Nota extraída del sitio web de la Liga Internacional Socialista.
Desde hace aproximadamente dos meses, un profundo proceso de resistencia y movilización paraliza al país, enfrentando al gobierno del Presidente Mulino, protagonizadas por docentes, trabajadores de la construcción, obreros de las bananeras, comarcas indígenas, juventud, mujeres, ambientalistas, comunidades y una amplia franja de la clase media, las protestas se extienden a lo largo y ancho del país.
Razones de la revuelta
Esta explosión popular es la respuesta a varias razones de larga data, pero que ahora se sintetizan en una oposición contundente a la intención del gobierno de aplicar la Ley 462 que produce una nueva regresión en el régimen de jubilaciones y pensiones de la clase trabajadora panameña, que pasa de un retiro con aproximadamente el 60% de su salario a un 30% o menos. También permite que las familias ricas de Panamá manejen los fondos de las pensiones y entren a la especulación del mercado financiero. Además, el presidente Mulino anunció la intención de reabrir la minería y volver a habilitar a First Quantum, saltando de manera olímpica una antigua decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo impedía. Por estas razones la indignación se instaló en todos los territorios de Panamá.
Para colmo, la llegada de Trump a su segundo mandato se produce con una manifiesta intención de volver a la situación de control del Canal de Panamá, algo que encuentra el beneplácito del gobierno de Mulino, luego de haber firmado un acuerdo para habilitar la reapertura de tres bases militares de los Estados Unidos, a pesar que Panamá por disposición constitucional no posee ejército y que un tratado vigente entre ambos países había establecido desde finales de 1999, el final de tal presencia militar extranjera. Se configura así una situación de vasallaje del gobierno, hechos que incentivan el nuevo ciclo de protestas.
Recrudece la represión
Hace solo un par de días, la sangre de un niño indígena de doce años, herido de gravedad por la represión gubernamental, mostraba que el conflicto entraba en una nueva etapa. Un poco antes, Saúl Méndez, principal dirigente del poderoso sindicato de la construcción, tuvo que asilarse en la embajada de Bolivia para evitar ser detenido, presentado como un trofeo y encerrado en prisión, algo que ya ocurrió con otros dos de sus dirigentes, Genaro López y Jaime Caballero, enviados a la peor cárcel de delincuentes comunes. Miles de docentes en huelga han sido desaparecidos de las planillas de pago y otros tantos han pasado de manera ilegal a la figura de licencia sin sueldo permanente.
Una cortina informativa nacional e internacional impide que el movimiento social y los pueblos del mundo conozcan lo que está ocurriendo en el pequeño país centroamericano.
Mulino, uno mas de los gobiernos de Ultraderecha
Desde el lanzamiento de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, (ex ministro del interior del corrupto gobierno de Martinelli y consentido del señor Motta, el magnate de la industria aérea panameña, medios de comunicación y otras operaciones comerciales), comenzó a definir una agenda, que permita recuperar la dominación previa a la rebelión ecológica del año 2023, ampliar las ganancias del capital financiero en ese país y cumplir con la agenda neo-colonial ante la inminente nueva administración de Trump en la Casa Blanca.
Lo novedoso de la elección del presidente Mulino fue la llegada al parlamento de una amplia bancada de diputados independientes, que habían aprovechado la ola de la revuelta popular del 2023 para abrirse espacio. Esta renovación parlamentaria, que mostraba la intención del electorado de producir una nueva situación política, fue traicionada rápidamente por la mitad de esta nueva fracción parlamentaria quienes rápidamente llegaron a un acuerdo con el reaccionario gobierno de Mulino quien, electo con solo el 34% de los votos, carecía de mayoría parlamentaria.
Movilización unitaria
Los primeros en declarar la huelga el pasado 23 de abril fueron los docentes, quienes anunciaron que no volverían a las aulas hasta que no se derogara la Ley 462 (régimen de pensiones y jubilaciones), se garantizara el cierre de la minería y se dejara sin efecto el memorándum de entendimiento militar con los Estados Unidos. En esta oportunidad ocurre el fenómeno progresivo de miles de padres, madres y familias quienes en las escuelas y colegios deciden en asambleas dar apoyo a la huelga que sostienen los educadores de sus hijos. Nuevamente reaparecen, desde que en la década de los ochenta habían sido suprimidas por Noriega, sus asociaciones por colegio, movilizaciones de estudiantes de secundaria, mientras la Universidad de Panamá es epicentro de reuniones, declaraciones, encuentros y marchas, que incluso han provocado la expulsión de la universidad del dirigente estudiantil Eduardo García del grupo universitario FER-29, como una de las tantas respuestas represivas que los propios rectores vienen aplicando.
Movilizaciones diarias de los maestros y profesores, junto a la entrada en conflicto de los trabajadores de las bananeras y el poderoso sindicato de la construcción, han generado la incorporación a la lucha de poblaciones enteras en las provincias del interior del país. Esto elevó la calidad y el número de manifestantes, lo cual llevó al gobierno de Mulino a desatar una represión sin precedentes en las últimas décadas. Cientos de heridos y detenidos a diario no detienen las protestas, por el contrario, las incrementan.
Al entrar en el conflicto las comarcas indígenas la represión se hizo de manera inmisericorde, especialmente contra mujeres y niños de los pueblos originarios. El saldo de un menor de 12 años y un estudiante universitario heridos gravemente por las balas, revela que estamos ante un gobierno de mano dura que busca infringir una derrota al movimiento social que le permita deshacerse de sus principales organizaciones para avanzar en sus nefastos planes, sumándose así a la ola de gobiernos de ultraderecha, que como los de Bukele, Noboa ó Milei, intentan establecer “un nuevo orden” reaccionario.
Esta semana el conflicto entró a una etapa decisiva, mientras el gobierno juega a la dilación para producir su desgaste, con la esperanza que las protestas se apagarán en los próximos días. Sin embargo, todo indica que se pasará de las movilizaciones a la paralización del país, para lo cual se requiere multiplicar las voces de solidaridad internacional.
La Alianza Pueblo Unido por la Vida, es la coalición que impulsa las protestas y ha construido un amplio frente social que enfrenta la ofensiva de Mulino.
La unidad de los gremios docentes, sindicales, ambientalistas y comunitarios parecen demostrar que se puede ir más allá de las luchas sectoriales y generar una amplia participación de las poblaciones para avanzar en las luchas y lograr derrotar al capital financiero, las políticas extractivistas y el neocolonialismo norteamericano.
El gobierno por ahora ha apostado por un aplastamiento de la revuelta, pero de no lograr hacerlo, tendrían que decidir entre retroceder o perder el control.
La rebelión en Panamá no es solo contra una ley, sino contra todo un sistema que mercantiliza los derechos sociales, entrega la soberanía nacional al imperialismo y reprime a los que luchan. La clase trabajadora , la juventud, los pueblos indígenas y el pueblo panameño dan ejemplo de valentía unidad y disposición a la lucha.
Continuar y profundizar el camino de la movilización es la tarea inmediata hasta lograr la caída del ilegitimo gobierno del dictador Mulino. Serán los sectores en lucha los que deben debatir como continuar para lograr una verdadera emancipación.
Caído Mulino, el llamado a una Asamblea Constituyente permitiría discutir cómo reorganizar el país. Pero para garantizar que permita discutir todos los cambios que hacen falta producir, la tendría que llamar y garantizar un nuevo gobierno, de los que nunca gobernaron, los trabajadores y las organizaciones en lucha, que evite caer en una nueva frustración y aplicar las medidas urgentes que necesitan las mayorías populares.
Solidaridad internacional
En medio de esta dramática situación, se requiere de una amplia solidaridad internacional de las fuerzas democráticas y progresistas, el movimiento social y educativo a nivel internacional. No podemos dejar solo al pueblo panameño en esta hora.
Por eso, desde la Liga Internacional Socialista nos hemos sumado a la campaña mundial de protesta y entrega de declaraciones de solidaridad con la lucha del pueblo panameño, frente a las embajadas y consulados de Panamá en cada país, el día 9 de junio de 2025. Esto permitiría comenzar a romper el cerco mediático que han configurado las grandes agencias de noticias y establecer una importante red de comunicación y solidaridad alternativa.
Por Alberto Giovanelli