El 18 de noviembre se conoció la denuncia de que la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en Ciudad Evita, asesinó a Treinti, una fotógrafa y activista trans, que fue atropellada por un patrullero sin luces. Luego la subieron al vehículo, la abandonaron en un centro de salud y se dieron rápidamente a la fuga.
Cinco días después, el 24 de noviembre en Villa Parque Síquiman (Córdoba), Samu Tobares salía de su trabajo en un hotel de Carlos Paz cuando fue abordado por dos policías mientras esperaba un colectivo para volver a su casa. Sobre la Ruta 38, en un “control rutinario”, lo tiraron al piso al grito de “puto de mierda” y lo patearon hasta matarlo.
Este modus operandi de la “maldita policía” no es aislado, coincide con el transfemicidio de Sofi Fernández, mujer trans del conurbano bonaerense, quien fue detenida de manera ilegal en uno de los famosos “controles” de la policía asesina y luego asesinada en la Comisaría 5ª de Derqui, en Pilar. Intentaron hacer pasar su muerte como suicidio.
Desde el inicio de la causa se vio la triple complicidad policía–poder político–justicia: borrado de pruebas, liberación de los policías implicados pese a una autopsia contundente, traslado de los responsables a otras comisarías, entre muchas otras irregularidades. La causa de Sofi demostró que detrás de la violencia institucional policial existe una red oscurantista de funcionarios públicos y narcoabogados libertarios que se ponen al frente de la defensa de policías asesinos, como Onetto, quien ya defendía a uno de ellos y ahora, tras el revés que logramos con la lucha para volver a llevar a juicio a los 10 implicados, tomó también la defensa de otros efectivos.
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Discursos de odio y su materialización
Estos crímenes de odio, perpetrados por el aparato represivo del Estado, son moneda corriente bajo todos los gobiernos. Pero no se puede negar que existe una tendencia en aumento de transfemicidios, travesticidios y lesbicidios, producto del envalentonamiento y la impunidad que gozan con el gobierno actual de Milei y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con la doctrina Chocobar primero ya daban aún más poder de impunidad a la institución policial, pero a eso se agrega la institucionalización de los discursos de odio y ahora la reforma del Código Penal, con lo que buscan garantizar que la “yuta asesina” continúe actuando con esta violencia, bajo una arquitectura legal y política que les permita salirse con la suya.
No solo la policía es responsable, sino también el Estado y el Gobierno. Este envalentonamiento del aparato represivo y de los “fachos” no nace de un repollo: es arengado directamente por el gobierno de Milei, que en su llamada “batalla cultural” promueve discursos de odio replicados por los medios de comunicación hegemónicos, con un claro eje en demonizarnos. Así ocurrió en Davos, a principios de año, donde atacó abiertamente al colectivo LGBTIQ+, lo que desencadenó una respuesta masiva en las calles de todo el país.
El peligro de estos discursos de odio es que se materializan no sólo en el accionar del aparato represivo sino también en el accionar de los “fachos sueltos”, que pasan directamente a la violencia física porque se sienten amparados por el gobierno y sus instituciones. Ejemplo de esto es la brutalidad con la que se cometió el triple lesbicidio de Barracas.
No es un policía, es toda una institución
Sofi Fernández, Treinti, Samu y Melody son algunos nombres dentro de una larga lista de víctimas de la policía. Durante este año, las fuerzas represivas ya mataron a 600 personas bajo la modalidad de gatillo fácil.
¿El motivo? Ser trans, ser marica, ser villere, ser laburante; simplemente no gustarles nuestras caras, nuestros cuerpos, nuestra clase o nuestra identidad. Y no solo ejecutan, sino que limpian, mienten, y encubren institucionalmente para garantizar impunidad.
Por eso, es impostergable abrir el debate en toda la sociedad: NINGUNA FUERZA DEL APARATO REPRESIVO ESTÁ AL SERVICIO DE CUIDARNOS. Por el contrario, su única función es mantener los privilegios de unos pocos mientras asesinan y reprimen a nuestro pueblo.
Hoy más que nunca es necesario construir la mayor unidad de acción para frenar a la “yuta” y enfrentar los ataques de este gobierno. Así como lo hicimos el 1F, cuando millones salimos a las calles a marcarle la cancha a Milei y a dejar claro que no vamos a tolerar más ataques hacia nuestro colectivo ni hacia el conjunto de lxs trabajadorxs, mujeres, jóvenes y jubiladxs.
Ante el aumento de crímenes de odio en manos de la policía, tenemos que organizarnos en todos lados: en nuestros lugares de trabajo, universidades y barrios. Es urgente llamar a asambleas antifascistas para pelear por justicia para cada unx de nuestrxs compañerxs asesinadxs, unificar todas las luchas en curso contra Milei y sus “fachos”, y dar una respuesta contundente frente a la violencia policial.
No me cuida la policía, me cuidan mis compañerxs
Desde Libre Diversidad y el MST militamos por la depuración y el completo desmantelamiento y disolución de la institución policial y las fuerzas represivas. Y, dado que actúan siempre en complicidad con el poder judicial, proponemos también la elección de jueces y fiscales por voto popular, y la revocabilidad de sus mandatos si no cumplen con sus funciones. Por ello, es fundamental discutir y avanzar en la creación de fuerzas preventivas con un sentido de cuidado comunitario y no represivo, que puedan suplantar a la policía actual con comités de autodefensa de trabajadorxs, mujeres, disidencias y todos los sectores populares. Para dar esta pelea a fondo, sumate a militar con nosotres.
Agustín Romero
