En las últimas horas el gobierno se ha reunido con legisladores del PRO, programa hacerlo con los radicales y el bloque de Pichetto, para retomar la iniciativa luego del sacudón que recibió ayer al ser rechazado su DNU en el Senado. El nuevo proyecto de ley fue acompañado con la presentación en forma separada de un nuevo paquete fiscal.
En rigor el proyecto fue enviado a gobernadores y presidentes de bloque antes de la votación en el Senado, para presionar sobre los gobernadores con los que viene negociando el pacto del 25 de mayo. No tuvo el efecto deseado y no pudo frenar el rechazo del mega decreto. Ahora, luego de una fuerte pelea pública con la vice Villarruel, vuelve a la carga con la intención de frenar otro revés en Diputados –que anularía el DNU- y avanzar en las negociaciones para imponer esta nueva “Ley de Bases” y el paquete fiscal presentado.
En que consiste el nuevo Ómnibus
Primero habría que señalar que esta nueva ley es sustancialmente menor que la que fracasó en Diputados. Consta de 269 artículos, un tercio de su redacción original y recorre los temas sobre los que, en principio, tenía acuerdo con la oposición “dialoguista” de los radicales y el bloque de Pichetto, cuyos votos son imprescindibles para completar los de La Libertad Avanza y el PRO.
Siendo un vehículo menor que el anterior, no deja por ello, de ser un paquete que, de aprobarse significará un ajuste tremendo para la población trabajadora, la clase media y los jubilados. Avanzaría mucho en el plan de desregular la economía, privatizar las empresas públicas y favorecer las oportunidades de negocios para las grandes empresas, las multinacionales, los banqueros y el FMI. Por lo que debemos salir a enfrentarla y derrotarla como hicimos con la anterior y como se logró golpear seriamente al DNU en el Senado.
Entre sus puntos principales podemos encontrar una nueva delegación de facultades (superpoderes) para el presidente, esta vez por un año, un sustancial avance en la privatización de las empresas estatales y en la reforma (achique) del Estado y la propuesta de una nueva fórmula de actualización jubilatoria que haría perder, a los ya bajísimos haberes previsionales, entre 15 y 20 puntos con respecto a la inflación de estos meses.
Emergencia
“Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”, fija el borrador del proyecto enviado. Este fue el último acuerdo con los “dialoguistas”, luego de haber pretendido dos años con renovación a otros dos. Aunque las facultades delegadas son más acotadas –no incluyen seguridad, por ejemplo-, no hay que ser muy avispados para darse cuenta de lo que puede hacer este facho agente de las grandes empresas con un año de permiso para gobernar por decreto.
Reforma del Estado
Se habilita a eliminar reparticiones, fusionar estructuras, disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente. Dentro de esta normativa se faculta al “Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”.
Quedarían excluidos de la facultad de disolución total -según el texto presentado- las universidades nacionales, el CONICET y el INTA.
Si no contando con esta ley ya está vaciando el INCAA y la cultura, clausurando 600 CDRs del Ministerio de Desarrollo Social, clausurando TELAM, despidiendo 1.800 trabajadores de las represas de Santa Cruz, vaciando estructuras estatales, etc., no podemos imaginarnos lo que podrá hacer con este instrumento legal.
La salvedad con respecto a las Universidades, el CONICET o el INTA, producto de la negociación con los dialoguistas, no garantiza nada. A las primeras las está ahogando presupuestariamente, otro tanto al resto de los organismos y la no renovación de contratos de años (que son un fraude laboral) completa el super ajuste en curso.
Es llamativo que vuelva a la carga con los “fondos fiduciarios”. Este fue el punto de quiebre en su negociación con los gobernadores y dialoguistas. Su achique o liquidación – más allá de todos los negocios que llevan adentro- son una herramienta del Poder Ejecutivo para obligar a los gobernadores y legisladores provinciales a aprobar los proyectos de una bancada oficial en minoría y han sido en estas semanas un fuerte elemento de presión.
Privatización de las Empresas del Estado
Se establecen tres categorías de privatización y/o concesión a privados de empresas públicas.
En el primer rubro de privatización completa se encuadran Aerolíneas Argentinas, ENARSA y Radio y Televisión Argentina. En segundo lugar, bajo la fórmula mixta de privatización y/o concesión se enumera a AySA, Correo Argentino, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Sociedad Operatoria Ferroviaria y Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.
Mientras que YPF, Banco Nación (y todas sus empresas), Nucleoeléctrica Argentina y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, solo podrán ser privatizadas parcialmente, conservando el Estado Nacional la participación mayoritaria en el paquete accionario y las decisiones societarias.
En resumen, bajo distintas formas, privatizan todo. Eso de que el Bco. Nación o YPF, conservan el control estatal ya vimos como es: designan al frente de la petrolera estatal S.A. a un CEO de Tecpetrol, como botón de muestra.
Despidos masivos de empleados públicos
El art. 41 señala que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses”
Mientras este personal este en “disponibilidad” deberá cumplir trabajos tercerizados del Estado o capacitarse. Al cumplirse el año queda “desvinculado de la Administración Pública nacional”.
Rebaja brutal de los haberes jubilatorios
Se propone una nueva fórmula de actualización mensual de acuerdo al IPC. La trampa esta que será desde abril y como se actualizará con la inflación de dos meses atrás, el incremento será de 13,2% de febrero más un 10% por única vez para compensar desfasajes (en total un 24,52%). Pero, como no contempla la inflación de diciembre del 25%, ni la de enero del 20%, al final a los haberes perdidos en el medio se le suma una caída de una sola vez de más de entre 15 y 20 puntos.
Los futuros aumentos no dicen nada de que van a hacer con el valor del bono, con que se compensan las mínimas y es discrecional. Según la consultora de Nadin Argañaraz el aumento total, incluyendo el bono, para compensar solo lo perdido por la inflación de estos meses debería ser del 41,5%.
Lo de los jubilados es un verdadero escándalo. Primero Milei dijo que iba a regularizar su situación deteriorada por la formula anterior de Alberto y Cristina, y antes por la de Macri. Luego Caputo mostró un cuadro de reducción fiscal donde se sacaba el 0,4 % del PBI del presupuesto previsional –que es el presupuesto más grande del Estado y que necesitan achicar para cumplir con el Fondo-.
Hace pocos días el presidente liber facho reconoció que era mejor ajustar a los jubilados que a las niñeces (porque no son pobres los jubilados según Milei), y hace pocos días señaló, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que a los jubilados les aumentamos el 150% porque ahora cobran U$S 200.
Un régimen de exenciones para los grandes inversores capitalistas
Se establece en el art. 200 un “Régimen de Incentivo para grandes Inversiones” (RIGI), que da todo tipo de facilidades a aquellos grandes inversores nacionales o extranjeros por proyectos que excedan los U$S 200 millones.
Es algo cómico observar –cuando haciendo gala de un cinismo a toda prueba- la ley establece que “se prohíben las operaciones de concentración económica cuyo objeto o efecto se o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general”.
Para luego sancionar con respecto a la energía que: “los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente” y que “el Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir” una vez que dictamine la reglamentación.
O sea, que dice defender la “libre competencia”, mientras da luz a la concentración monopólica más brutal de las grandes empresas.
La reforma laboral por ley aparte
Los medios informan que ante la posibilidad cierta que el DNU termine cayéndose y además de que ya pesan sobre la parte laboral impugnaciones de la Cámara Laboral, Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, estaría presentando un proyecto de ley “espejo”. Un mecanismo que sería utilizado para otros temas contemplados en el DNU cuestionado.
El paquete fiscal va por aparte
En una maniobra parlamentaria para poder negociar mejor con los gobernadores y dialoguistas se envió por aparte un proyecto de ley que contempla el paquete fiscal, que fuera retirado por Caputo en su momento.
Entre las medidas propuestas esta la restitución de Ganancias al salario, un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el régimen de Regularización de Activos, la modificación del Impuesto sobre Bienes Personales, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.[i]
Entre las medidas propuestas por este paquete figura la reinstalación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, esto es para los salarios que superan determinado monto. Según la información periodística se bajaría abruptamente el mínimo no imponible y quedaría en $ 1.141.066 de sueldo neto mensual para solteros sin hijos y en $ 1.509.465 de bolsillo para casados con conyugue y dos hijos.
Se baja el límite que correspondía a 15 salarios mínimos, o sea $ 2.340.000 brutos. Un millón y medio de trabajadores volverán a tributar alícuotas de entre un 5% y un 35%. Además, se eliminan prácticamente todas las exenciones que permitían deducir a la hora de calcular el impuesto: bono por productividad, exenciones del personal militar, aguinaldo, guardias del personal de salud, otras exenciones fijadas por ley –salvo para el personal petrolero en boca de pozo-, gastos de movilidad y viáticos, diferencial de horas extras gravadas. También se elimina el 22% de descuento de los trabajadores y jubilados patagónicos.
Cabe recordar que como este impuesto es coparticipable, una parte del mismo iba a engrosar los presupuestos provinciales. Ahora muchos de los que apoyaron su eliminación –que Milei también votó a favor- reclaman su compensación o restitución. Las provincias patagónicas que tienen a muchos trabajadores que serán alcanzados, dado el nivel de salarios y costo de vida de la región, no quieren su reimplantación, otros son más favorables. Pedían que una parte del impuesto PAIS fuera coparticipable, ya que este tributo ha aumentado en forma geométrica la recaudación, pero el presidente se negó de plano (pese a media promesa del ministro del Interior).
Otras medidas contempladas en el paquete fiscal son el aumento de los montos del monotributo, cuyas escalas suben fuertemente. Se establece un régimen de blanqueo de capitales y se baja la alícuota del impuesto de bienes personales del 1,5 al 0,5%.
O sea, que mientras se aumenta brutalmente la carga impositiva sobre los que trabajan, a los ricachones y empresarios les permiten traer sin costo la plata fugada al exterior o colocada en negro en cajas de seguridad y además se les baja un impuesto que tiene que ver con el nivel de riqueza como es Bienes Personales.
[i] Datos de “Nueva ley ómnibus y paquete fiscal, quienes trabajaron los detalles”, Perfil 14/03/2024