Por orden del FMI. El martes 10 llegó a nuestro país una nueva misión de funcionarios del Fondo Monetario Internacional a “monitorear” nuestra economía. Una de sus recomendaciones clave, no sólo para la Argentina sino para todo el mundo, es achicar el déficit fiscal, eso que ellos llaman “el gasto público”. Y una de sus recetas principales para concretar ese achique es nada menos que recortar los haberes de quienes trabajaron toda su vida y ellos consideran “pasivos”: lxs jubiladxs y lxs pensionadxs. El gobierno esperó a la misión del FMI con la noticia de haber cumplido servilmente sus órdenes.
Un ajuste tras otro. Recordemos que ya durante el 2008, el gobierno de Cristina modificó la fórmula de cálculo del 82% móvil de las jubilaciones, alejándolo del porcentaje real sobre el salario activo. Macri, aunque por la resistencia popular no pudo hacer pasar toda la reforma anti-jubilatoria que pretendía, en 2017 la volvió a modificar a la baja. Alberto, apenas asumió, eliminó la movilidad. Y ahora vuelve a aplicar el torniquete siguiendo los dictados del FMI y los organismos financieros internacionales, que impulsan la suba de la edad jubilatoria y la reducción de los haberes. Eso sí: lo hará a través de una ley del Congreso, en donde el Frente de Todos y el macrismo se arrodillan ante los capitalistas.
La fórmula de la condena. Hasta ahora, los incrementos del monto de las jubilaciones y pensiones se calculaban en base a la combinación de dos indicadores: la suba de precios según el IPC y el promedio de aumento salarial. Por cierto, el resultado siempre daba por debajo de la inflación. Pero ahora, con esta nueva alquimia, se deja de lado el índice de precios y sólo se consideran dos variantes: la evolución salarial y la recaudación impositiva. Por más verso que haga el gobierno, como los aumentos de salarios son ínfimos y la recaudación fiscal es floja, se empuja a la tercera edad a mayor pobreza y miseria todavía.
Roban nuestra plata. Los recursos de la ANSES y del Fondo de Garantía y Sustentabilidad tienen dueñas y dueños: pertenecen a las y los jubilados que aportaron toda su vida y a las y los trabajadores que aportan un porcentaje de sus salarios mes a mes. Sin embargo, los gobiernos meten mano a discreción en esos fondos para desviarlos a otros fines y el gobierno de Alberto Fernández no es la excepción: los usan para pagarles puntualmente a los bonistas buitres y, dentro de poco, también al FMI. El mismo triste destino corren las cajas previsionales de las provincias, víctimas de una “armonización” que también es para peor.
Se quedó con los bancos y el Fondo. En julio del año pasado, cuando hacía campaña electoral, Alberto Fernández afirmó: “Entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados”. Rimbombante frase con tal de ganar votos. Pero cuando asumió en la Rosada, el jefe político del gobierno “nacional y popular” ya empezó a mostrar la hilacha y ahora con esta nueva medida se le termina de caer la careta frente a millones jubilados, pensionados y el pueblo entero. Alberto volvió a elegir y se quedó con los bancos y el FMI, en contra de las necesidades básicas de uno de los sectores sociales más vulnerables.
La alternativa es otra. Desde nuestra agrupación Jubilados de Izquierda en ANCLA-MST llamamos a la lucha y la movilización para enfrentar este nuevo saqueo. Si quieren recaudar más, que dejen de pagar la deuda externa y les cobren altos impuestos a los ricos. Y si hace ingresar más aportes a la ANSES, que restituyan los aportes patronales, que aumenten los salarios y que regularicen a todo trabajador que se desempeñe de manera informal. Además, las cajas provinciales, la ANSES y el PAMI deben volver a manos de los jubilados y los trabajadores. Así sí se podría recuperar el 82% móvil real y garantizar un haber mínimo de 50.000 pesos, acorde el costo de la canasta básica.