Corren los días y se aproxima la jornada parlamentaria que abrirá la discusión para aprobar o no el nuevo acuerdo que el gobierno está cocinando con el FMI. Paralelamente a la corrida inflacionaria que no se detiene en el país, el debate de los debates se acerca a tener su refrenda por casi todo el régimen político, validando la estafa que Mauricio Macri dejó en el país.
Sin embargo, estos días lo tuvieron al ministro de Economía dando declaraciones contra las denuncias de quienes suponen hay documentos secretos entre los funcionarios del gobierno y los burócratas del Fondo. Guzmán, para rebatir estos argumentos declaró que: “la idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles”.
Cuesta creerle al ministro que alienta a contestar con “sarasa”, pero supongamos que lo que advirtió tiene algo de una verdad relativa. Tal vez sea cierto que en el Congreso se conozcan todos los pormenores del préstamo de Facilidades Extendidas con el que se piensa avanzar. De todas formas, esto no vuelve mejor al propio programa que se acordará ni da un carácter democrático al comportamiento del gobierno para tratar este tema económico y político, que inmiscuye a todos los trabajadores del país.
Cualquier transparencia en las negociaciones que se quiera vender, se topa con la turbiedad de las reuniones desarrolladas entre cuatro paredes, tanto en Washington como en cualquier oficina de Balcarce 50 o las oficinas del Palacio de Hacienda. Las negociaciones a espaldas del pueblo son una ofensiva contra la voluntad popular que, como las plazas del país lo vienen demostrando, no quiere más ajuste en sus salarios e ingresos.
De todos modos, Guzmán y el gobierno, antes de llevar el Memorando de Entendimiento a las diferentes cámaras del Congreso van adelantando su letra chica en boca de otros funcionarios. Las declaraciones del ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, quien afirmó que “no va a haber más altas de planes sociales”; como la propuesta de la Secretaría de Energía para aumentar entre el 17 y el 20 por ciento el servicio de luz (en AMBA) van entregando los puntos finos que exige el Fondo, organismo que ya tiene a su presidenta “progre” (según los dirigentes del FdT) exigiendo a los países como Argentina “endurecer su política monetaria y fiscal”. Declaraciones de Kristalina Georgieva que, como lo venimos denunciando desde la izquierda, no son más que un pedido de ajuste.
Con o sin secretos, es una estafa y no hay que pagarla
Hoy por la mañana, el jefe de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous deslizó en una entrevista a AM750 que “la deuda que tomó Macri es el hecho de corrupción más grande de la historia argentina”. Estas afirmaciones no hacen más que echar luz a un comportamiento igual de criminal por parte del gobierno de Alberto Fernández. El préstamo Stand By tomado por el macrismo que rompió toda regla estipulada en el estatuto del Fondo no pasó por el Congreso de nuestro país y todo el dinero fue fugado, no tiene razón para ser devuelto.
Haya o no haya documentos secretos, Guzmán está trabajando para cerrar una política económica que apronta a todos los trabajadores del país para un gran mazazo que motivará un quinto año de perdida salarial consecutiva. Lo único que se denota transparente por estos meses es la postura de un gobierno que reduce sus posibilidades políticas de resistencia a aceptar una estafa heredada de la derecha de Juntos por el Cambio, la cual somete al país por más de 10 años a un organismo digitado mayoritariamente por Estados Unidos.
Sin considerar que fuese un camino fácil y sin disputas contra los dueños del mundo, existe fuerza social y mecanismos institucionales, esos que tantos les gustan a los burócratas del gobierno, para dejar de pagar esta deuda fraudulenta. Lejos de voluntades revolucionarias, Alexandre Nahum Sack, jurista ruso que creó la doctrina de la “deuda odiosa”, sentenció que “la razón por la cual estas deudas odiosas no pueden ser consideradas como gravando el territorio del Estado, es que no responden a una de las condiciones que determinan la regularidad de las deudas de Estado, es esta: las deudas del Estado deben ser contratadas y los fondos que provienen de ellas utilizados para las necesidades y en el interés del Estado. Las deudas odiosas, contratadas y utilizadas para fines que, a sabiendas de los acreedores, son contrarios a los intereses de la nación, no comprometen a esta última (…)”.
Y para completar esta argumentación de carácter jurídico, también valdría refrescarle al gobierno, como sostiene la teoría de Sack, que no importa si esta deuda se tomó en un régimen de naturaleza dictatorial o democrática. No es un asunto que haga al carácter de la deuda.
Mientras se desarrolla el conteo de diputados y senadores para poder aprobar el acuerdo final que recrudecerá el carácter colonial de nuestro país y afectará los ingresos de las mayorías, desde las calles y en el debate político seguiremos impulsando otra salida. Aquella que levanta el default soberano y pone como prioridad la resolución de las necesidades sociales. Una postura transparente que se le conoce a la izquierda revolucionaria desde que el Fondo puso un pie en nuestro país.