A partir de este lunes 17 de noviembre, el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufre un nuevo incremento de casi un 10%, acercando el boleto mínimo a los $500. Esta medida, oficializada a través de la Resolución 77/2025 de la Secretaría de Transporte, representa otro golpe brutal al bolsillo de los trabajadores que dependen del transporte público para llegar a sus empleos.
La justificación del gobierno se ampara en un mecanismo de revisión bimestral establecido en 2022, que permite ajustes basados en la inflación acumulada. Sin embargo, este aumento del 9,7%, se inserta en una sucesión implacable de subas que han convertido al transporte en uno de los rubros que más ha superado la inflación general. Por ejemplo, el último aumento de las líneas nacionales de colectivos, se había dado entre mayo, julio y julio de manera escalonada, acumulando un 21,5%. Al mismo tiempo que sucedieron estos incrementos, desde marzo, las líneas que circulan dentro del CABA dependientes del gobierno porteño, y las que circulan solo dentro de municipios bonaerenses del AMBA, dependientes de PBA, aumentaron un 2%. Además, en noviembre ya se habían incrementado un 4,1% y en diciembre, el precio del boleto volverá a subir un 4,3%.
En lo referido al aumento del 9,7% autorizado para este lunes, el cuadro tarifario queda configurado de la siguiente manera:
- Sección 1 (de 0 a 3 kilómetros):
- Tarifa plena: $494,83
- Tarifa Social Federal: $222,67
- Sin SUBE registrada: $786,78
- Sección 2 (de 3 a 6 kilómetros):
- Tarifa plena: $551,24
- Tarifa Social Federal: $248,05
- Sin SUBE registrada: $876,47
- Sección 3 (de 6 a 12 kilómetros):
- Tarifa plena: $593,70
- Tarifa Social Federal: $267,16
- Sin SUBE registrada: $943,98
- Sección 4 (de 12 a 27 kilómetros):
- Tarifa plena: $636,21
- Tarifa Social Federal: $286,29
- Sin SUBE registrada: $1.011,57
- Sección 5 (más de 27 kilómetros):
- Tarifa plena: $678,42
- Tarifa Social Federal: $305,28
- Sin SUBE registrada: $1.078,69
Mientras los salarios se derrumban y ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta alimentaria básica, los trabajadores se ven forzados a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos al solo hecho de trasladarse a sus puestos de trabajo. La situación ha llegado a un punto absurdo donde muchos comienzan a plantearse recortar tramos de sus viajes y caminar, ahorrando unos pocos pesos para que alcance para el plato de comida.
Esta política de ajuste sistemático contrasta con las exigencias permanentes de los empresarios del transporte, representados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, quienes argumentan que las tarifas aún no alcanzan los “costos reales” a pesar de que entre 2022 y 2025 los precios se multiplicaron por más de 30, muy por encima de la inflación acumulada.
Frente a este escenario de saqueo generalizado, se vuelve imprescindible exigir la apertura inmediata de los libros contables de las empresas de transporte. La población trabajadora tiene derecho a saber en qué se utilizan los subsidios estatales que continúan recibiendo estas empresas y cómo se distribuyen las ganancias millonarias que generan. Toda empresa que se niegue a transparentar sus números debe ser expropiada sin indemnización.
La única solución de fondo para tener un sistema de transporte digno, accesible y de calidad es la estatización bajo control de los trabajadores y usuarios. Solo mediante la gestión democrática se podrá decidir colectivamente las inversiones necesarias para mejorar el servicio, integrar el sistema de transporte y reducir su impacto ambiental. Mientras el transporte siga en manos de empresarios que lo conciben como un negocio, los trabajadores seguiremos financiando con nuestro esfuerzo sus ganancias.
