A través del Boletín Oficial se conoció días atrás que la Inspección General de Justicia (IGJ) derogó su Resolución 34/2020 que disponía que las asociaciones civiles, asociaciones simples de registro voluntario, fundaciones con consejo de administración, sociedades anónimas y sociedades del Estado tuvieran en sus órganos de administración y fiscalización paridad de género o al menos un cupo femenino del 30%. La medida la promovió el diputado liberal porteño Yamil Santoro, de Republicanos Unidos y presidente de la Fundación Apolo. Con viejos argumentos supuestamente meritocráticos, este joven dinosaurio festejó la derogación: “Encauza por el camino de la libertad al derecho de asociación, permitiendo que sea la idoneidad, y no otra cosa, el criterio de acceso a cargos directivos en organismos privados”.
Esta nueva medida forma parte de todo un ataque retrógrado que el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich viene llevando adelante contra los derechos de género de las mujeres y personas LGBT+. Así, cerraron el Ministerio de Mujeres, el INADI, el área estatal de lucha contra la trata de personas, varios programas de ayuda social a la diversidad sexo-genérica, limitaron la aplicación de la Ley Micaela, prohibieron el uso del lenguaje inclusivo y el femenino en la administración pública nacional, pretenden cerrar los proyectos de investigación sobre género en el CONICET y hasta amagaron con derogar la ley del derecho al aborto.
El gobierno hace todo esto no sólo como parte de su brutal ajuste económico, sino también por convicción antiderechos y como campaña política permanente para afianzar a su base electoral más conservadora. A la vez, esta ofensiva antiderechos y machista genera bronca y respuesta popular, como lo vimos en las grandes movilizaciones del 8 de Marzo pasado.
Cupos, género y clase
Cuando un sector de la sociedad es claramente relegado en su acceso a derechos, es correcto aplicar desde el Estado políticas públicas de discriminación positiva para tratar de compensar esa desigualdad estructural. Por eso existen, por ejemplo, las leyes de cupo laboral para personas con capacidades diferentes o para personas trans. Si ya es difícil conseguir laburo para cualquier persona, mucho más lo es para un discapacitado y mucho más difícil aún en tiempos de crisis profundas como la actual.
Algo similar sucede con la desigualdad de género, que es un hecho irrebatible por más que Milei y sus socios se empeñen en negarla. Las mujeres y personas de la diversidad sexual acceden menos al mercado laboral; sufren mayores niveles de desempleo, subempleo y precarización; tienen un ingreso promedio 27% menor al de los varones y sufren mayores niveles de violencia. Además, en este sistema capitalista y patriarcal son quienes ejercen más tiempo las tareas de cuidado o trabajo doméstico, que es gratuito: tres horas y media por día versus media hora promedio de los varones. Si la mujer trabaja afuera y también en el hogar, sufre doble opresión. ¿De qué “igualdad de oportunidades” hablan?
Desde ya, de la misma manera en que la paridad de género en las listas electorales por sí misma no garantiza que el Congreso tome medidas a favor del pueblo, los cupos de discriminación positiva no aseguran por sí solos que tal o cual asociación o institución sea progresiva. Basta ver a la titular del FMI, a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, a Villarruel o a la ministra Bullrich para reafirmar que se puede ser mujer y absolutamente imperialista, pro-genocidas o represora. Pero es un hecho que cada vez que se recortan los derechos de género aumentan la desigualdad, la opresión y la violencia.
Como socialistas, sostenemos que bajo el capitalismo la opresión de género está indisoluble y profundamente asociada a la explotación de clase. Dicho de otro modo, más fácil: a todo patrón le conviene que haya machismo en la sociedad porque así la mujer atiende gratis a su pareja, el laburante de hoy, para que vaya cada día a trabajar y así generarle ganancias al capitalista, y también cuida gratis a sus hijes, que serán las y los laburantes de mañana.
Por eso entendemos la paridad, los cupos y otros derechos de género no como soluciones definitivas, sino como avances parciales que es necesario defender en el camino de la batalla política más estratégica contra este sistema capitalista y patriarcal, que explota, oprime y es el padre de todas las violencias. Como bien decía Lenin en 1919, “la democracia burguesa promete de palabra la libertad y la igualdad. Pero en la práctica ni una sola república burguesa, ni la más avanzada, ha otorgado a la mujer -la mitad del género humano- plena igualdad de derechos con los hombres, ante la ley, ni ha liberado a la mujer de la dependencia y opresión de los hombres”.
Milei y sus cómplices hablan de “libertad”, pero lo único que traen es más desigualdad de género y más desigualdad social. Esta reciente derogación de la IGJ es parte de esa ofensiva cavernícola que debemos enfrentar y derrotar.
Juntas y a la Izquierda