La Justicia porteña declaró “inadmisibles” los recursos presentados por la DAIA y la Fiscalía. Esta nueva resolución es la cuarta instancia favorable a nuestro compañero Alejandro Bodart. Rechaza la última apelación, ratifica su absolución y le propina una nueva derrota a los intentos del sionismo por criminalizar la defensa del pueblo palestino y la denuncia del genocidio.
Un nuevo y contundente fallo judicial acaba de propinarle una dura derrota al sionismo y sus intentos de censura. El pasado 27 de marzo de 2026 la Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió declarar totalmente inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Fiscalía y la querella de la DAIA. Ambas partes buscaban elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia local para revertir la absolución de nuestro compañero Alejandro Bodart.
Esta decisión ratifica una vez más un principio fundamental para nuestra militancia y los derechos humanos,dejando en claro que denunciar el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino no constituye ningún delito.
Para entender la magnitud de esta victoria resulta necesario repasar cómo el sionismo intentó criminalizar la libertad de expresión a lo largo de todos estos años. Todo comenzó con unos simples mensajes en redes sociales donde Bodart cuestionaba el accionar criminal del Estado de Israel. En un primer momento el juez de la causa desestimó la acusación, aunque la insistencia de la querella logró forzar el inicio de un juicio oral. Durante ese proceso se presentaron testigos calificados y la contundencia de las pruebas derivó en una primera e indiscutible absolución. Sin querer aceptar la realidad, el lobby sionista apeló y consiguió una condena temporal. Esa enorme injusticia fue rápidamente revertida en septiembre de 2025 cuando la Cámara de Casación anuló la pena y volvió a absolver a nuestro compañero. Ahora, ante el desesperado intento de la DAIA y la fiscalía por seguir escalando el conflicto judicial, la Justicia vuelve a cerrarles la puerta en la cara desestimando su apelación.
En esta última instancia los querellantes pretendieron argumentar que el fallo absolutorio previo carecía de lógica y resultaba arbitrario. Exigieron que se aplique de manera exclusiva la definición de antisemitismo elaborada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IRHA) y afirmaron que los mensajes de Bodart representaban un discurso de odio bajo los lineamientos del Plan de Acción de Rabat.
El tribunal desarmó por completo estas burdas maniobras al explicar que la querella no logró demostrar un verdadero caso constitucional. En definitiva, la respuesta de la Justicia desnudó la trampa de la DAIA y la Fiscalía. Los denunciantes no tenían ningún argumento constitucional real para presentar y su única molestia era que los jueces anteriores habían interpretado las publicaciones a favor de nuestro compañero Bodart reconociendo su derecho a opinar.
A través de esta apelación pretendían usar al máximo tribunal de la Ciudad como una especie de repechaje para forzar una condena por puro capricho ideológico, el cual, también es un intento de disciplinar a quien intente defender la causa palestina. Fue un intento desesperado que los magistrados frenaron al dejar en claro que esas altas esferas judiciales no están para complacer berrinches políticos producto de la frustración sionista. Además, rechazaron el planteo de gravedad institucional impulsado por la acusación al considerar que sus afirmaciones fueron genéricas y carentes de sustento para justificar la intervención del máximo tribunal local. Esto quiere decir, que la querella buscó inventar que los mensajes de nuestro compañero ponían en riesgo a toda la sociedad y amenazaban la convivencia pacífica. Intentaron agrandar el caso de manera totalmente artificial para generar alarma y obligar al Tribunal Superior a tomar el expediente.
Todas estas resoluciones judiciales concluyen exactamente lo mismo. Quedó plenamente demostrado que no existió ninguna acción discriminatoria. Todo este proceso persecutorio armado por la DAIA fue un claro intento de criminalizar una opinión política de repudio al genocidio y en defensa del pueblo palestino.
El enorme trabajo de los abogados defensores María del Carmen Verdú e Ismael Jalil resultó vital para destruir cada una de las mentiras presentadas por la fiscalía y la querella. Este enorme triunfo pertenece a ellos, a nuestro compañero Bodart, a la militancia del MST y la LIS y a la inmensa campaña de solidaridad nacional e internacional que se levantó para frenar este atropello institucional.
Esperamos que los defensores del genocidio dejen de insistir con sus apelaciones absurdas y reconozcan de una vez por todas esta absolución definitiva. Conociendo la naturaleza de estos actores y aprovechando la fuerza que nos da esta lucha, nos preparamos para cualquier intento de continuar la persecución. Porque ha quedado en claro que se trató de construir una causa testigo para cercenar la libre opinión y toda crítica al genocidio y vienen fracasando. Sin dudas tanto ensañamiento se debe a que va quedando a la luz la realidad del genocidio y que denunciarlo no es delito.
Hoy el mundo entero se levanta para repudiar la masacre en Medio Oriente. Este fallo representa un escudo indispensable para resguardar a otros activistas perseguidos por el sionismo a nivel mundial. La contundencia de esta victoria legal nos da mucha más fuerza para exigir la anulación inmediata de causas persecutorias similares, como la que enfrenta actualmente la compañera Vanina Biasi.
Apoyados en este importantísimo triunfo, mantenemos la guardia en alto y la continuidad de la campaña y acciones en defensa de Bodart . Jamás permitiremos que acallen nuestras voces y continuaremos denunciando el genocidio perpetrado por Israel hasta conquistar una Palestina verdaderamente libre desde el río hasta el mar.
