El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó este lunes, a través las resoluciones 744 y 745/2025 nuevos aumentos tarifarios para las empresas Edenor y Edesur que regirán desde hoy, 1° de noviembre, impactando sobre los usuarios residenciales, comerciales e industriales del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las subas alcanzan el 3,6% para Edenor y 3,53% para Edesur en el componente distribuidor.
Este ajuste se articula con el aumento del 3,8% en las tarifas de gas y las recientes subas en el transporte público (4,1%), conformando una triple embestida contra el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de ingresos congelados.
Te puede interesar: Nuevo golpe al bolsillo Suben las tarifas de gas y luz un 3,8% en noviembre
Paralelamente al tarifazo, el ENRE autorizó a través de la resolución 730/2025 el cambio del sistema de medición que pasará de bimestral a mensual para todos los usuarios de tarifa residencial. Las empresas argumentan que esto permitirá a los usuarios identificar mejor sus hábitos de consumo, pero en la práctica significa un mayor control corporativo sobre el flujo de caja sin contraprestación en mejoras del servicio.
El histórico deterioro de la infraestructura eléctrica se manifiesta en los constantes cortes durante las olas de calor, donde las empresas demuestran su incapacidad para garantizar el suministro básico mientras reciben aumentos trimestrales. Durante la transición, las distribuidoras deberán ofrecer planes de pago sin interés por los saldos remanentes, pero podrán iniciar el cobro mensual inmediato.
Este nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores evidencia la naturaleza del modelo energético que beneficia exclusivamente a las corporaciones del sector. Las empresas reciben aumentos por encima de la inflación mientras el servicio se deteriora día a día, los trabajadores enfrentan una canasta básica en ascenso constante y los salarios siguen perdiendo valor real.
Para terminar con esta lógica impuesta por las empresas privatizadoras de estos servicios, se necesitan medidas urgentes:
- La estatización, sin indemnización, de todo el circuito del servicio incluyendo todas las tercerizadas del sector, es fundamental.
- Para el caso de AMBA, hay que establecer una empresa única, con un esquema de gestión estatal basado en comités integrados por trabajadores, profesionales técnicos y usuarios para una administración socialmente controlada que evite corrupción y discrecionalidad, y a la vez asegure eficiencia y accesibilidad.
- La Reducción inmediata de tarifas y establecimiento de una verdadera tarifa social de acuerdo a los ingresos del usuario asegurando la universalidad del acceso en todos los casos.
- Destinar el 25 % de todos los ingresos de la empresa estatizada a investigar y preparar las condiciones para una transición energética de las fuentes generadoras hacia una matriz limpia, renovable y diversificada
Esta batería de medidas, impulsadas por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, evitarían que este derecho fundamental, no se convierte así en otro instrumento de transferencia de ingresos desde las mayorías trabajadoras hacia los bolsillos de las grandes empresas, en el marco de un ajuste estructural que responde a las exigencias del FMI y los intereses del gran capital.
