El lunes 19 de octubre fue el día en que el gobierno puso en marcha la actividad del Consejo Económico y Social (CES). Con los ministros Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo y Claudio Moroni, de Trabajo, más la presencia de empresarios y dirigentes sindicales, se establecieron los diez puntos centrales del CES.
El listado de ítems a trabajar por la nueva institución creada, son los siguientes:
- Necesitamos exportar más
- Ningún sector productivo sobra: todos son importantes
- Mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia
- No hay futuro sin políticas productivas
- Ninguna política productiva será sustentable si no piensa en la dimensión ambiental
- Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo
- Si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad
- Una buena política productiva debe reducir las brechas de género
- La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente
- Toda política de desarrollo productivo debe se una política de desarrollo regional.
Las contradicciones del Consejo
En el listado se visualizan contradicciones y continuidades del modelo productivo que está llevando adelante Alberto Fernández. No es el fin de este artículo analizar punto por punto lo propuesto por la superestructura política, que sintetiza la idea de pacto social promovida por el gobierno, para asegurarse una estabilidad social ante tanta represión al bolsillo de los trabajadores. De todas formas, sin hacer un análisis minucioso, si se resaltarán algunas contradicciones obvias.
En primer lugar, se puede denunciar que los puntos 1 y 5 son una antítesis que el gobierno resuelve por la apuesta a seguir destruyendo el medio ambiente. La idea de aumentar las exportaciones es algo que respeta a cualquier costo. En este marco se entiende el acuerdo bilateral con China, que Felipe Solá trata de firmar para traer al país factorías de cerdos altamente contaminantes (consideradas como motivo de desenlace de una nueva pandemia producto del fenómeno de zoonosis). La motivación es acumular dólares para pagar la fraudulenta deuda externa.
También se aclara que “ningún sector productivo sobra”. La realidad dice otra cosa, habría que preguntar qué sector productivo valoriza este gobierno cuando no hay ningún tipo de inversión para cadenas de producción. Más bien, se sigue respetando la matriz productiva del capitalismo criollo que data de los ‘70. Se profundizan los intereses de los sectores extractivistas que, para las grandes mayorías, sí sobran. No son más que otro elemento de destrucción ambiental sin que retribuyan ningún tipo de mejoramiento de la calidad de vida.
Otro elemento a resaltar, sobre los puntos a trabajar en las mesas sectoriales del CES, es el referido a la desigualdad y la pobreza. Es una idea contradictoria cuando, según lo que remarca el propio INDEC, el índice de pobreza trepó a 41%. Seguido a esto, para “combatir” la desigualdad, hoy el gobierno oficializó un salario mínimo que va a ser de $ 21.600 en marzo, cuando actualmente los ingresos que se calculan de indigencia son de $ 18.792.
Un gobierno orientado a asaltar a la clase trabajadora
Perdido en la tormenta del dólar y sin horizonte de poder controlar la demanda de la divisa, a pesar de implementar medidas propias del FMI, el gobierno solo sigue con una estrategia sin modificar: la de atacar sistemáticamente los ingresos de los trabajadores.
La reunión del CES, integrada también por Miguel Acevedo de la UIA y Héctor Daer de la CGT, busca rememorar aquella política denominada Plan Gelbard, un tanto mencionada al inicio del gobierno de Fernández. Este tipo de medidas, de pactos sociales, no buscan más que resguardar las ganancias de las patronales en detrimento de la pérdida de salario real de quienes trabajan.
El aumento de salario acorde a la inflación real y el costo de la canasta básica, un plan de producción que procure un sano metabolismo con el medio ambiente, un ataque a las grandes fortunas del círculo rojo del empresariado, son los elementos que no se visualizan.
Una vez más, con una nueva iniciativa, el Frente de Todos sigue sumando elementos para justificar su caracterización como un gobierno pro patronal que vino a estafar a los trabajadores y mayorías populares, con un discurso maquillado que día a día va perdiendo su encanto.