Mientras ayer reflejábamos los aumentos que se producirán en diferentes rubros durante el mes que está transcurriendo, otro tarifazo se hizo público. Así se confirma un aumento para todas las modalidades del transporte federal y del AMBA.
El ministro de Transporte, Alexis Guerra, confirmó que las tarifas de trenes y colectivos volverán a aumentar durante el mes de diciembre. Como lo indicó el responsable de la cartera aludida, están “(…) analizando cuál va a ser ese porcentaje de aumento, pero aproximadamente podemos hacer un promedio de 40 por ciento”.
Los salarios, otra vez, dan con una nueva mala. El aumento del boleto mínimo de colectivo pasaría de $ 25,2 a $ 35,28. Con este aumento, los aumentos en los pasajes del colectivo llegarían, por el momento, a empardar la meta inflacionaria presentada por Sergio Massa para este 2022: 95,5%. En lo que respecta a los trenes, como también lo mencionó Guerra, la suba “no va a ser exactamente igual para todas las líneas de ferrocarril ni para todas las modalidades”.
Hay que recordar que a estos aumentos se suma una discusión que tensa permanentemente la relación entre el gobierno nacional y los provinciales. Las partidas para Transporte, como se sabe, se verán afectadas en el Presupuesto 2023, si es que se aprueba el proyecto presentado por el responsable de Hacienda. Como es sabido, en caso de recortar los subsidios que reciben las empresas que nos estafan a diario con servicios deplorables, es casi obvio esperar una nueva ola de tarifazos.
Las medidas anunciadas por el gobierno, siempre de carácter pro patronal y que responden a los lineamientos del FMI, no hacen más que echar leña al fuego de una situación social en conflicto ascendente. Los ingresos no se recuperan y la escalada inflacionaria no para, con estas políticas se le da un envión más a la carestía de vida.
Desde el MST en el FIT-Unidad, como hemos propuesto anteriormente, creemos que en vez de aumentar los precios de los boletos del servicio del transporte, para contentar las patronales, hay que avanzar en una estatización con control de los trabajadores y usuarios. Solo de esta forma, además de garantizar el transporte como un derecho, también se podrían mejorar las condiciones en la que viajan a diario millones de trabajadores hacinados en los escasos colectivos y vagones de trenes.