Por orden del presidente Javier Milei, el Ejecutivo puso en marcha una nueva estructura estatal destinada a “responder” publicaciones periodísticas y expresiones políticas críticas. Bajo la supervisión del vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni, la medida profundiza el giro autoritario del Gobierno libertario y su ofensiva contra la prensa y la protesta social.
Nuevos árbitros de la verdad
El gobierno de Javier Milei oficializó la creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un organismo que tendrá como función central desmentir informaciones periodísticas y declaraciones públicas que el Ejecutivo considere “fake news” u “operaciones”. Lejos de tratarse de una herramienta neutral contra la desinformación, la iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de hostigamiento sistemático a periodistas, medios críticos y organizaciones políticas y sociales.
La nueva oficina funcionará dentro del esquema de comunicación presidencial y estará supervisada por Manuel Adorni, vocero y jefe de Gabinete de facto en materia comunicacional. Su puesta en marcha fue anunciada a través de redes sociales oficiales, donde ya comenzó a operar con desmentidas selectivas dirigidas principalmente a medios y referentes opositores.
Desde el Gobierno aseguran que no se incorporará nuevo personal y que la estructura se apoyará en equipos ya existentes. Sin embargo, el dato político de fondo es otro: el Estado pasa a asumirse como árbitro de la “verdad”, en un contexto donde el propio presidente y sus funcionarios vienen calificando de manera sistemática a periodistas como “mentirosos”, “ensobrados” o “enemigos”.
La creación de esta oficina no es un hecho aislado. Se suma a una escalada discursiva y práctica que incluye ataques verbales del presidente contra la prensa, la judicialización de la protesta social, el avance de protocolos represivos y la persecución a trabajadores y organizaciones sindicales que enfrentan el ajuste. En ese marco, la “respuesta oficial” aparece más como un instrumento de intimidación política que como una política pública transparente.
La contradicción evidente de un gobierno que se presenta como enemigo del Estado y defensor del “mercado”, pero que no duda en crear nuevas oficinas cuando se trata de blindar su relato y atacar voces disidentes. La experiencia reciente muestra que bajo el rótulo de combatir la desinformación, se busca en realidad deslegitimar el periodismo crítico y condicionar la libertad de expresión.
En un país atravesado por el ajuste, la reforma laboral, el vaciamiento de la salud y la educación públicas y la subordinación al FMI, la creación de esta oficina confirma que el Gobierno no sólo libra una guerra contra los derechos sociales, sino también contra el derecho a informar, a opinar y a organizarse. La disputa por el sentido y la palabra pública se convierte así en otro frente del conflicto social que atraviesa a la Argentina.
