En una muestra más de su odio por lo público, el gobierno de Javier Milei ha decidido abrir las puertas a la importación de medicamentos en Argentina. La medida, anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha generado controversia y debate en el ámbito político y social.
Se basa en un primer pedido de Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, que solicitó la importación de medicamentos provenientes de la India por ser “muy baratos”. La medida del gobierno de Milei, además le permite a las provincias importar, evitando el control de la ANMAT, que es el organismo que regula nacionalmente la calidad y seguridad de la producción farmacológica.
Con el verso de la eventual “reducción de costos” y la “diversidad de opciones”, lo que genera la medida es una mayor dependencia externa. Al abrir las importaciones nos volvemos más dependientes de las decisiones y fluctuaciones de otros países imperialistas y de la industria farmacéutica multinacional. ¿Qué sucede si los proveedores extranjeros suben los precios o deciden restringir la exportación?
Además la industria nacional corre riesgo, porque la medida podría generar crisis en los laboratorios locales que van a pagar los trabajadores por la consecuente pérdida de puestos laborales. Ni que hablar de los empresarios locales, que intentarán presionar los salarios a la baja, justificándose en la competencia con los laboratorios multinacionales.
Es importante destacar que no está garantizada la baja de precios de los medicamentos con esta medida, sino todo lo contrario: una mayor ganancia de los corporaciones farmacéuticas que importarán sin controles en Argentina. Estamos ante un negociado que deja por fuera al Estado y el control de la producción de los medicamentos, que resulta clave para el sistema de salud del país.
Para abaratar realmente el costo de los medicamentos es clave declararlos de utilidad pública fijando su precio en base al costo real de producción. En el camino de avanzar hacia la estatización bajo control de trabajadores de toda la industria farmacéutica y garantizar medicación gratuita para toda la población.
El pueblo ya soportó en estos últimos 5 años aumentos del 4000 % en el rubro. Quedó demostrado con la pandemia del COVID-19 que resulta clave fortalecer el sistema de salud y lograr autonomía y producción pública de medicamentos, para no quedar a merced del capital farmacéutico, que solo tiene como norte la ganancia capitalista.
Mariano Veiga