a un amplio sector de la política y organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y terminó logrando la libertad de 31 de los 33 detenidos.
Estos ejemplos son útiles para alentar frente a dudas lógicas de trabajadores y jóvenes. Hay que sacar conclusiones de estas grandes acciones unitarias. También ver que hay resistencia por abajo y luchas por sector, contra los despidos, por el salario, se reactiva la coordinación plurinacional contra el extractivismo. Hay organización que se mantiene aunque el gobierno pretende destruir la red de organizaciones sociales.
¿Podemos frenar a Milei? Esa duda legítima en sectores que salen a luchar o se plantean hacerlo, refleja la lógica desconfianza en una dirigencia sindical que convocó un par de veces pero luego frenó todo y se sentó a negociar con el gobierno.
Recuerda mucho al período del gobierno macrista, salvando el acelere de Milei. En ese momento los mismos sectores planteaban que había que “darle tiempo”, “hay 2019” decían, haciendo la plancha hasta la siguiente elección… y luego gobernaron peor, defraudaron al pueblo y así abrieron las puertas al ultraderechista Milei. No se puede ahora, otra vez, insistir con el verso de que se va a recuperar si viene otro gobierno “nacional y popular”. Las penurias de este gobierno son hoy y no se aguantan más. Si se le da tiempo a Milei y se permite su ajuste, ¿qué derecho nos quedará en unos años?
En una Carta Abierta que estamos difundiendo en todo el país hacemos una propuesta concreta: hace falta la más amplia unidad en la calle, ahora. La mayor unidad de acción que podamos construir contra las políticas de este gobierno. Un plan de lucha coordinado por diversos sectores e impulsado desde cada lugar. Es la única para frenarlo.
Hay que debatir en todos lados, convocando a coordinar y a la acción conjunta a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas que dicen estar contra Milei. Hagamos plenarios conjuntos, coordinemos acciones, debatiendo desde las bases un plan de lucha real y que incluya la huelga general. Es con el movimiento obrero en las calles y organizado junto a todo el pueblo. Y para eso hay que construir y dejar de lado la especulación electoral.
Por supuesto hay debates políticos, matices y diferencias entre distintos sectores. Seguiremos debatiendo y desde la izquierda anticapitalista y socialista insistiremos en nuestras propuestas políticas. Pero ningún debate de proyecto debe impedir la unidad en las calles entre sectores de izquierda, referentes independientes, de quienes se consideran peronistas o votaron esas listas pero quieren realmente detener ese ajuste inhumano. Militemos por la mayor unidad en la lucha. No va la parálisis ni tampoco un sectarismo que no sirve para frenar a Milei. Insistimos en la necesidad de generar un movimiento de lucha unitario y masivo contra el gobierno.
Algo nuevo con la izquierda
En el plano político, opinamos que el desafío es seguir fortaleciendo una herramienta potente de la clase trabajadora, y esa herramienta es con la izquierda.
Invitamos a reflexionar a miles de trabajadores y jóvenes sobre la inconveniencia de repetir recetas fracasadas, de hacer siempre lo mismo, de aplicar orientaciones que no funcionaron y nos trajeron al desastre actual.
En la izquierda tenemos también la responsabilidad de convocar desde el Frente de Izquierda Unidad, de organizar políticamente tanto descontento. Para eso hay que dejar de lado las premisas de un proyecto cerrado o sólo electoral. Tenemos que abrirnos a discutir con una amplia franja del activismo independiente y de la población, invitándolos a participar junto a nosotras y nosotros. Y participar es hacerlos protagonistas, partícipes verdaderos, militantes de una gran unidad de la izquierda en base a nuestro programa anticapitalista y socialista. Por eso nuestra propuesta de un Congreso Abierto del FIT Unidad con miles de militantes y simpatizantes para debatir y resolver las tareas necesarias.
Compartimos estas propuestas con la convicción de avanzar para que la izquierda sea una opción de poder. Impulsando la mayor unidad de acción en la calle, y convocando con nuestro programa y transformando positivamente a nuestro frente, estaremos mejor para las peleas que se vienen. Vivimos un tiempo difícil. Tengamos confianza, la pelea es larga y si sumamos fuerzas podremos abrir más temprano que tarde un tiempo mejor.