El Gobierno habilitó un nuevo incremento en los servicios públicos mientras la inflación se acelera y los salarios reales continúan en caída. Organismos técnicos advierten que los hogares ya destinan una porción récord de sus ingresos a pagar energía.
Cada vez más…
En plena recesión y con el poder adquisitivo en su punto más bajo de los últimos años, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) oficializó un aumento promedio del 3,8% en las tarifas residenciales de gas que comenzará a regir en noviembre. La medida se suma a un ajuste “similar” previsto para la electricidad, según confirmaron fuentes del sector energético.
El incremento forma parte de la revisión quinquenal de cuadros tarifarios, un mecanismo que —en teoría— busca garantizar inversiones y estabilidad en el sistema, pero que en la práctica traslada nuevamente el costo de la crisis a los usuarios. En este contexto, la actualización llega cuando la mayoría de los salarios no logra acompañar la inflación acumulada del año, y el consumo de los hogares continúa en retroceso.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el rubro “vivienda, agua, electricidad y combustibles” acumuló una suba del 53,2% interanual, muy por encima de la recuperación de los ingresos promedio. Para los sectores de menores recursos, el impacto será doble: suben los servicios básicos mientras se reducen los subsidios, lo que incrementa la desigualdad energética y el riesgo de morosidad.
Pese a que desde el Gobierno se minimiza el aumento, calificándolo de “moderado”, la medida se inscribe en un proceso de “sinceramiento tarifario” que ya comenzó a tensionar la economía doméstica. Organizaciones de consumidores advirtieron que una política de incrementos escalonados, sin una recomposición salarial real, profundiza la pérdida de poder de compra y el deterioro del nivel de vida.
Con el nuevo cuadro tarifario, los usuarios residenciales verán reflejado el ajuste en sus próximas facturas de gas y luz. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en la “normalización” del sector energético, aunque los hogares siguen cargando con el costo de un ajuste que parece no tener techo.
